Hace dos martes, el 10 de junio, la Guardia Civil entró con una orden judicial en el piso más alto de un bloque de viviendas moderno de Elorrio, una localidad vizcaína de 7.000 habitantes. Tenían instrucciones de registrar la vivienda de “Guipu”, “Guipuchi” o simplemente “Gui”, el alias que Santos Cerdán y Koldo García le habían puesto al empresario Antxon Alonso por ser natural de la vecina Gipuzkoa. Allí apareció un documento interno que prueba que Cerdán, hasta hace apenas unos días secretario de Organización del PSOE, controlaba el 45% de la empresa constructora Servinabar 2000 aunque no estuviera escriturado. Esto ofrece una nueva dimensión al caso porque Servinabar 2000 ha recibido (al menos) siete adjudicaciones del Gobierno de Navarra y de áreas controladas por tres partidos diferentes, PSN, Geroa Bai (PNV y Socialverdes) y Contigo/Zurekin (Podemos, Batzarre, IU y otros). En total, según las estimaciones de este periódico, ha facturado unos 86 millones de euros (con IVA 104 millones) principalmente en UTE con Acciona, otra de las piezas centrales del caso.

A 130 kilómetros (por Vitoria) o unos 110 (por el interior de Gipuzkoa) de Elorrio está la sede de Servinabar 2000. Es en la calle San Nicolás de Pamplona, pegada a la plaza del Castillo. Allí también estuvo la UCO de la Guardia Civil aquel martes. De hecho, le dio la máxima prioridad a ese registro. Lo capitaneó el jefe de la investigación, el teniente coronel Antonio Balas. Servinabar 2000 tiene en el exterior del edificio una placa. También está el nombre en la puerta de la oficina y el logotipo en una ventana exterior. Ese mismo día llegó la última de las contrataciones públicas para Servinabar 2000.

Antes de encontrar el documento privado con el que se demuestra la participación directa de Cerdán en Servinabar 2000, la Policía ya sospechaba que tenía en la mercantil una posición de control. Lo demuestran mensajes con García, su chico para todo que luego recomendó a Ábalos para hacer lo mismo en el Gobierno central. También se comunicaba con Alonso e incluso con terceros en nombre de una sociedad en la que, en principio, no tenía participación alguna. Un ejemplo claro es cómo la esposa de García, Patricia Uriz, también imputada, pidió hacer un trámite de Servinabar 2000 y fue Cerdán el que facilitó una copia del anverso y del reverso del DNI de su aparente socio único, el empresario Alonso.

Servinabar 2000 se crea no en el año de su denominación sino en 2015, hace ahora diez años. Lo hace en paralelo al inicio del proyecto Mina Muga, compartido entre Navarra y Aragón y primer foco de interés económico para la trama, según las pruebas recopiladas por la Guardia Civil. Mina Muga, una mina, tiene detrás a Geoalcali, que contrató a Alonso de “engrasador”, según fuentes conocedoras de lo sucedido. En esa misma época Alonso y García crearon Noran Coop. Meses más tarde, Geoalcali inició su colaboración con Acciona para desarrollar el proyecto Mina Muga (paralizado aún muchos años después por orden judicial y no sin contestación social). Y Acciona, a su vez, se vinculó con Servinabar 2000.

La Guardia Civil califica de “pequeña” a Servinabar 2000 como empresa. Es más, no nació con nada relacionado con la construcción o la obra pública. De hecho, su objeto social inicial era, según datos del Registro Mercantil, la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones; y otras”.

Este periódico ha encontrado siete adjudicaciones relacionadas con Servinabar 2000 en la Administración autonómica de Navarra. Las primeras tres se formalizaron en la legislatura 2015/2019, es decir, con el PSN en la oposición. El Ejecutivo navarro entonces estaba liderado por Uxue Barkos, de la coalición Geroa Bai (PNV y Socialverdes), con participación de EH Bildu y apoyo de Podemos e Izquierda/Ezkerra (la marca de IU).

En concreto, son los lotes 4 y 5 de la reforma del Navarra Arena, el pabellón multiusos de Pamplona que acoge eventos deportivos o grandes conciertos internacionales. La UTE de Acciona y Servinabar 2000 se llevó 3,78 millones de euros del Instituto Navarro de Deportes y Juventud. No hubo más licitadores. Después, en 2018, constan dos contratos, siempre con Acciona. Por un lado, la Presidencia foral les encomendó la “rehabilitación interior del edificio del antiguo Archivo General de Navarra” y los jardines de acceso. Fueron algo más de 2 millones de euros. Y, por otro, la sociedad foral de Vivienda, Nasuvinsa, le adjudicó la tarea de levantar 62 VPO (6,8 millones de euros) en la zona Erripagaña, un singular barrio dividido en cuatro municipios en el área metropolitana de Pamplona.

Hay otro expediente de aquella etapa. Corresponde con el área de Educación. Son 2,6 millones para la obra de un colegio en Arbizu. En puridad, va a una UTE llamada CPEIP Arbizu, pero es de similar composición, en este caso Acciona y una sociedad ‘hermana’ de Servinabar 2000, Alegure. La consejera era María Solana, de Geroa Bai y dirigente del PNV hasta fechas muy recientes. Ahora es consejera de RTVE a propuesta de su partido. Fuentes internas del PNV manifiestan su preocupación por este expediente.

