Las familias de 38 fallecidos por las inundaciones y barrancadas el día 29 de octubre por la fatídica DANA han abandonado el asesoramiento jurídico para la acusación particular de la asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos. El motivo, la polémica reunión entre su presidente, Joaquín Amills, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que no fue comunicada ni consensuada con la mayoría de las víctimas, entre otros motivos jurídicos. Los 60 familiares de las 38 víctimas mortales ya buscan nueva asistencia, según ha podido saber elDiario.es.

En el escrito a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, el abogado de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, comunica “la revocación de los respectivos apoderamientos apud acta electrónicos tramitados en su día” de estas familias de 38 fallecidos. “Nos tenga a esta representación procesal y letrada por renunciada para el ejercicio de la acusación particular respecto en de los representados reseñados en el punto segundo de este escrito, manteniéndose la representación al respecto del resto de representados reseñados en su día”, señala en el escrito.

SOS Desaparecidos ejercía la acusación particular de 64 víctimas, con la salida de estos 60 familiares de 38 víctimas, ha perdido casi a la mitad de representados. Y la el cambio de asistencia podría afectar a más representados. Fuentes de las familias consultadas explican que, además de la reunión con el presidente de la Generalitat, tampoco están contentos con la personación. “Un solo penalista no puede llevar toda la causa, queremos un equipo de juristas de cuatro personas”, argumentan. Además, tampoco consideran que la representación “pro bono” sea la adecuada, y prefieren pagar la asistencia letrada.

En la reunión con Mazón, Amills pidió a Carlos Mazón que “se depuren todas las responsabilidades” por la gestión de la DANA, lo que conlleva su “dimisión” del cargo, y que pida “perdón” a las víctimas. La reunión se prolongó durante más de dos horas, donde el propio Mazón le habría reconocido que “todo falló” el día 29 de octubre.

A la salida del encuentro, que desconocían la mayoría de representados, Amills apuntó que ha trasladado al president el “dolor de cada familiar” y le pidió que acuda al juzgado de Catarroja a declarar voluntariamente. Según dijo, se ha adoptado un compromiso para que haya “un teléfono a disposición de los familiares” por si quieren reunirse en privado con el jefe del Consell. A cargo de ello estaría una conocida suya que fue Guardia Civil, persona de la que no ha dado más datos.

“Eso no desvirtúa lo que pensamos, lo que piensan los familiares, lo que quieren los familiares, lo que estamos reclamando hará casi cinco meses, con el hecho de que vayamos abriendo puertas que puedan ayudar, de forma paralela y sin ningún tipo de compromiso, a los familiares”, expresó.