La situación ya era delicada para el Gobierno progresista antes del estallido del informe de la UCO. Incluso entonces, el bloque reaccionario ya aparecía en la mayoría de las encuestas con posibilidades suficientes para alcanzar el poder. Solo una hipotética reunificación de las izquierdas –Sumar, IU, Comunes, Podemos…– podría elevar las opciones de resistencia, gracias a los efectos del sistema electoral. Pero esa reunificación parecía ya, incluso antes del escándalo, altamente improbable. Con la revelación de la trama desvelada por la UCO, el escenario se ha vuelto mucho más adverso.

Hace años que venimos señalando que este Gobierno sufre un asedio por parte de múltiples sectores del Estado: facciones del poder judicial, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de determinados medios de comunicación y de otros actores del poder económico. Lo que pocos anticiparon es que ese asedio se vería agravado desde dentro, por elementos corruptos incrustados en el propio aparato del Gobierno y del PSOE. Los Ábalos, Koldo y Cerdán –y los cómplices que hayan podido tener–no solo han demostrado un absoluto desprecio por lo público, sino que han hecho un regalo inmenso al bloque reaccionario.

Dice el refrán que más vale una colorada que ciento amarilla, y eso, en política, es una verdad estratégica. Es mejor asumir el golpe de una vez y disponer del tiempo suficiente para diseñar y desplegar la ofensiva, que ir acumulando desgastes sin respuesta. Lo que ocurre lejos del calendario electoral puede ser reabsorbido por una opinión pública volátil, siempre más centrada en el presente inmediato. No es que los escándalos sean inocuos, pero con una buena gestión política no tienen por qué ser determinantes del resultado final. En un mundo tan agitado como el nuestro, otras razones pueden imponerse como motor del voto dentro de dos años.

El problema central es que, en este momento, probablemente ni siquiera el presidente conoce con exactitud la magnitud y el alcance de la trama de corrupción urdida por los dos últimos secretarios de organización del PSOE. ¿Cuántos audios siguen inéditos? ¿Cuántos cargos actuales o pasados están implicados? ¿Qué personas, todavía cercanas al presidente, figuran en las conversaciones de esa trama? Esta red es hoy una mancha corrosiva que contamina todo lo que toca, y sobre quienes hayan tenido contacto con sus protagonistas recaerá inevitablemente una sombra de sospecha. El alcance real de esa mancha es, por ahora, incalculable.

Si el Gobierno progresista quiere conservar alguna posibilidad, necesita recomponerse y salir a la ofensiva. La diferencia respecto a hace unas semanas es que ahora toda estrategia estará condicionada por la espada de Damocles que pende sobre su cabeza. La filtración progresiva de informaciones sobre la trama de corrupción caerá como un bombardeo constante sobre cada iniciativa gubernamental. Y, sin embargo, no queda más opción que intentarlo.

Hay que convertir la necesidad en virtud. La justicia acabará juzgando a los corruptos, y previsiblemente muchos de ellos terminarán en prisión por haber traicionado la confianza y el patrimonio del pueblo. Pero al Gobierno le toca resistir y construir en el imaginario colectivo nuevas y poderosas razones para volver a confiar en el bloque progresista dentro de dos años.

Cuando la herida está inflamada, no conviene operar en caliente. Por eso es comprensible que el presidente no haya provocado ya una crisis de gobierno, que inevitablemente quedaría asociada al informe de la UCO. Sin embargo, y más pronto que tarde, tendrá que imprimir un cambio de ritmo al ejecutivo, con nuevos rostros y, sobre todo, con un enfoque político más nítido. De esa recomposición debe surgir un gabinete más activo, audaz y combativo: menos orientado a la gestión técnica y más centrado en la confrontación ideológica con las derechas. En medio de la ola reaccionaria global, y con los tambores de guerra sonando estrepitosamente, hay miles de razones para hacer una política de izquierdas valiente que el pueblo español sepa reconocer como tal.

El votante progresista no debe perdonar nunca la corrupción, pero tampoco a las derechas reaccionarias. El objetivo es que dentro de dos años el electorado tenga razones muy de peso para votar al bloque progresista, y dentro del mismo, a las opciones que prefiera. Si el Gobierno no quiere morir asfixiado por la trama, tiene que dejar de jugar a la defensiva y empezar a marcar el terreno de juego. No hay lugar ya para tibiezas ni para equilibrios imposibles. En lo que queda de legislatura, o se sale a la ofensiva o se entrega el país a quienes conspiran cada día para destruir los avances sociales. La batalla está en marcha, y solo cabe darla con todo.