El Tribunal Supremo acepta investigar al eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez por financiación ilegal de partidos tras haber recibido 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su campaña al Parlamento Europeo, tal y como desveló elDiario.es. El alto tribunal admite la exposición razonada en la que el juez de la Audiencia Nacional que investiga por estafa a ese empresario de criptomonedas pedía abrir una causa contra él al considerar que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal. 

El Supremo también abre una segunda causa contra Alvise Pérez por difundir una falsa prueba PCR del exministro y president de la Generalitat de Catalunya Salvador Illa. En este caso, la Sala de lo Penal le atribuye presuntos delitos de falsedad en documento privado e injurias en relación a esos hechos ocurridos en 2021. El tribunal designa instructor al magistrado Javier Hernández.

En relación a los 100.000 euros que recibió de un empresario y sus tratos con este, la Sala de lo Penal sostiene que son hechos que remiten a los delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental y que, en el caso del eurodiputado, podrían ser subsumidos en el delito de financiación ilegal de partidos. También abre causa contra el empresario, Álvaro Romillo, y nombra instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Además, admite la personación del PSOE como acusación popular si abona una fianza de 15.000 euros.

El juez José Luis Calama afirmaba en su exposición razonada, que la investigación ha evidenciado que el eurodiputado de Se Acabó La Fiesta (SALF) solicitó la colaboración del empresario Romillo para crear un monedero virtual para recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público. Unas donaciones que, a su juicio, estaban destinadas a financiar su campaña de las europeas y que su interés era que “no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”, tal y como explicó Alvise en uno de los mensajes enviados al empresario.

El juez sostenía que tanto la apertura de ese monedero virtual como la entrega de 100.000 euros tenían la “intención” de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club, que cerró sorpresivamente el pasado septiembre dejando atrapados a miles de inversores.

En su exposición razonada, Calama afirmaba que, de esta forma, el empresario perseguía conseguir nuevos clientes a los que venía cobrando un 10% de la inversión. “Esta comisión la compartiría con Luis Pérez [Alvise] si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido”, recoge su exposición razonada. En este sentido, el magistrado aludía como “primer acto de colaboración” al evento que su club financiero organizó en el Hipódromo de la Zarzuela la pasada primavera y en el que participó Alvise.

En este evento, el entonces aspirante a eurodiputado defendió la plataforma de negocio de Romillo y alabó que quedaba fuera de cualquier control financiero y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella. También expuso su programa electoral basado en la supuesta “libertad financiera”. Tras ese evento, el empresario comunicó a Romillo que habían recaudado 100 millones de euros en 53 minutos, según recogen los mensajes aportados a la causa.

El pasado 27 de marzo, la Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Alvise Pérez por estos hechos y pidió que se pusieran en marcha varias diligencias: que se investigue el tráfico de dinero en las ‘wallets’ que Romillo creó para él, que el eurodiputado justifique todos sus pagos durante la campaña y que se examinen sus cuentas bancarias y las del partido.

Archivo de la causa por los disturbios de Ferraz

En otro auto, la Sala acuerdo no abrir causa contra el eurodiputado por un presunto delito de desórdenes públicos en relación con las protestas por la ley de amnistía en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Un juzgado de Madrid pidió su imputación por promover altercados multitudinarios en unas manifestaciones en las que Alvise llegó a liderar una multitud de miles de personas a las que llevó hasta las inmediaciones del Congreso para después anunciar que se marchaba a su casa “a cenar”. La Sala considera que de la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid “no resultan elementos necesarios y suficientes para determinar la instrucción de una causa penal por los hechos relacionados en la misma”.