En un foro celebrado esta semana por el diario Sur de Málaga con el patrocinio de Unicaja, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hizo una reflexión a raíz del escándalo Koldo-Ábalos-Cerdán que muestra con descarnada nitidez lo que entiende la patronal por corrupción (y ayuda a entender, sin que esa fuese la intención del interviniente, por qué el fenómeno de la corrupción está tan incrustado en España). Garamendi se refería a la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de endurecer los castigos contra las empresas que ofrezcan mordidas y, muy en concreto, a su frase de que “no hay corrupción sin corruptores”. “No lo admito”, respondió el líder de la CEOE, “porque el que corrompe es el que tiene el poder. No es ‘tengo dinero y te corrompo’, sino que es ‘si no me das dinero, no te doy un pedazo’, porque si hay un concurso ahí fuera, es el que tiene el poder el que realmente tiene la capacidad de corromper”. Y para despejar dudas sobre la integridad de su gremio, proclamó que “el sistema empresarial no es corrupto”.

Está claro que Garamendi no ha leído, y si lo ha hecho le importa una higa, el capítulo V del Código Penal, que tipifica el delito de cohecho. En él se establecen sanciones a las autoridades o funcionarios públicos que acepten, en provecho propio o de terceros, dádivas, favores o retribuciones. Pero también se sanciona al “particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo (…)”. Y le impone “las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida”. Lo que el Código Penal viene a decir es que para bailar un tango se necesitan dos, no uno solo como pretende Garamendi. Y el texto se refiere al funcionario venal como la parte “corrompida”, en evidente alusión a la existencia de un corruptor.

Solo desde el cinismo se puede sugerir que el poder real en este país lo tienen los políticos y que ellos son los pervertidores de los supuestamente angelicales empresarios. El “sistema empresarial” sí es corrupto, Sr. Garamendi. Lo cual no significa que cada una de las empresas que lo integran lo sea. Algo parecido se podría decir del “sistema político”, sin que ello signifique poner en entredicho la honestidad de cada persona dedicada a la política. El entramado de favores, amaños y mordidas que floreció durante la dictadura se ha mantenido en la democracia sin que se hayan tomado medidas contundentes para desmontarlo. Incluso cabe afirmar que se ha exacerbado, por la sencilla razón de que hoy el pastel de las contrataciones es mucho más cuantioso que en los tiempos del franquismo.

Cada tanto nos desayunamos con la noticia de una multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a algún cartel empresarial por amañar contratos o cualquiera otra marrullería, y ahí siguen las empresas sancionadas como si nada, ganando contratos de cifras astronómicas frente a los cuales las multas son irrisorias migajas de caja menor. ¿Quién se acuerda de la “multa más alta de la historia” que la CNMC impuso en 2022 a las siete grandes constructoras –Acciona, Dragados, FCC, Ferrrovial, OHLA y Sacyr– por haberse concertado durante 25 años (¡un cuarto de siglo!) para falsear la competencia en los procesos de licitación? ¿Qué medidas tomó el Gobierno contra esas compañías? ¿Emprendió la justicia, así fuera de oficio, alguna acción penal?

La primera de la lista, Acciona, está hoy en el centro del escándalo de corrupción como beneficiaria de contratos a cambio de mordidas. Según la Cadena Ser, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil decidió no registrar a Acciona en el ‘caso Koldo’ y se limitó a solicitar documentación, que no le fue entregada en su totalidad. La Ser destacaba, como un hecho circunstancial, que el ex máximo jefe de la UCO coronel Manuel Sánchez Corbí, destituido en 2018 por el ministro Marlaska por “pérdida de confianza”, es desde 2021 responsable de seguridad internacional de Acciona. A propósito de la UCO, aún estamos a la espera de que el Gobierno de Ayuso aclare las circunstancias de la reciente contratación del ex alto oficial de esa unidad Juan Vicente Bonilla, que en unas conversaciones con un empresario implicado en la multimillonaria trama de los hidrocarburos se ofrece a ayudarlo a salir de prisión, le proporciona información confidencial de terceros y hablan de un enchufe laboral para la mujer del agente.

Ojalá que la justicia llegue al fondo del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, con todas sus ramificaciones, que prometen superar en número a las trenzas de la Medusa. Que vayan a prisión los que tengan que ir. Que rueden más cabezas en el PSOE, porque nadie se traga el cuento que esto va solo de tres versos sueltos. Si se establece que hubo financiación legal del partido, que el PSOE sea condenado como persona jurídica, como lo ha sido el PP por la trama Gürtel. Que Sánchez caiga si tiene que caer. Pero, por favor, Sr. Garamendi, no pretenda escabullirse por la tangente, que esto va también, y mucho, de empresarios. Sobre todo de grandes empresarios adscritos a la patronal que usted preside. De este lodazal pestilente en que se ha convertido España no se podrá salir sin unas nuevas y estrictas reglas del juego que metan en cintura no solo al mundo político, sino al empresarial. La corrupción es también, y sobre todo, cosa suya. Y si no es capaz de ver esto desde una perspectiva ética, Sr. Garamendi, le recomiendo al menos que lo haga desde la perspectiva jurídica el Código Penal.