La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha pedido que el fiscal general del Estado sea juzgado y condenado a cuatro años de prisión por la filtración de un correo electrónico en el que su abogado confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario atribuye un delito de revelación de secretos a Álvaro García Ortiz y pide una condena de tres años de cárcel para Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y también procesada en el caso por el juez Ángel Hurtado. Además de la condena de cárcel, el empresario pide ser indemnizado con 300.000 euros.

En su escrito de acusación de más de 70 folios, González Amador insiste en su relato según el cual el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid se pusieron en marcha para ganar el “relato” y, tras conseguir la documentación de su caso a través de una dación de cuentas, filtrar ese correo a la prensa. “Los hechos son de tal radicalidad, que todos tuvieron en sus manos el email de 2 de febrero de 2024 y su contenido literal antes que D. Alberto González Amador”, lamenta.

El magistrado del Tribunal Supremo finalizó la instrucción hace unos días con un auto de procesamiento en el que acusaba directamente a García Ortiz y a Rodríguez de filtrar ese correo a la prensa en la noche del 13 de marzo de 2024, añadiendo por primera vez en ocho meses de investigación que lo hicieron siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno. El siguiente paso es que las partes presenten sus escritos de cara al juicio y que el magistrado, si recibe el aval de la Sala, abra juicio oral.

Tanto la Fiscalía como los dos acusados han presentado recursos contra el auto de procesamiento, acusando a Hurtado de llevarles a juicio sin pruebas suficientes que demuestren que ellos estuvieron detrás de la filtración. También acusando al instructor de obviar las “falsedades” en el relato de Alberto González Amador, por ejemplo ocultando durante un año que envió a Miguel Ángel Rodríguez algunos de los emails de su abogado con el fiscal Julián Salto.

Las acusaciones también han empezado a presentar sus propios escritos pidiendo cárcel para los dos acusados. Después de Manos Limpias ha sido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) la que ha solicitado las condenas más altas: hasta seis años de cárcel pide para el fiscal general por un delito de revelación de secretos, además de 12 años de inhabilitación y que sea provisionalmente apartado de su puesto al frente del Ministerio Público. La representación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso no ha llegado tan lejos y ha pedido cuatro años de presidio para él.

En su escrito de acusación, la pareja de Isabel Díaz Ayuso lamenta que, a raíz de conocerse su caso, “pasó a ser denominado” como “delincuente confeso” y “defraudador confeso”, omitiendo que la Sala de lo Civil del Supremo ha rechazado su demanda contra María Jesús Montero explicando que esas palabras están amparadas por la libertad de expresión. También omite algunos detalles, como que su abogado envió su confesión a la Abogacía del Estado y no solo a la Fiscalía, o que el propio González Amador envió a Miguel Ángel Rodríguez uno de sus emails sobre el caso para ser posteriormente difundido.

El escrito de acusación del empresario omite, al igual que el de APIF, el elemento novedoso que Hurtado introdujo en su auto de pase a procedimiento abreviado: que el fiscal general actuó siguiendo “indicaciones” de Moncloa. La pareja de Ayuso reitera en su relato que Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Presidencia del Gobierno, recibió el correo desde la Fiscalía, pero no acusa en ningún momento a García Ortiz de urdir todo este plan siguiendo indicaciones del departamento que entonces dirigía Óscar López.