Pese a que la presión urbanística es cada día más acuciante en las Illes Balears, las administraciones públicas siguen registrando grandes proyectos por parte de promotoras que pretenden construir en determinadas zonas que suelen tener un interés paisajístico, agrario o para la biodiversidad. Esto ocurre en el contexto de una sociedad balear que no solo es cada vez más sensible ante la degradación de sus ecosistemas, sino que también está empezando a alzar la voz frente a la pérdida de su identidad, en unas islas que corren el peligro de convertirse en un gran parque temático para turistas.

Desde al menos 2019 una sociedad, Son Forsiego S.A., está intentando obtener una licencia urbanística para construir un megacircuito de karts en Platja de Palma, en unos terrenos calificados como suelo rústico. Tras el último intento, la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ajuntament de Palma denegó la implantación del proyecto deportivo, y así quedó recogido en el pleno ordinario de diciembre de 2024. Sin embargo, la sociedad acaba de presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) con la intención de que el proyecto deportivo salga adelante.

El 28 de abril de 2023 quedó aprobado el nuevo Plan General de Palma, que fija las normas urbanísticas del municipio. Estaba terminando la segunda legislatura progresista en el Ayuntamiento, en ese momento gobernado por el PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos. La cartera de Urbanismo estaba en manos de la concejala ecologista Neus Truyol. Y el nuevo Plan General aprobado por el anterior gobierno municipal incluye los terrenos dentro del ámbito del Parc Agrari de Llevant y establece la obligatoriedad de redactar un Plan Especial de desarrollo, que todavía no se ha implementado. De forma transitoria, esas normas las puede fijar el Plan de Ordenación Detallada (POD), que tampoco está aprobado.

Por estos motivos, los técnicos municipales concluyen que hay que denegar la aprobación de lo que la empresa llama un “Plan Especial para la adecuación e integración paisajística para la implantación de un equipamiento deportivo”, que en la práctica significa construir un gran circuito de karts en Platja de Palma, uno de los epicentros de la turistificación en Mallorca.

Óscar Fidalgo, concejal de Urbanismo (PP) de Palma, no ha respondido en el momento en que se publica el reportaje a la pregunta sobre si cree que la Justicia dará la razón al Ayuntamiento en cuanto a la decisión tomada respecto al complejo deportivo. 

El Parc Agrari está concebido como un “instrumento de protección, ordenación, desarrollo y gestión de espacios, como es el Pla de Sant Jordi, de interés agrario”. Por este motivo, hasta que no se desarrolle el Plan Especial, “se prohíben todos aquellos usos, así como todas aquellas transformaciones que faciliten la degradación o pérdida de su carácter agrícola”, según figura en el plan General. Así, sí se permite la mejora de la movilidad a través de una red de caminos rurales que garantizan la conexión del Pla de Sant Jordi con Platja de Palma.

El Plan General, además, prevé que el Plan Especial tenga dos áreas de interés: una en la zona norte (Horta Dalt) y otra en la zona del levante (Pla de Sant Jordi). Estos espacios cumplen con una función de espacio de producción agraria, y sus terrenos están incluidos de manera mayoritaria como suelo rústico protegido de interés paisajístico. La necesidad de desarrollar este Plan Especial ya viene definido por la ley agraria balear.

La actividad principal de Son Forsiego S.A. es el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y el objeto social la construcción y explotación de centros deportivos, de espectáculos y recreativos. La sociedad declaró un patrimonio neto de 2,2 millones de euros tras el ejercicio fiscal de 2023, según datos del Registro Mercantil consultados por elDiario.es. La empresa declaró beneficios de 47.617 y 28.675 euros en 2022 y 2023, respectivamente.

elDiario.es ha contactado con Maria Garau Montane, procuradora que ha presentado el recurso contencioso administrativo en representación de Son Forsiego S.A. para pedirle una valoración sobre el contenido de este reportaje, sin que haya sido posible en el momento en que se publica. Este diario también se ha puesto en contacto con la letrada que representa a la empresa para hacerle la misma consulta, sin éxito.

Un complejo residencial-comercial en un humedal

No es el único espacio de interés paisajístico que está amenazado en Balears. Desde hace décadas, la fiebre urbanística sobrevuela Ses Fontanelles, el último humedal de alto valor ecológico que sobrevive en la capital mallorquina. En esta zona, también situada en Platja de Palma, la multinacional francesa Unibail Rodamco quería construir un centro comercial de 4.000 metros cuadrados, pese a que el Tribunal Supremo echó por tierra esa posibilidad, como informó elDiario.es en noviembre del año pasado. La amenaza constructora sobre este espacio de gran valor ambiental es “una de las muestras más evidentes de la especulación turístico-inmobiliaria de Mallorca”, según Ivan Murray, doctor en Geografía e investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

De hecho, el Ajuntament de Palma, gobernado por PP y Vox, dio luz verde a un macroproyecto urbanístico que planea la construcción de 450 viviendas, con precios que se sitúan alrededor del medio millón de euros. El proyecto, que todavía no está aprobado de forma definitiva, quedaría en manos de la misma promotora, pese al fallo del Tribunal Supremo. El complejo residencial, que ha alarmado a los grupos ecologistas, incluye la urbanización de unos 91.000 metros cuadrados de territorio: la mitad de ellos ocupados por las viviendas, mientras que la otra mitad iría destinada a uso comercial y otros equipamientos. Para iniciar la tramitación, el Consistorio tuvo que empezar la modificación inicial del Plan de Reconversión Integral de la Platja de Palma (PRI). Pese a ello, la promotora tiene que resolver 52 cuestiones técnicas para que el complejo residencial-comercial pueda salir adelante.

