En la operación ‘salvar al soldado Carlos Mazón’, en la que el Gobierno valenciano lleva inmersa seis meses, la Generalitat cae en constantes contradicciones. Desde la tesis del “apagón informativo” hasta la implicación del presidente en la gestión de la emergencia y su propio paradero, con multitud de cambios de versión y sin apenas pruebas documentales. Hay un completo silencio sobre el 29 de octubre. No hay, hasta la fecha, ni una factura que acredite que se produjo la comida en El Ventorro y su finalización, ni un listado oficial de las llamadas que hizo el presidente, ni una grabación o registro que acredite a qué hora regresó al Palau a trabajar. Sí la hubo, cuatro meses después, del presidente entrando al Cecopi, cuando la Generalitat necesitó cambiar de versión para seguir su estrategia judicial.

El Ejecutivo autonómico ha respondido a la oposición, que ha pedido la copia de las cámaras de seguridad de aquel día, que ha procedido a aplicar la ley que regula los sistemas de videovigilancia en la vía pública. Es una forma de confirmar que se han borrado las grabaciones, dado que la norma indica que se almacenan durante un mes, salvo que se relacionen con infracciones en materia de seguridad pública. En concreto, que “las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto”.

Los socialistas y Compromís hicieron la petición de documentación el 26 de febrero, cuatro meses después de la riada, ya pasado notablemente el plazo. No consta que la jueza instructora de la causa haya pedido estas grabaciones, dado que el presidente ni está imputado ni citado como testigo, y solo puede declarar de manera voluntaria.

El Ejecutivo autonómico avala la decisión en un informe de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, responsable de la seguridad del Palau desde 2023. La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, reiteró este martes en rueda de prensa que “las imágenes se borran cumpliendo con lo previsto en la ley” y trasladó la responsabilidad a la policía jefa de seguridad. La norma establece que se custodien durante un mes, pero, apuntó la portavoz, “hay un informe de la propia comisaría, que les voy a leer para que no haya ninguna duda”.

El informe dice: “En estos momentos las videocámaras del Palau de la Generalitat conservan las imágenes en un plazo máximo de 15 días. Pasado este tiempo, salvo que hayan sido requeridas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la forma prevista en la ley, se borran. El procedimiento de borrado se da por superposición de nuevas grabaciones a las ya existentes’.”. “Es decir – continuó la vicepresidenta-, se actúa de la misma manera que se actúa siempre. No hay ninguna excepción, es algo que está regulado y que se hace”.

El informe se realiza a raíz de las preguntas parlamentarias del PSPV y Compromís, que reclamaron la copia de las grabaciones el pasado febrero. La responsable de seguridad del Palau a la que alude Camarero es la inspectora jefa Pila Bojó, también a cargo de las Oficinas de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género. En el caso del Palau de la Generalitat, las grabaciones las custodia un encargado del tratamiento de imágenes, que también debe ser responsable ante la Agencia de Protección de Datos. Guardarlas o no es una acción de carácter voluntario y su borrado, como indica el informe al que alude el Consell, es automático si no hay una orden contraria, apuntan fuentes conocedoras de la seguridad. elDiario.es ha tratado de recabar la versión de la Conselleria de Emergencias, de quien depende la unidad adscrita, sin éxito. Con todo, los testimonios de los escoltas y el personal del Palau pueden suplir este testimonio.

La falta de pruebas documentales sobre la entrada o salida del presidente del Palau de la Generalitat choca con la de su entrada en el Centro de Emergencias de l’Eliana, donde se estaba desarrollando el Cecopi con todos los mandos de la emergencia. Tras meses jugando a la ambigüedad, apuntando que Mazón llegó “a partir de las 19 horas”, el pasado 25 de febrero la Generalitat filtró un informe a la Agencia EFE donde aparecían capturas de pantalla de las cámaras de vigilancia que indican que el presidente entró por la puerta del centro a las 20.28 horas, saludando en un tono distendido. El informe, elaborado por un responsable de Seguridad de la Agencia de Emergencias, está fechado el 18 de febrero, casi cuatro meses después de la DANA, lo que indica bien que se conservaron las imágenes, bien que se realizaron pantallazos de forma preventiva. Miradas en detalle, se observa que las imágenes proceden de un pantallazo al ordenador en el que se está reproduciendo el vídeo, algunos detalles técnicos (el nombre y peso del archivo en formato JPG) y no de la cámara en sí.

La vigilancia del Centro de Coordinación de Emergencias corre a cargo de una empresa de seguridad privada y se rige por otra norma, al ser una infraestructura crítica. De hecho, el pasado enero el Consell aprobó un contrato de emergencia para “refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) situado en L’Eliana, con un importe de adjudicación de 6.070,02 (IVA incluido) a la empresa Med Seguridad SA”. El centro se rige por la ley de infraestructuras críticas, que apunta que debe designar a un responsable de seguridad; en este caso, un funcionario que trabaja en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. No serían, por tanto, susceptibles de esa restricción de un mes para su borrado como las del Palau u otro edificio público. Pero choca el doble rasero del Ejecutivo: para exculpar al presidente, no hay problema en disponer de los recursos audiovisuales; para acreditar su paradero en las horas clave de la emergencia, no se dispone de información.