Dos extrabajadores de una residencia para personas con discapacidad intelectual de Madrid han aceptado condenas de hasta casi cuatro años de prisión después de reconocer que grabaron en vídeo y fotografiaron de forma humillante a varios residentes y compartieron esas imágenes en grupos de WhatsApp con otros trabajadores. Los dos, que fueron despedidos por la Fundación ANDE en marzo de 2021, grabaron y difundieron a estas personas con discapacidad intelectual desnudas o en el baño con comentarios como “mira qué tripa” y lo hicieron, según los jueces, “movidos por su carácter despreciativo hacia la situación de discapacidad intelectual de los residentes”.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que los dos condenados, un hombre y una mujer trabajaron en una de las residencias privadas que la Fundación ANDE tiene en la región. Fue entre los primeros meses de 2020 y marzo de 2021 –mientras la pandemia de COVID sacudía estos centros– cuando, según han reconocido ellos mismos y reflejan los jueces en su sentencia, empezaron a grabar y fotografiar a varios residentes con sus móviles para mofarse de ellos ante otros trabajadores.

Los residentes, destacan los jueces, eran personas con discapacidad intelectual severa que muchas veces no comprendían lo que estaba pasando y que, además, no podían “defenderse” o identificar que lo que hacían estos dos trabajadores no estaba bien. Frente a esa indefensión, los trabajadores de la residencia actuaron impulsados por “su carácter despreciativo hacia la situación de discapacidad intelectual de los residentes”, según los jueces.

Uno de los inculpados fue el que grabó y difundió la mayor parte de los vídeos de cuatro de los residentes entre el verano de 2020 y el momento de su despido en marzo del año siguiente. En uno de ellos se podía ver a la víctima con los pantalones bajados mientras hablaba por teléfono. Otro de ellos fue fotografiado en la cama sin camiseta mientras el acusado comentaba: “Mira qué tripa”.

Todas esas fotos fueron enviadas a un grupo de WhatsApp que compartían con otros trabajadores de la residencia. Un vídeo, en el que también participó la otra condenada, mostraba a uno de los internos subido a una grúa –necesaria para incorporar a personas con problemas de movilidad– y dando vueltas para que se mareara. “¿Estás en el parque de atracciones?”, preguntaba uno de los condenados en el vídeo para humillar al afectado.

No tendrán que entrar obligatoriamente en prisión

La investigación arrancó ese mismo 2021 en un juzgado de la Plaza de Castilla y llegó a juicio en abril de 2025 con un pacto entre la Fiscalía y los acusados que, en la práctica, no implica su entrada obligatoria en prisión. Uno de ellos, el que grabó la mayor parte de los vídeos y sacó las fotos para después difundirlos, es condenado a un total de tres años y diez meses de presidio, además de una multa de 450 euros y una década de inhabilitación para volver a trabajar en ámbitos como una residencia.

Este trabajador ha confesado un delito contra la dignidad y dos más contra la intimidad mientras que la otra sancionada es condenada a cinco meses de prisión y la misma multa e inhabilitación por otro delito contra la dignidad. Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid tienen ahora por delante la decisión de si sus condenas se ejecutan y entran de forma efectiva en la cárcel. Los dos han pedido la suspensión de las sanciones y el fiscal Ángel Guzmán no se ha opuesto, teniendo en cuenta que ningún delito concreto ha sido penado con más de dos años de prisión. Cada una de las víctimas será indemnizada con los 625 euros que consignaron los condenados como parte del pacto.

La Fundación ANDE, en la que estaban empleados los dos condenados cuando humillaron y vejaron a los residentes, llegó a ser considerada responsable civil subsidiaria pero finalmente no fue inculpada. La Fiscalía retiró su petición de que la Fundación tuviera que hacerse cargo de las indemnizaciones si los condenados no pagaban, devolviendo la fianza de 3.000 euros que le había sido impuesta antes del juicio. Por el momento la Fundación no ha contestado a la petición de información de este periódico.