Nuevo varapalo judicial para Airbnb. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición de medidas cautelares de la plataforma y confirma la orden de retirar 5.800 anuncios ilegales de pisos turísticos en el marco de las acciones del Ministerio de Consumo. “Airbnb presentó un recurso de reposición y han vuelto a perder”, ha avanzado este jueves el ministro Pablo Bustinduy, que ha celebrado que el auto “avala por segunda vez las actuaciones” de su departamento, que ha enviado a la compañía tres resoluciones para la eliminación de más de 65.000 anuncios que no cumplen con la legislación vigente.

Hasta el momento, la Justicia había avalado la eliminación, de forma cautelar en el marco de una investigación de la Dirección General de Consumo, de una primera tanda de 5.800 anuncios “de manera inmediata”, ante lo que la plataforma presentó un recurso de reposición, que ha perdido. Estas páginas afectan a pisos que se encuentran en Andalucía, Madrid, Catalunya, Valencia, Balears y Euskadi. “Tras este segundo auto, todos esos anuncios deben ser retirados, tal y como requirió la Dirección General de Consumo”, explican desde este departamento.

“Las empresas en España deben cumplir con la legislación vigente y eso es especialmente importante en materia de vivienda, donde hay un puñado de fondos de inversión y de grandes plataformas que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias”, ha defendido el ministro, que se ha mostrado optimista ante el camino que abren estos pronunciamientos: “Es una buena noticia. Espero que vengan más en el futuro y que pongamos orden al mercado de la vivienda en España”.

En concreto, Consumo había detectado decenas de miles de anuncios que no cuentan con número de licencia o registro, obligatorio en varias normativas autonómicas, o que no corresponden con los expedidos por las autoridades o que son opacos sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y, por tanto, sobre los derechos de los consumidores.

Al margen de estas actuaciones, el Ministerio de Consumo está abordando las irregularidades de empresas vinculadas a la vivienda por varios frentes. Esta misma semana, anunció la apertura de un segundo expediente sancionador a una inmobiliaria por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos o por forzarles a contratar servicios no solicitados. La primera agencia con un expediente abierto ha sido Alquiler Seguro, que ha presentado alegaciones.

Además, la Dirección General de Consumo investiga a los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, tras detectar indicios de que ofrecen “información falta o que, aun siendo veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación”, como hacer ver que el propietario es un particular, en lugar de una empresa.