El naviero Vicente Boluda se sentará finalmente en el banquillo acusado de denuncia falsa. El abogado del Estado José Antonio Morillo Velarde, responsable jurídico en Puertos del Estado, se querelló contra él después de conseguir que la justicia archivara otra querella que le había puesto Boluda. Es un camino que es difícil que prospere, pero el pasado 16 de junio la jueza le abrió juicio oral y le impuso una fianza de 25.000 euros. La cantidad es irrelevante para la fortuna 35 del país según la lista Forbes y supone un coste mucho menor que la foto en el banquillo de los acusados.

En 2020, Boluda jugó fuerte. Una de sus empresas se querelló contra la antigua cúpula de Puertos. Argumentaba que Puertos, dependiente de Transportes, perjudicaba a una empresa suya de remolcadores en Las Palmas. Les acusaba de prevaricación, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Entre los acusados estaba José Antonio Morillo Velarde, un abogado del Estado, y el expresidente de Puertos José Llorca. El caso fue archivado en Las Palmas menos de un año después de haber sido presentado.

Entonces, Morillo Velarde emprendió su revancha contra Boluda. Primero fue contra su abogado, José Antonio Choclán, el penalista de las estrellas, al que llevó, sin éxito, ante el Colegio de Abogados de Madrid por mala fe. Después se querelló contra el naviero por denuncia falsa: “De la valoración conjunta de la querella que interpone el señor Boluda se desprende la manifiesta falsedad de los hechos imputados y su temerario desprecio hacia la verdad, lo que pone de manifiesto, además, el ánimo espurio que guio la conducta del querellado”.

La Fiscalía no apreció delito, porque si la primera querella había sido admitida a trámite es muy difícil probar que no había nada para sustentar que, en opinión de Boluda o sus abogados, había alguna base para defender su postura. Pero la jueza en la que recayó el caso sí mandó al naviero al banquillo. Consideraba que había indicios suficientes para, al menos, valorarlos en juicio.

La defensa de Boluda, que el viernes no quiso comentar la noticia, recurrió a la Audiencia de Las Palmas. Alegaba que la querella de Morillo tenía otro fin que no era hacer justicia: “Lo que sí ha existido y existe, dicho sea con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, es un inadmisible intento de extorsión económica por parte del señor Morillo-Velarde con la interposición de su querella, buscando venganza y dinero”.

Boluda alegaba también que él no estaba relacionado con la querella inicial contra la cúpula de Puertos, sino que lo hizo una de sus empresas. La Audiencia de Las Palmas no compró ese argumento. “Ni es lógico, ni es razonable, por muy grande que sea la empresa que administre, que el investigado se dedique a otorgar poderes para interponer querellas, además como la que nos ocupa, de las que no tiene el más mínimo conocimiento, como tampoco parece razonable, a expensas de lo que se pueda explicar, que un letrado o equipo jurídico, interponga una querella en los términos de la que da origen a esta causa sin la más mínima información a un poderdante”.

Por todo, el pasado 16 de junio la jueza del caso dictó auto de apertura de juicio oral contra Boluda y le impuso una fianza “de 25.000 euros para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas”. Esa es la cantidad que reclama Morillo “como consecuencia de los daños morales sufridos”.

Un reglamento europeo establece que “el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, podrá exigir que los prestadores de servicios portuarios, incluidos los subcontratistas, cumplan unos requisitos mínimos para realizar el servicio portuario correspondiente”. No hay precedentes en el sector portuario de alguien que pierda ese requisito de honorabilidad por una condena para contratar con la Administración. Pero en este caso, en el que nadie frena, ya hay quien ha buscado ese reglamento.