El fiscal ha pedido a la jueza de la DANA que se investiguen las pausas en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre, ordenadas por la entonces consellera Salomé Pradas.

Tras haber analizado la documentación aportada a la causa por la Generalitat Valenciana, el Ministerio Público solicita a la instructora que pida a la Conselleria de Emergencias e Interior que informe del “periodo de tiempo” durante el cual el trabajo del Cecopi fue “exclusivamente presencial”. Es decir, de las franjas horarias en las que Pradas ordenó desconectar a los participantes por vía telemática en la reunión, incluyendo a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, u organismos como la Aemet.

El fiscal Cristóbal Melgarejo quiere que se identifique a los participantes en el Cecopi que estaban conectados ‘online’ y a los que “formaron parte de este organismo durante el periodo de tiempo en el que el trabajo fue únicamente presencial”. Y lo hace tras haber leído el breve informe del director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, presente en el Cecopi, en el que aseguraba que se paró la reunión para realizar un “trabajo exclusivamente presencial” (una expresión que la jueza tildó de mero “eufemismo”). Se trata de un periodo de tiempo que coincide con la toma de decisiones clave por parte del Cecopi.

En un escrito del pasado 9 de abril, al que ha tenido acceso este diario, el representante del Ministerio Público también pide a la jueza que se solicite al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat los informes elaborados en el marco de las rondas de seguimiento, una vez activada la premergencia, con los “organismo y servicios colaboradores” para “conseguir información” sobre las precipitaciones y las crecidas de los cauces.

También pide informes similares recibidos por Emergencias de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la valoración de la situación hidrológica y su “previsible evolución”.

Identificación de los participantes en el Cecopi

El fiscal quiere que se identifique a las personas que formaron parte del Cecopi del 29 de octubre y a quienes desempeñaban funciones de coordinación de los comités de dirección, asesor y de información que se crean una vez constituido, según el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana.

Melgarejo pide que se recaben en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias los informes de cada uno de los comités, así como de los grupos de seguimiento de riesgo y de gestión de medios y de recursos.

También solicita que se recaben los informes de la Aemet sobre la evolución meteorológica y de la CHJ sobre los caudales y las presas, específicamente la de Forata, así como los relativos a la red viaria y de ferrocarriles. Además, pide a la jueza instructora informes sobre la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y sobre la gestión del 112.

El escrito recuerda que, según el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones, el técnico de Emergencias responsable del 112 actuaba “de enlace” entre el teléfono de la Generalitat y el Cecopi. Entre otros asuntos, también pide que se recabe un informe sobre el papel del Gabinete de Información del Cecopi, encargado de la difusión en redes sociales y ante los medios de comunicación en situación de emergencia.

Rechaza que se impute al presidente de la CHJ

El fiscal también rechaza en otro escrito del pasado 9 de abril que se investigue en la causa al presidente de la CHJ, Miguel Polo; a los altos funcionarios de Emergencias Jorge Suárez e Inmaculada Piles, y al director general Alberto Martín Moratilla, tal como solicitaba la Asociación Damnificados DANA Horta Sud.

El Ministerio Público considera que la querella de la asociación solo les atribuía una “imputación genérica” y recuerda que la exconsellera Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso fueron citados en condición de investigados por su capacidad decisora de las medidas de autoprotección de la población, tal como argumentó la jueza.

Eso sí, el fiscal no descarta una “ulterior” imputación del presidente de la CHJ, de los dos funcionarios o del director general si la instrucción “revelara” que tenían alguna función relativa a la adopción de medidas o de decisiones que hubieran podido evitar o disminuir los fallecimientos o hubieran infringido su deber de actuar, “creando un riesgo para la vida o integridad física de las personas”.