El pleno del Tribunal Constitucional empezará este lunes uno de sus debates más relevantes de las últimas dos décadas: el recurso del PP contra la amnistía. Con una ponencia que avala los aspectos esenciales de la ley de perdón del procés y con una división profunda entre el sector mayoritario progresista y el minoritario conservador que no anticipa un acuerdo pacífico en esta primera semana de deliberaciones. Una ponencia que, en caso de salir adelante, no soluciona algunas de las grandes polémicas de la ley, como por ejemplo el posible regreso de Carles Puigdemont o la habilitación para que Oriol Junqueras pueda volver a ocupar un cargo público antes de 2031.

La amnistía entró en vigor hace poco más de un año tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Desde entonces más de 300 personas han visto cómo sus causas judiciales relacionadas con el procés independentista catalán quedaban archivadas o sus condenas perdonadas. Más de 170 personas implicadas en disturbios, casi 30 son cargos públicos y políticos relacionados con el referéndum de 2017 y más de 120 son, finalmente, policías acusados de agredir a votantes del 1-O y manifestantes de las diversas protestas contra la sentencia del procés.

La ley fue rápidamente impugnada por varios tribunales, entre ellos el Tribunal Supremo, así como por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha y, finalmente, el Partido Popular. Este último recurso, el más completo y que abarca la totalidad de la ley, ha sido el primero en llegar a pleno y la sentencia que salga de este debate marcará el camino del resto de impugnaciones pendientes.

El pleno que examinará la norma de más relevancia política de los últimos años –condición del independentismo catalán para apoyar la última investidura de Pedro Sánchez– no estará completo. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, decidió abstenerse de participar porque su firma está en los indultos a los líderes del procés. José María Macías, por su parte, fue apartado porque en su etapa en el Consejo General del Poder Judicial tuvo un papel especialmente activo en la oposición a la amnistía cuando era vocal de este organismo.

Esto deja seis magistrados progresistas y cuatro conservadores para analizar la ponencia de Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del organismo integrada en el primer bloque. Una propuesta que, en caso de salir adelante, hará pequeñas correcciones a la ley sin apenas efectos prácticos y que dará luz verde a la amnistía de más de 300 personas aunque no resolverá la situación de Carles Puigdemont, principal reclamación de Junts desde su entrada en vigor.

Las tres pegas a la ley

La mayor objeción que pone el borrador es al límite temporal de la ley. La amnistía abarca todos los delitos relacionados con el procés desde noviembre de 2011 –cuando empezaron los trabajos preparatorios para la consulta del 9 de noviembre de 2014– hasta noviembre de 2023, cuando el PSOE presentó la proposición de ley. Pero deja un resquicio para que también sean amnistiados los delitos que aunque empezaran antes de la fecha límite se consumaran después y eso, dice la ponencia, puede ser un aval legal para “seguir desarrollando en lo sucesivo, sin sufrir sanción alguna, un comportamiento criminal ya iniciado”.

El segundo reparo tiene que ver con un aspecto que, según la ponencia de Montalbán, produce “una consecuencia manifiestamente discriminatoria” dentro de la amnistía: que se incluya a los policías imputados por delitos cometidos en su oposición al procés, pero no a particulares u otros empleados públicos que hubieran podido incurrir en lo mismo. “Por ejemplo, al director de un colegio que pudo realizar un acto ilícito excediéndose con ocasión de su negativa al uso del centro docente que dirige en una consulta secesionista”, cita la ponencia.

Por el momento no ha trascendido que ninguna causa judicial con estas características se haya visto afectada por la amnistía. La ponencia también explica, ya por último, que en los procedimientos contables seguidos ante el Tribunal de Cuentas por el dinero público catalán invertido en el procés la norma debe interpretarse de tal manera que todas las partes implicadas puedan hacer alegaciones.

El debate llega en medio de la ofensiva de PP y Vox para deslegitimar al Tribunal Constitucional, una estrategia que arrancó con la implantación de una mayoría progresista tras su última renovación parcial y que ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a afirmar recientemente que la composición actual del tribunal es “uno de los problemas que tiene el país”. Una deslegitimación que preocupa y mucho al presidente Cándido Conde-Pumpido, tal y como expresó en un desayuno en el Ateneo de Madrid, y que choca con otras sentencias, como la que la semana pasada desestimó un recurso del Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del Senado para tramitar la proposición de ley del PP sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Fuentes del organismo destacan que desde que cambió la presidencia del tribunal, al contrario de lo que intenta dar a entender la derecha, 116 de un total de 136 sentencias han sido dictadas por unanimidad y a lo largo de este año 2025 solo dos resoluciones, relacionadas con las leyes de vivienda estatal y catalana, se han resuelto por la proporción de siete votos progresistas frente a cinco conservadores.

La amnistía tiene “una justificación objetiva y razonable”

El resto de la ponencia, un documento de casi 200 páginas que ha podido examinar elDiario.es, rechaza el grueso del recurso del Partido Popular y avala los aspectos principales de la ley. Su encaje con la Constitución, su convivencia con derechos como la igualdad o la separación de poderes y también la proporcionalidad y justificación de sus medidas. “En la ley de amnistía también quedan amnistiados quienes realizan actos delictivos con finalidades no independentistas”, recuerda la ponencia apuntando a las decenas de policías nacionales encausados por su actuación en el referéndum y las manifestaciones.

Esto, para la ponencia que debate el pleno del Constitucional a partir de este lunes, levanta las sospechas de desigualdad que el PP planteaba en su recurso. También entienden que la norma plantea una justificación objetiva y que no se pone en marcha, por tanto, de una manera arbitraria: “La amnistía no persigue el cuestionamiento de la legitimidad de los procesos judiciales ni supone una suerte de juicio alternativo”, justifica el documento. “La finalidad del legislador de favorecer la reconciliación y conseguir, con ello, que el conflicto político subyacente se encauce a través del diálogo no pueda reputarse ilegítima”, zanja.

La ponencia rechaza entrar en muchas alegaciones de carácter político que el PP plantea en su recurso, como por ejemplo que la ley se puso en marcha para que el independentismo catalán diera a Pedro Sánchez los votos clave que necesitaba para su investidura de 2023. “Los motivos o intenciones de quienes promovieron la aprobación de esta ley orgánica es una cuestión ajena a lo jurídico”.

El Constitucional ha habilitado el calendario de toda la semana para estas deliberaciones con muy pocas esperanzas en que el pleno alcance la unanimidad en torno a este borrador. Varios magistrados han reiterado una crítica que fuentes del sector conservador ya expresaban en otros asuntos: la celeridad del tribunal a la hora de llevar este recurso a pleno, diez meses después de que el PP acudiera a su registro de la calle Domenico Scarlatti de Madrid.

La sentencia que salga de este debate del Constitucional no será el último que tengan los tribunales en torno a la amnistía y su aplicación. Casos puntuales como el de Carles Puigdemont, al que los jueces del Supremo han decidido no perdonar el delito de malversación que se le atribuye, seguirán pendientes de que su propio recurso, que todavía ni siquiera ha sido interpuesto, llegue al tribunal de garantías. Todo mientras tribunales como la Audiencia Nacional ya han llevado esta norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No está previsto que las votaciones se produzcan en los primeros días de deliberaciones. Un primer debate sobre la petición de algunos magistrados de elevar una cuestión prejudicial propia a Europa condicionará un segundo día de debate con los motivos del recurso y otro posterior sobre si la ley se amolda o no a la Constitución. El tribunal ha habilitado toda la semana para las deliberaciones, algo poco habitual para su debate más relevante desde la sentencia del Estatut catalán hace ya 15 años.