“La actual modificación del PRI excluye deliberadamente la opción de recuperar la zona húmeda potencial de Ses Fontanelles, a pesar de las evidencias científicas que destacan su importancia para la biodiversidad y la resiliencia ecológica”, señala a elDiario.es Margalida Ramis, licenciada en Física y portavoz del GOB, uno de los grupos ecologistas más activos a nivel balear. Por estas razones, los ecologistas han presentado alegaciones contra el plan de reforma ya que consideran que supone “uno de los últimos reductos de biodiversidad en una zona fuertemente urbanizada”.

Los ecologistas recuerdan, además, el Reglamento de la UE sobre restauración de la naturaleza. Este señala, en referencia a los humedales, que “los beneficios de restaurar el estado de los ecosistemas degradados en todas las zonas terrestres y marítimas superan con creces los costes de la restauración”. En este sentido, añade el GOB que las zonas húmedas “ejercen un papel clave en la absorción de carbono, la regulación del ciclo del agua y la conservación de la biodiversidad”. Por tanto, los ecologistas exigen que el Plan de Reforma Integral del Ajuntament de Palma “contemple medidas efectivas para desurbanizar y restaurar el espacio, atendiendo a los compromisos ambientales internacionales”.

El gobierno municipal, cuya cartera en Urbanismo controla el PP, asegura que el nuevo proyecto “garantizará la protección de la zona húmeda de Ses Fontanelles, minimizará la superficie edificable y apostará por el comercio de proximidad”. El GOB, sin embargo, considera que aunque el Ajuntament escoge la opción “que supone menos superficie edificable” y opta también por la “restauración ambiental de una parte del terreno afectado por las obras de urbanización realizadas hasta ahora”, esto es “claramente insuficiente”.

La lucha por preservar este lugar de gran riqueza medioambiental lleva décadas librándose. En 1972, por ejemplo, se construyó un parque de atracciones que fue bautizado como ‘El Carrusel de Mallorca’, cuyo objeto era explotar turísticamente la zona. Las instalaciones, sin embargo, solo funcionaron durante un año, momento en que las atracciones, toboganes y trenes infantiles fueron sustituidos por un circuito de karting. Ese proyecto tampoco funcionó, pero la superficie quedó preparada para futuras edificaciones, que por otro lado ya salpicaban buena parte del litoral de Platja de Palma al calor del desarrollo turístico.

Complejos turísticos de lujo en parques naturales

La isla vecina tampoco se salva de esta fiebre constructora. Una de las luchas ecologistas más importantes que se han librado en Eivissa en los últimos 50 años se saldó con una victoria para la sociedad ibicenca: el Parlament balear aprobó la declaración de ses Salines como Parc Natural en 2001. Sin embargo, antes de que la reivindicación popular se convirtiera en ley, hubo un intento prolongado en el tiempo de edificar sobre uno de los parajes con mayor biodiversidad y riqueza medioambiental de la isla.

De hecho, Ibifor S.A., el brazo urbanístico de Salinera Española S.A., intentó convertir ses Salines en un complejo urbanístico con 20.000 habitantes. El proyecto se presentó en abril de 1975, a pocos meses de la muerte del dictador Francisco Franco. La promotora quería construir instalaciones turísticas de todo tipo: hoteles, apartamentos, puertos deportivos e incluso campos de golf, como explicó el periodista Joan Lluís Ferrer en su libro Ses Salines. L’orgull d’un poble. 1975-2001. De macroprojecte urbanístic a Parc Natural (Institut d’Estudis Eivissencs, 2022).

Concentración del GEN. ‘Funeral’ por ses Salines en el centro de la ciudad de Eivissa.

Los estanques y las montañas de ses Salines.

Hubo muchas figuras importantes que evitaron que aquel lugar tan singular quedara sepultado por el hormigón. Una de ellas fue Isabel Martínez de León, la arquitecta municipal que, pese a las presiones que sufrió, informó desfavorablemente sobre el megacomplejo porque sobrepasaba la legalidad vigente.

En la misma época en la que Ibifor S.A. pretendía convertir lo que ahora es un parque natural en una ciudad turística, la empresa catalana Patrimonial Mediterránea S.A. quería transformar el islote de Sa Dragonera, en Mallorca, en una gran urbanización con más de 4.500 plazas turísticas. Igual que en el caso de Eivissa, las movilizaciones fueron fundamentales para salvar el islote: hippies y anarquistas lo ocuparon para evitar la construcción del complejo. Lo que podría haberse convertido en una urbanización turística de lujo también es un parque natural desde 1995.

Ocupación de sa Dragonera.

Vista de sa Dragonera desde Mallorca.

Entre los años en que se consiguió la protección de Sa Dragonera, otra promotora intentó construir un campo de golf de 600.000 metros cuadrados, con 18 hoyos y dos urbanizaciones anexas en Cala d’Hort, enclave situado en la isla de Eivissa. Esta zona sufre una gran presión turística durante los meses de temporada alta, a la que miles de personas acuden a ver la puesta de sol frente a los islotes de es Vedrà y es Vedranell, que son parte de la Red Natura 2000 y tienen la consideración de Reserva Natural.

Fueron dos factores los que consiguieron frenar el proyecto del campo de golf, según explicó Joan Lluís Ferrer a elDiario.es. Por un lado, hubo una movilización social en contra que sacó a 11.000 personas a la calle en 1999, hasta ese momento la más numerosa de la historia. Por otro, estaban a punto de celebrarse las elecciones locales y autonómicas, la izquierda se presentaba unida, y el PP tenía miedo de perderlas.