“Quiero irme a casa, nadie me va a creer”. Es la frase que repetía la mujer que denunció por agresión sexual a Dani Alves después de salir del cuarto de baño de la discoteca en la que sucedieron los hechos. Mientras sus amigas –y más tarde, personal de la discoteca, sanitarios y Mossos– la atendían, la mujer insistía en dos preocupaciones: que nadie fuera a creerla y que su identidad se filtrara a la prensa si ella denunciaba. Aunque su caso despertó la solidaridad feminista desde el principio y sirvió como ejemplo acerca de la utilidad de protocolos eficaces, sus temores se han confirmado, al menos en parte. Si durante la investigación y el proceso judicial, el entorno del futbolista filtró imágenes e información sobre ella, ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no cree en su relato, aunque admite que fue “persistente” en el tiempo.

La joven, dijo su abogada, ha vuelto a sentir que estaba en el baño de esa discoteca. Y no solo ella: la duda sobre el relato de una mujer que tenía pruebas poco frecuentes en un caso por violación, se cierne sobre todas. ¿A quién van a creer?, ¿qué hace falta para que te crean?, ¿cómo seguir adelante si has decidido denunciar mientras ves en la tele que ni el testimonio de esta mujer ni las pruebas periféricas con las que contaba han servido?, ¿qué haces si en tu caso tienes aún menos de lo que tenía esta joven para acudir a la justicia?

“Nunca habíamos recibido una avalancha de mensajes con tanta preocupación después de un caso mediático como ahora”, señala Isaac Guijarro, socio de Olympe Abogados. Cuando el viernes, el TSJ de Catalunya anunciaba la absolución de Dani Alves y argumentaba, entre otras cosas, que “la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato”, varias de sus clientas les escribieron “absolutamente en pánico”. “Es un retroceso legal, vuelve por lo menos diez años atrás en hasta qué punto de credibilidad y fiabilidad le podemos exigir a las víctimas de agresión sexual con el trauma y el estigma social que conlleva la violencia sexual”, asegura Guijarro, que considera que si el Supremo convalida esta sentencia los estándares de credibilidad que se les exigirá a las víctimas serán “irreales y desproporcionados”. “No se puede pedir perfección”, zanja.

En cuanto al Supremo, la cuestión sobre los requisitos para condenar o absolver en segunda o tercera instancia entraña una enorme complejidad técnica. Las condiciones para condenar, tras un recurso, a alguien que ha sido absuelto son mucho más estrictas, toda vez que el derecho a la presunción de inocencia es la piedra angular del sistema penal. Además, difícilmente se resuelva este año o incluso el que viene.

El clima social anima… o inhibe

En este caso, la mujer denunció la agresión a los pocos minutos de salir del baño de la discoteca. Le contó lo sucedido a amigas y a personal del local, también a los Mossos d’Esquadra, que llegaron rápidamente, y a los médicos que la atendieron esa madrugada. Tanto en comisaría, ante la jueza de instrucción y en el juicio celebrado un año después mantuvo su relato. Las personas que la atendieron esa noche acudieron como testigos y avalaron su versión. Los Mossos constataron que las imágenes de las cámaras de seguridad eran coherentes con el relato. La denunciante tenía también el informe de su exploración médica inmediata y un estudio psiquiátrico sobre su estado posterior. La víctima llegó inicialmente a renunciar a cualquier indemnización posible para intentar así reforzar su credibilidad y sacudirse el estereotipo de mujer que denuncia para obtener algo a cambio.

Guijarro cuenta que varias mujeres a las que estaban atendiendo se están planteando dar marcha atrás después de conocer la decisión del TSJ de Catalunya. “Igual que cuando salió la primera sentencia hubo mujeres que dieron un paso adelante porque sentían que habían creído a la víctima, ahora hay mujeres que nos dicen que no saben si seguir con su procedimiento o algunas que estaban a punto de denunciar, ahora sienten que tienen menos pruebas de las que tenía esta mujer…”, relata. Otra de sus clientas, denunciante también de violencia sexual, declara en los próximos días. Tiene tanto miedo a contradecirse en cualquier mínimo detalle que teme que la presión le haga desmayarse en la sala.

