El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha nombrado a nueve nuevos vocales de la Comisión General de Codificación, el órgano que le asesora en la realización de nuevas leyes o reformas legislativas y realiza dictámenes a petición del Gobierno. La incorporación de estos expertos —siete mujeres y dos hombres— supone que el órgano avance en paridad e incluya por primera vez a una persona trans entre sus miembros. Se trata de la catedrática de la Universidad de Valladolid y activista LGTBI Marina Echevarría Sáenz, que ha participado en la redacción de varias normas autonómicas de identidad de género y en la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Echevarría Sáenz se incorporará a la sección de Derecho Mercantil. 

Tras los nombramientos realizados por el departamento que dirige Félix Bolaños, la Comisión General de Codificación queda integrada por 146 vocales, 69 de los cuales son mujeres (47,2%). Según la última relación de miembros, este órgano estaba formado hasta la actual renovación por 84 hombres y 65 mujeres. Esto es, ellas suponían el 43,6% del total. Desde el pasado agosto, la ley de representación paritaria impone el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en los órganos de decisión de la Administración General del Estado. Era una previsión que este órgano ya cumplía, aunque ahora con una representación más igualitaria. 

Fuentes del Ejecutivo destacan que la Comisión General de Codificación es un órgano que exige una transformación que debe ir paralela a la propia evolución y desarrollo de la sociedad. Y sostienen que por ello es el momento de incorporar perfiles que encajan con los procesos de transformación del contexto político, cultural, de los valores y principios sociales que nos mueven. “Personas que son reflejo de la sociedad moderna, feminista, comprometida con los derechos y los valores sociales que hacen crecer las sociedades”, dicen estas mismas fuentes. Todos ellos colaboran en la Comisión sin recibir ninguna retribución. 

En un mensaje en su cuenta de X, la Fundación Triángulo ha mostrado su satisfacción por la inclusión de Echevarría Sáenz en este órgano. “Alegría absoluta porque Marina Sáenz ha sido nombrada para la Comisión General de Codificación, órgano de enorme prestigio en el ámbito mercantil. Fue la primera mujer y trans Catedrática de Derecho mercantil, y ahora vuelve a ser pionera. Enhorabuena querida”, escribió la organización.

Así, además de la citada Marina Echevarría, a esa misma sección se incorpora María Victoria Petit, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Jaume I de Castellón, magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Castellón y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. En la sección de Derecho Público ingresan cuatro nuevas juristas: Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público (UNED) especializada en Derechos Humanos y exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU; Carlos Javier Moreiro, catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid; Javier García, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Complutense; y María Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Valencia. 

Tres juristas más se incorporan a la sección de Derecho Procesal. Se trata de Mercedes Llorente, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, cuyos trabajos de investigación se centran en temas como la violencia de género; Yolanda Valdeolivas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y antigua secretaria de Estado de Empleo; y Mar Jimeno, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Burgos.

En 2018, con Rafael Catalá (PP) como ministro de Justicia, este órgano estuvo en el centro de la polémica después que trascendiera que su sección de Derecho Penal estaba formada solo por hombres cuando recibió el encargo de estudiar una reforma de los delitos sexuales. La decisión de Catalá provocó una enorme polémica a la que el ministro reaccionó proponiendo que se incorporasen mujeres de forma temporal. Casi la totalidad de las catedráticas de Derecho Penal rechazaron esta opción y pidieron su incorporación como vocales permanentes. Los miembros de la comisión se negaron a comenzar los trabajos hasta que las expertas juristas no se incorporasen de forma definitiva, como finalmente ocurrió.