La Fiscalía de Cádiz ha reclamado al Gobierno de Juan Manuel Moreno que aclare “las razones de su cambio de posición procesal” en el caso que investiga al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un supuesto delito de malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en esta provincia en el ejercicio 2021.

La causa judicial parte de una denuncia interpuesta por Podemos contra el SAS en cuatro provincias andaluzas, pero sólo en Cádiz se han abierto diligencias previas. La magistrada Rosa García, que instruye el caso, aceptó la personación de la Junta de Andalucía como “parte perjudicada”, después de rechazar dos intentos previos de acceder a la instrucción sin aclarar su posición procesal. Una semana después, los abogados del SAS solicitaron a la jueza una personación distinta, esta vez como “responsable civil subsidiaria”, asumiendo, por tanto, el reintegro del dinero público que supuestamente se ha menoscabado con el fraccionamiento de contratos.

La jueza pidió a las partes que se pronunciasen sobre este inédito cambio de criterio por parte de la Junta y, hace unos días, el Ministerio Público le hizo llegar su escrito de alegaciones, en el que reprocha a los abogados del SAS que se personasen primero como parte perjudicada y, una semana después, pidieran personarse como responsable civil subsidiario sin explicar siquiera si es un cambio de posición procesal o si pretenden compaginar ambas. “Habría sido de desear que el SAS explicara, porque no lo hace, cuáles son las razones de su cambio de postura”, advierten a este periódico fuentes de la Fiscalía.

Con todo, el Ministerio Público no da excesiva importancia a los pasos que está dando el Gobierno andaluz para acceder a la instrucción del caso de los contratos troceados, porque la causa se encuentra en una fase muy incipiente. “Lo que pretenda el SAS por ahora carece de mayor trascendencia”, dicen. La fiscal está a la espera de que se practiquen las diligencias que ha pedido a la jueza a fin de poder concretar contra quién se dirigirá el procedimiento, y eso, avisan, “es lo que determinará cuál será la posición procesal del SAS”.

Ni la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, ni la portavoz del Ejecutivo y consejera de Hacienda, Carolina España, han querido explicar públicamente el cambio de posición procesal de la Junta en la causa de los contratos sanitarios troceados. Fuentes de la Consejería de Salud advierten de que la estrategia de los letrados del SAS es autónoma y se niegan a valorar los pasos que está dando en este procedimiento, aunque sí insisten en que “todo quedará archivado”.

En este momento, el Gobierno de Moreno tiene dos causas judiciales abiertas relacionadas con los procedimientos de contratación a dedo del SAS. Un juzgado de Sevilla investiga un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024 -por más de 234 millones de euros- amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

La Junta no se ha personado en esta causa, pero sí lo hizo en la instrucción del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz, que investiga el troceamiento de contratos millonarios del SAS a una misma empresa y por un mismo servicio, vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público.

La jueza ha citado a declarar este miércoles a los interventores del SAS en Cádiz, autores de los informes desfavorables de la Intervención de la Junta que denunciaron el troceamiento “indebido y masivo” de contratos millonarios del SAS, haciéndolos pasar por cientos de contratos menores encadenados -todos destinados a pagar la misma prestación o servicio- para así “eludir” la legislación.

Los auditores pusieron bajo sospecha el gasto total del SAS en contratos menores -en cantidades inferiores a 15.000 o 30.000 euros- que llegó a sumar 234,5 millones de euros al final del ejercicio 2021. El próximo 2 de abril deberán prestar declaración ante la jueza Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, interventores provinciales del SAS en Cádiz; y el día 3 de abril lo harán dos jefas de servicio del mismo departamento, Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.

La Fiscalía de Cádiz se unió a la investigación de los contratos sanitarios troceados, tras reclamar una copia del “extenso” informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que censuraba el procedimiento de fraccionamiento de contratos, para corroborar si hubo “fraude de ley” en los 235 millones de euros que el SAS gastó en 2021 en miles de contratos menores.

En este caso, se trata de un informe de actuación que la exinterventora general de la Junta -recientemente destituida- elevó a la Consejería de Hacienda alertando de posibles indicios delictivos en la contratación del SAS en 2022, consecuencia de no haber cumplido las recomendaciones dictadas por los auditores en ejercicios anteriores para poner fin a la práctica del fraccionamiento de contratos.

Ese informe, que carga contra el procedimiento en sí del fraccionamiento “masivo” de contratos, es de ámbito andaluz, y afecta a la contratación del ejercicio 2022, un año posterior a la investigación abierta en el juzgado de Cádiz, pero con el mismo sistema. Tampoco ese informe de actuación -una suerte de código rojo ante posibles indicios delictivos- hizo que el SAS corrigiera las deficiencias detectadas, puesto que las mismas advertencias reaparecieron en los informes de los interventores provinciales en 2023 y 2024.

Todos esos informes provinciales, adelantados en su día por elDiario.es, motivaron la denuncia interpuesta por Podemos en juzgados de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, pero sólo la primera denuncia ha provocado una apertura de diligencias.