La apertura de una pieza separada en el caso contra Alberto González Amador que investiga un supuesto caso de corrupción en los negocios ha colocado al Grupo Quirón en el centro de la investigación judicial. La última resolución de la jueza, por la que citaba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso a declarar otra vez como investigado, atribuye a la compañía sanitaria el papel de posible perjudicada por la actuación conjunta de González Amador y de uno de los directivos del propio grupo, el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Y lo hace a pesar de la compañía, que insiste en que no aprecia irregularidad alguna en la conducta de ambos. 

El 17 de marzo, la jueza Inmaculada Iglesias dictó un auto que suponía el arranque de la investigación a Alberto González Amador por posible corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la causa por dos fraudes fiscales y falsificación de documentos. En esa resolución, la jueza afirmaba: “La sociedad Quirón Prevención puede ser perjudicada por los hechos cometidos por Alberto González Amador (…) en connivencia con los responsables de Quirón Prevención”.

La magistrada hacía esa introducción para resolver como necesaria la declaración como imputado de la pareja de Ayuso. Sin embargo, Quirón no ha modificado su criterio y no tiene previsto personarse en la causa como acusación particular pese a los indicios de que ha sufrido un perjuicio. Un portavoz de la compañía explica a elDiario.es que Quirón no ha hallado ninguna irregularidad en la actuación de Camino y González Amador, tal y como consta en un documento incorporado a la causa y que remitió el grupo. El mismo portavoz destaca que, en todo caso, la compañía “sigue los pasos de la justicia” y atenderá a lo que pueda ocurrir en el futuro. 

El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad madrileña que impulsa el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Diez días después de la citación de González Amador, este periódico informó en exclusiva de que la Comunidad de Madrid había recortado en 2024 cerca de 464 millones de la deuda que tenía con Quirónsalud en la región. El recorte suponía el 50,5% de la deuda que mantenía con el grupo y se producía en un solo año. Por otra parte, Alberto González Amador ha multiplicado por cuatro su facturación como consultor de Quirón Prevención, división del grupo, desde que es pareja de la presidenta madrileña. 

El posible perjuicio a Quirón radica en el papel que González Amador otorgó a la sociedad que le compró a la mujer del presidente de Quirón Prevención y que luego utilizó para facturar a la compañía sanitaria. Esa adquisición está en el centro de la pieza separada que ha arrancado con la declaración de la pareja de Ayuso el pasado 10 de abril. 

González Amador pagó casi medio millón de euros por Círculo de Belleza S.L, una empresa sin empleados, con tres aparatos de depilación y un portátil. Le puso un nombre rimbombante, que se puede acortar a Masterman & Whitaker, y le trasladó el encargo recogido en un importante contrato que había firmado con Quirón Prevención y que, en un primer momento, iba a realizar la firma de cabecera de Alberto González Amador, Maxwell Cremona. 

La Agencia Tributaria analizó la operación durante la inspección fiscal a González Amador y concluyó que el empresario y comisionista había convertido la empresa de la mujer de Fernando Camino en una “sociedad pantalla” para transferirle unos trabajos que no podía realizar por falta de medios y así ahorrar en impuestos. Esa conclusión sería incorporada a la querella de la Fiscalía por fraude fiscal y falsificación de documentos. 

Tiempo después, y una vez analizadas las interioridades del trabajo de la Agencia Tributaria, la acusación popular extrajo otra conclusión: esa compra podía responder al pago encubierto de una comisión a Fernando Camino. El directivo de Quirón Prevención también forma parte del Consejo de Administración de una empresa, Mape, que compró el material sanitario a una empresa catalana, la que pagó a González Amador una comisión de casi 2 millones de euros en pandemia, emolumentos por los que luego la pareja de Ayuso no tributó correctamente. 

La Fiscalía terminó por sumarse a esta tesis e introducir la posibilidad de que González Amador hubiera sobornado a Camino y una parte del interrogatorio a González Amador del 10 de abril versó sobre ella. La pareja de Ayuso negó que el pago aparentemente desorbitado por Círculo de Belleza respondiese a una comisión para el marido de su dueña y aseguró que el valor de la sociedad radicaba en la red de distribución que tenía y que incluía a cientos de farmacias. 