Que este tipo de casos y decisiones judiciales tiene impacto para bien y para mal lo sabe también Sonia Cruz. Psicóloga especializada en violencia sexual que lleva años atendiendo a víctimas y formando a otras terapeutas, confirma que los casos en los que hay apoyo social y judicial “alientan y empoderan” a las mujeres a acudir a la justicia porque sienten que es un indicador de que “hablar va a ser seguro”.

“Sentir que hay otras como tú, que se atreven a contarlo y denunciarlo, a pasar por eso, desculpabiliza y reduce la vergüenza”, afirma. De hecho, los datos hablan de un cambio en el clima social, que desde 2014 ha propiciado un aumento de las denuncias. En la última década, las denuncias por violencia sexual se han duplicado como consecuencia de una mayor concienciación social gracias a una ola feminista que ha tenido el #MeToo y el #YoSíTeCreo como ejes centrales, y un aumento de los recursos públicos para atenderla.

Pero de la misma manera que las noticias alientan, también puede suceder al contrario. “Cuando ven que se ataca a las mujeres que denuncian, cuando se pone en tela de juicio todo comportamiento de las víctimas… eso supone un retroceso en los procesos de terapia, tanto cuando se están pensando si denunciar como si están en el proceso judicial o incluso si ya lo han tenido”, asegura Sonia Cruz. Sentir que la justicia no ha creído a esa mujer que no conoces pero cuyo caso te hace revivir el tuyo, te revictimiza.

El riesgo es que, después de conseguir crear un clima social algo más favorable a hablar y denunciar, vivamos un retroceso. Lo alertó la Asociación de Mujeres Juezas, que ha señalado en un comunicado que si esta sentencia se confirma existe un claro riesgo de que se generen “situaciones de impunidad”. Si bien la sala del TSJ de Catalunya que ha absuelto a Alves tiene fama de ser especialmente garantista, la asociación denunciaba que la “alta exigencia” que se aplica a la víctima, “diseccionar” sus declaraciones “atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios, sin atender al relato global y a los elementos de corroboración periférica” podría desembocar, precisamente, en situaciones de impunidad que afecten especialmente a mujeres y a la infancia, víctimas mayoritarias de estos delitos.

El abogado Isaac Guijarro está de acuerdo y teme que esta y otras sentencias que están produciéndose inhiban a muchas mujeres. Algo parecido argumenta la psicóloga Sonia Cruz: “Que vivamos en esta sociedad que pone el foco todo el rato en nuestro comportamiento sexual ya hace que dudemos, callemos, que nos culpemos por cualquier cosa, pero si encima has vivido violencia sexual, aún más. Si la justicia no puede garantizar respuestas reparadoras, la experta ve importante acudir a procesos terapéuticos con enfoque de género que, haya denuncia o no, ayuden a las mujeres para que ese tipo de ideas y emociones no se hagan fuertes dentro de ellas.

¿Por qué no se cree a las mujeres“, se preguntaron las expertas en comunicación y cultura Sarah Banet-Weiser y Kathryn C.Higgins en su reciente libro Credibilidad (Barlin Libros). Más allá de estereotipos, las expertas hacen todo un análisis de lo que llaman economía de la credibilidad, esto es, de cómo los factores históricos, culturales, económicos, políticos o tecnológicos contribuyen a determinar la credibilidad de los distintos sujetos y su capacidad para decir ‘la verdad’. Y concluían: ”Insistimos en que la búsqueda de la justicia sexual exige un giro esencial hacia la cultura, ya que las verdades, los hechos y las pruebas significan poco en una sociedad que ya ha decidido que las mujeres –y la violencia sexual en general– son in-creíbles por defecto“.