“Del análisis de los hechos descritos y la normativa aplicable se deduce que la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de acceso a la información pública y a los derechos de las personas migrantes y de los menores”. El Síndic de greuges se pronuncia así en la resolución de la apertura de investigación [documento completo al final de la información] tras la denuncia realizada por el PSPV sobre varios casos detectados en centros de acogida dependientes del Consistorio que preside María José Catalá (PP) en los que se separa a unidades familiares, dejando sin plaza al padre de familia, y dando asistencia tan solo a la madre y a los hijos.

El escrito del defensor del pueblo valenciano recoge un resumen de la denuncia de la concejala socialista, Maite Ibáñez, en el que pone de relieve que “el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la Obra Mercedaria de València (OMV) con la finalidad de ofrecer acogida integral a familias en situación de vulnerabilidad social”. Según el citado convenio, prorrogado por última vez el pasado 27 de diciembre, “la acogida se llevaría a cabo en la residencia ‘El Torreón’ (ubicada en Rocafort) con un total de 20 plazas”.

Tras denunciar que los servicios municipales le han denegado la información solicitada sobre la actividad del centro, relata que se personó en la residencia el pasado 12 de marzo: “Durante la visita a la residencia al centro de acogida El Torreón, pude constatar que, a instancias de la Concejalía de Servicios Sociales como el Centro de Atención a la Inmigración (CAI) del Ayuntamiento de València, se están separando familias de migrantes. Concretamente, varias de las mujeres acogidas en el centro me manifestaron permanecer en la residencia ‘El Torreón’ en compañía de sus hijos menores (en alguno de los casos menores recién nacidos), pero sin sus cónyuges (progenitores de los menores) debido a que los Servicios del Ayuntamiento y el CAI les denegaron la acogida en dicho centro por el simple hecho de ser varones. Es más, el Ayuntamiento no ofreció a estos hombres un lugar de acogida alternativo, sino que, simplemente, se les dejó en lista de espera para poder ser acogidos en el momento que hubiera disponibilidad”.

Sin embargo, siempre según el relato que recoge el escrito del Síndic, “hasta ese momento, estas personas se ven abocadas a vivir en la calle y separadas de sus familias. Estos hechos fueron reconocidos por la Directora del Centro de atención a la inmigración (CAI) y el Jefe de Sección de Inmigración; Convivencia y Cooperación quienes lo intentaron justificar con una ausencia de recursos suficientes para atender a todas las personas”. La edil socialista destaca además que el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la entidad que gestiona el centro establece que se ofrecerá “acogida integral a familias en situación de vulnerabilidad social”.

En relación con lo anterior hay que tomar en consideración que, “al negarse que los padres puedan convivir con sus cónyuges e hijos, se hace imposible que el personal de acogida pueda prestar los servicios más básicos y acciones de inserción laboral a las mujeres acogidas ya que, al estar solas con sus hijos menores, se ven obligadas a dedicar todo su tiempo al cuidado de los menores”.

A continuación, el Síndic recoge la respuesta que dio el 19 de febrero la Concejalía de Bienestar Social respecto a las solicitudes de información, en la que explica que “la contestación a esta cuestión provoca que los Servicios de esta Concejalía dediquen un tiempo extraordinario que obstaculiza la labor diaria”.

Al respecto, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha acusado de “racismo institucional” al Gobierno de Catalá por estar mandando “a personas a dormir a la calle, separándolas de sus hijos y de sus hijas y contradiciendo cualquier tipo de respeto a los derechos humanos e incluso a los derechos de la infancia”. Por su parte, Maite Ibáñez ha calificado las políticas de Catalá en materia de inmigración de “crueldad” y ha detallado que los socialistas han denunciado dos casos concretos de separación de menores de sus padres en centros municipales, aunque ha subrayado sus sospechas de que esta práctica puedan ser generalizadas.

Ibáñez ha recordado que las listas de espera tanto del CAI como del CAST se han disparado desde 2023 igual que el número de atención a personas sin hogar, que ha pasado de 184 a 341. Al mismo tiempo, ha denunciado, el Ayuntamiento cerraba el Casal d’Esplai de Rocafort con 48 plazas, renunciaba al recurso del Torreón con otras 20 plazas, cierra el centro del Carmen y pone en riesgo las instalaciones de Benimàmet porque ninguna entidad quiere atender las condiciones impuestas. 

Desde el gobierno municipal la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, sostiene que la prioridad del gobierno es atender a las familias vulnerables y ha acusado a la izquierda de no construir albergues en sus ocho años de Gobierno. Torrado ha anunciado que a partir de mayo el centro de atención a las urgencias sociales va a pasar a abrirse durante todo el año para atender a familias en situación de necesidad. Este centro ubicado en la calle de Santa Cruz de Tenerife se va a ampliar para atender a 25 personas y familias. Además, la ONG Fundación Conciénciate abrirá un nuevo centro para atender a familias, lo mismo que San Juan de Dios que “en breve” habilitará un centro de acogida para familias “este año”.

Compromís denuncia la eliminación de ayudas directas

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, ha denunciado que el gobierno de Catalá ha eliminado las ayudas nominativas destinadas a cinco entidades que trabajan activamente por la convivencia y la integración de las personas migrantes en nuestra ciudad. 

Según la edil, estas entidades (Moviment per la Pau, La Casa Grande, València Acull, Asociación Intercultural Candombe y Movimiento contra la Intolerancia) desarrollan desde hace años el proyecto ‘Xarxa Apuja el To contra el Racisme’, que involucra a los centros educativos en la lucha contra la xenofobia y la promoción de la convivencia intercultural. Según Beamud, el Gobierno de Catalá ha decidido eliminar drásticamente estas ayudas y pasarlas a un sistema de concurrencia competitiva a partir del curso 2025-2026.

Para Compromís, este movimiento no es casual. Se trata de una nueva muestra de cómo la política municipal está totalmente condicionada por los postulados de la extrema derecha, en una línea idéntica a la seguida por Carlos Mazón desde la Generalitat Valenciana. “El pacto del PP con Vox ha tenido consecuencias directas sobre los colectivos más vulnerables, y las personas migrantes vuelven a ser el blanco de estos recortes ideológicos”, denunció Beamud.