El directivo Emilio Conde, juez y parte

La aportación de Quirón a la investigación a González Amador fue exculpatoria desde antes incluso desde que se judicializara. El primer documento de la compañía fue remitido a la Agencia Tributaria a solicitud de sus inspectores es un certificado firmado por Emilio Conde Herce, director de Gran Cuenta de Quirón Prevención, firmado el 5 de julio de 2022.

En ese documento, Conde afirma: “Quirónprevención tiene una relación contractual suscrita en un acuerdo marco con la organización Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L para prestar servicios en nuestros clientes [sic] en territorio nacional y en el extranjero a demanda de Quriónprevención, siendo Alberto González Amador el director de Proyectos y quien asume la interlocución con los clientes desde la fase comercial hasta su ejecución final”.

La relación laboral entre González Amador y Quirón Prevención es compleja y todavía no ha sido aclarada en la causa judicial. La pareja de Ayuso tiene una sociedad que le factura al gigante sanitario pero al mismo tiempo él trabaja en la propia Quirón. Al menos eso se desprende de que tuviera una dirección de correo electrónico corporativa del Grupo Quirón, que figura en las actuaciones pero que dejó de estar operativa tras la querella de la Fiscalía.

En su declaración del pasado 10 de abril González Amador mencionó además que su despacho estaba a pocos metros del que tiene el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. El colaborador más director de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez, tiene guardado el contacto de González Amador en su teléfono móvil como “Alberto Quirón”, según se supo de los mensajes entregados al Tribunal Supremo por el propio jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Se da la circunstancia de que la misma persona que defendió el papel de González Amador en Quirón, Emilio Conde Herce, es quien firmó el acuerdo entre Quirón Prevención y el empresario para que este transfiera el encargo que iba a completar Maxwell a su otra empresa, Masterman. Por este motivo, la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, solicitó su declaración como testigo cuando pidió que se abriera la pieza separada para indagar, entre otros aspectos, en la compra de Círculo de Belleza, su transformación en Masterman y el uso que le dio González Amador a esta sociedad sin infraestructura ni empleados. 

El fiscal: “Quirón va a confirmar todo lo que diga Amador”

La postura de Quirónsalud en la causa judicial fue descrita por el fiscal en el escrito por el que apoya la apertura de la pieza separada por corrupción en los negocios. “La defensa [de González Amador] no ha dado explicación alguna de por qué el investigado pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”, arranca diciendo.

Y añade el fiscal: “Que aporte un ‘certificado’ firmado por Emilio Conde Herce –alto cargo de Quirón Prevención y al que la acusación popular señala como partícipe en estos manejos– evidentemente no es una prueba de cargo creíble. Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga el investigado González Amador es algo que ya apreció la Inspección Tributaria, según observa la inspectora en su informe. Sus razones tendrá para ello la mercantil”.

Los trabajos que González Amador y Quirón Prevención pactaron que hiciera Masterman, pese a no contar con medios ni personal, consistía en la expansión a Latinoamérica y la implantación de un certificado para la Fundación Jiménez Díaz, el centro hospitalario de referencia del grupo. Ese mismo día, el 15 de diciembre de 2021, la sociedad Maxwell emite una factura con destino a Masterman en concepto de “consultoría de sistemas a clientes” por valor de 726.000 euros, IVA incluido. De esta forma, concluye la Agencia Tributaria, los ingresos procedentes de Quirón Prevención acaban en la sociedad que González Amador, a través de su sociedad Maxwell Cremona, había comprado a la mujer del presidente de esa división de la compañía. 

Al día siguiente, el 16 de diciembre de 2021, Maxwell Cremona transmite la totalidad de las participaciones de Masterman al propio González Amador por importe de 3.300 euros, a 10 euros cada acción. De este modo, la facturación a Quirón Prevención acaba en el bolsillo de la pareja de Ayuso, tal y como describe la jueza en uno de sus autos y le permite concluir que la única función de Masterman es la de actuar como “sociedad pantalla” para evitar el pago de impuestos. En palabras de la Agencia Tributaria se trata de “una operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria”.