Aportó un vídeo de los hechos y un parte de lesiones. Pidió una investigación exhaustiva de la agresión de dos vigilantes de seguridad en plena calle en 2022. Pero la jueza rechazó abrir una causa para indagar en los hechos y absolvió a los agentes tras un juicio por delito leve.

Tras agotar las instancias judiciales en España, este joven de Barcelona, que tenía 16 años cuando fue reducido con contundencia en plena calle por dos agentes de seguridad privada del Metro, ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Representado por el centro Irídia, denuncia la falta de investigación efectiva de su agresión por parte del sistema judicial, una mala práctica que en el pasado ya le ha valido condenas a España.

“La falta de diligencia del juzgado y de la Fiscalía para investigar los hechos fue total”, ha lamentado el abogado de la víctima y de Irídia, Ton Mansilla. El juzgado absolvió a los vigilantes de seguridad tras dar por probada su palabra, esta es, que el joven estaba “alterado” y que por eso se le tuvo que reducir.

La agresión ocurrió en noviembre de 2022. Al intentar acceder a la estación, el contactless de su tarjeta de transporte no funcionó, pese a ser válida y vigente. Pasó por detrás de su pareja sin llegar a validar su tarjeta. Los agentes lo vieron y empezó una persecución que terminó en plena calle, fuera de las instalaciones del metro.

Los agentes nunca denunciaron al menor. En el vídeo de los hechos, que encabeza esta información, se aprecia que los agentes hacen caso omiso a los avisos de la mujer que acompañaba al menor y que les advertía de que estaban ahogando al menor porque le agarraban del cuello mientras lo reducían.

Este caso particular ha servido a Irídia para denunciar que los juzgados no indagan de forma exhaustiva las denuncias de malos tratos. “El sistema judicial falla en la investigación de las denuncias de torturas por parte de agentes de autoridad, ya sean vigilantes de seguridad privada, funcionarios de prisiones, policías o CNI”, ha aseverado la directora de Irídia, Anaïs Franquesa.

La coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella, ha alertado que los “fallos” de la Justicia a la hora de investigar malos tratos “hace que las víctimas lo perciban como un sistema injusto y arbitrario”. “La impunidad debilita el Estado de Derecho”, ha agregado.

De los 49 procedimientos que lleva Irídia contra agentes de la autoridad, en 32 el algún momento se ha archivado la causa, se ha tramitado como delito leve o se han archivado sin practicar todas las diligencias para esclarecer los hechos. Ello ha comportado que las instancias superiores (la Audiencia Provincial) corrijan a los jueces de instrucción en 24 casos y ordenen investigar debidamente los hechos.

“Los juzgados de instrucción no investigan adecuadamente, asumen de forma incuestionable la versión de la policía sin contrastar adecuadamente con la de las denunciantes”, ha criticado Olivella.

Cira Martínez, psicóloga de Irídia, ha explicado que la falta de investigación de las denuncias de torturas y malos tratos empeora el trauma de las víctimas: “Se sienten solas y que toda la presión recae en ellas”. Irídia ha denunciado que, además de jueces y fiscales, la desidia a la hora de indagar en estos hechos se extiende a los forenses de los juzgados, que no evalúan correctamente la afectación en las víctimas.

Para cambiar esta situación, Franquesa ha reclamado “más y mejor” formación de jueces y fiscales en derechos fundamentales, además de crear juzgados y fiscalías especializadas y un organismo independiente de control de las actuaciones policiales.