Los tres últimos contratos son ya con María Chivite, muy cercana políticamente a Cerdán, como presidenta. Es presidenta desde 2019. Vinculados con Erripagaña hay dos contratos más. En 2023, antes de las elecciones de mayo de ese año, se le asignó la construcción de 46 viviendas protegidas. Estaban confinanciadas con fondos europeos Next Generation EU. Sin embargo, la cartera de Vivienda la dirigía la coalición Geroa Bai.

Dos años después, el otro se formalizó sin concurso, por la vía “negociada”, el 10 de junio, es decir, el mismo día en que la Guardia Civil registraba por corrupción la sede de Servinabar 2000. Sin embargo, Nasuvinsa y la cartera de Vivienda tampoco tienen consejero del PSN. La lidera la coalición de Podemos, Begoña Alfaro. En esto caso son 72.000 euros en cortinas para esas casas.

De todos los contratos, el más oneroso y el más controvertido es el de 62,8 millones para las obras de los túneles de Belate. Se alude a que es la adjudicación más relevante en Navarra en una década. Según la presidenta Chivite, es una obra trascendental para Navarra porque Europa amagaba con cerrar esa vía de conexión hacia Francia por problemas de seguridad en ese paso. Aquí a Acciona y Servinabar 2000 se suma Construcciones Osés. La adjudicación se cerró en diciembre de 2023. Corresponde a la cartera del consejero Óscar Chivite, socialista y tío de la presidenta. No obstante, ya con su predecesor, Bernardo Ciriza, quien es a su vez presidente del PSN, se inició el procedimiento. Ciriza dejó el Gobierno “por motivos personales”, según Chivite.

Este último contrato se adjudicó con polémica. Tres miembros de la mesa de contratación, incluidos el secretario y el interventor, de ocho vocales en total, emitieron votos particulares oponiéndose a la adjudicación a esta UTE alegando indicios de arbitrariedad. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, “puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. También destacaron que el presidente de la mesa de contratación conocía las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas antes de emitir su propia valoración.

Entrada de las oficinas de Servinabar, en Pamplona

La Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, emitió un informe sobre el proceso de adjudicación de las obras de Belate y si bien no detectó ninguna irregularidad, como sostiene con insistencia el Gobierno de Chivite, sí que advirtió de “aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato, debido principalmente a la insuficiente concreción en los pliegos de los criterios de valoración sometidos a juicio de valor y al procedimiento seguido en la formulación de las valoraciones”. Hasta ahora, el PSN había despachado las críticas de la oposición, principalmente de UPN, asociándolas a exageraciones.

La presidenta Chivite ha anunciado que se auditarán todos los contratos adjudicados a Servinabar 2000 por parte del Gobierno. También los de la época en que Barkos era presidenta. Se hará un “triple check”, una auditoría de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, otra de la Cámara de Comptos, y una última de una asesoría externa. “Administrativamente” el Ejecutivo foral no puede “tomar ninguna medida más”, ha manifestado.

El 4% de Alzaga y tres notificaciones con Hacienda

El Registro Mercantil prueba también que Servinabar 2000 controlaba otra entidad llamaba Alegure y que tenía idéntico domicilio social en el centro de Pamplona. Se la considera inactiva. El 4% de Alegure, en cambio, devuelve el hilo a Bizkaia, a la calle de Henao de Bilbao. Allí está domiciliada Uribene, titular del 4% de esa compañía. Su dueño es un conocido empresario vasco, Iñaki Alzaga, que, entre muchas otras mercantiles, ha sido directivo de Nortegás, Euskaltel o Grupo Noticias. No consta que Uribene tenga trabajadores pero sí conexiones con otras empresas como Galea Inversiones, PQ5T, Instel Euskal 2000, Zinetalde y On Time. Consultado por este periódico, reconoce su relación con Alonso pero asegura que su participación en Alegure se limita a la aportación de su parte inicial en el capital social.

Las empresas Servinabar 2000 y Alegure tienen varias incidencias con la Hacienda foral de Navarra, según datos mercantiles. En el caso de Servinabar 2000, según figura en el Boletín Oficial de Navarra (BON) con fecha 3 de noviembre de 2021, debe a la Hacienda Foral 264,14 euros en concepto de impago del Impuesto de Actividades Económicas. Alegure, por su parte, también figura en dos requerimientos por impagos a Hacienda. En el primero de ellos, del 10 de abril de 2021, se le reclaman 627,01 euros del Impuesto de Actividades Económicas. Por este mismo impuesto la Hacienda navarra le volvió a reclamar el 23 de octubre de 2024 el pago de 311,80 euros. Servinabar 2000, como Geoalcali, fue una de las empresas patrocinadoras de las competiciones de Koldo García como aizkolari. Servinabar 2000 no presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2021. Entonces tenía tres trabajadores fijos y seis temporales. De su lado, Alegure no lo hace desde 2018.