El Congreso ha dado este jueves el visto bueno definitivo a la ley para perseguir asociaciones que exalten el franquismo y ha rechazado las enmiendas que introdujo el PP en el Senado para cambiar por completo la norma y poner el foco en ETA. El texto, que ha sido apoyado por todos los grupos salvo el PP, Vox y UPN, incorpora una nueva causa de disolución de estas entidades: la realización de actividades que constituyan apología de la dictadura o sus dirigentes.

La Cámara Baja ha dado luz verde a la proposición de ley impulsada por el PSOE después de descartar los cambios propuestos por los populares, que modificaron de arriba a abajo la iniciativa haciendo uso de su mayoría en el Senado. Así, el texto acabó convetido en una reforma del Código Penal –a pesar de que en un inicio era una reforma de la ley de asociaciones– que no nombraba la dictadura franquista y se limitaba a perseguir asociaciones violentas que promuevan cualquier tipo de regimen totalitario o aquellas que enaltezcan el terrorismo de ETA.

Tanto el PSOE como los socios del Gobierno –Junts y PNV no han tomado la palabra– han afeado a los populares su intento y les han acusado de “tratar de confundir a la ciudadanía” y “utilizar” la Cámara Alta haciendo “un ejercicio de filibusterismo parlamentario”, en palabras del diputado socialista Raúl Díaz, que ha destacado que las víctimas del terrorismo de ETA “ya cuentan con su propio corpus legislativo que las ampara y protege”. Al mismo “amparo legal” se ha referido también Nahuel González, de Sumar, que ha asegurado que el PP “da piruetas argumentales para no condenar el franquismo” y ha dedicado buena parte de la intervención a criticar al PSOE por el escándalo de Cerdán y Ábalos.

Ninguno de los socios del Gobierno que ha intervenido en el debate ha evitado referirse a este asunto, pero la mayoría de intervenciones han sido empleadas por los portavoces para defender la reforma de la ley de asociaciones, cuya aprobación rebasa con creces el plazo de un año que daba la Ley de Memoria Democrática de 2022. La nueva norma está pensada solo para las asociaciones, mientras que la extinción de las fundaciones como la Francisco Franco siguen otra vía iniciada por el Ministerio de Cultura en junio del año pasado.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha apoyado la ley haciendo referencia a la “necesidad de la desfranquización del Estado” y ha puesto como ejemplo “el revisionismo histórico y la basura franquista” que se difunde “en las redes sociales que usan los jóvenes para informarse” o las palabras de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que afirmó que “a la larga” la dictadura “fue mejor” que la II República.

El parlamentario de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal se ha expresado en la misma línea al tiempo que ha sido contundente con el PSOE señalándole por “llegar tarde y mal” a la memoria histórica. “El PSOE de Felipe González hizo muchas cosas pero también dejó de hacer otras. […] Felipe González es responsable también de esa derecha que ha crecido y este es el bipartidismo podrido del que son ustedes victimas directas”, se ha dirigido a la bancada socialista. “Esta ley es un pasito más para que nuestro país salde cuentas con el pasado”, ha añadido Martina Velarde, de Podemos, que ha culpado al PP de “poner zancadillas” a su tramitación.

A la luz de la reforma, las asociaciones podrán ser disueltas si enaltecen el franquismo, el golpe de Estado de 1936 o la dicutadura posterior “cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas” o inciten “directa o indirectamente” al odio o violencia contra las mismas por su condición. Este nuevo motivo de disolución se aplicará “con independencia” de los fines y actividades que recogan las organizaciones en los estatutos y será un juez quien acuerde la medida.

“El orden jurisdiccional civil será competente”, estipula la reforma, que reserva al Ministerio Fiscal el “ejercicio de la acción” en este tipo de procesos. Además reconoce “legitimación activa” a las entidades memorialistas y de víctimas de la dictadura. La Fiscalía podrá también valorar si inicia acciones por posibles comisiones de delitos como el de asociación ilícita, entre las que se encuentran aquellas que incitan al odio o la violencia, según el Código Penal.

La norma ha salido adelante a pesar de los votos de PP y Vox, que la han criticado duramente. El popular Enrique Belda ha justificado los cambios del Senado con el objetivo de hacer una ley “de acuerdo a los informes de los letrados”, que la consideran inconstitucional. “Nosotros lo que estamos haciendo es decir que estamos al lado de todas las víctimas y lo hacemos de manera coherente”, ha afirmado el diputado antes de acusar al Gobierno de “sacar a pasear a Franco” para intentar “extender una cortina de humo que tape lo que está pasando”.

Vox, por su parte, ha defendido que la norma “violenta” varias libertades como la ideológica o la de asociación y pretende “adentrarse en la conciencia de los individuos” además de calificarla de “censura ideológica”, ha dicho José María Sánchez. Durante su turno, el diputado ha afirmado que la reorma es “propia de un sistema no autoritario sino totalitario” y lo ha comparado con “el fascismo italiano” que, a su juicio, “pretendía que la totalidad de la existencia se integrarara en un ente llamado Estado”. Y ha añadido: “Por eso no fue totalitario el franquismo, calificado como autoritario en la obra publicada por la Real Academia de la Historia”, ha asegurado refiriéndose a una versión que ya fue modificada.