El acuerdo ‘in extremis’ entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo sobre el salario mínimo y el IRPF tiene dos fases. La primera es una deducción “específica” para los trabajadores que cobran este suelo digno de ingresos en 2025 y que, al no adaptarse el umbral exento de tributar a la última subida del SMI, tenían que empezar a pagar al impuesto de la Renta por primera vez.

La segunda parte es “un compromiso por escrito” para que los futuros aumentos del salario mínimo se aborden con el objetivo de que alcancen el 60% del sueldo medio neto aunque empiecen a tributar en 2026.

Una deducción “específica” en 2025

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió a principios de semana que estaban explorando fórmulas para “el pequeño grupo” de trabajadores solteros y sin cargas que cobra el salario mínimo y que en este 2025, tras la última subida, le tocaría pagar IRPF por primera vez (unos 300 euros repartidos durante todo el año). 

Para estos, medio millón (el 20% de los 2,5 millones de asalariados que perciben el SMI en total), se ha diseñado “una deducción específica”. Muchos de ellos son jóvenes, en sus primeros empleos. En la hostelería y la agricultura, principalmente. 

Eso sí, estos contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la Renta para beneficiarse de esa deducción, aunque no están obligados a hacerlo, según ha señalado María Jesús Montero este mismo viernes. Hay que tener en cuenta que todas las nóminas tienen retenciones de IRPF. En 2025, la rentención en el caso de las personas solteras sin cargas es por esos 300 euros mencionados anteriormente.

Un coste de 200 millones este año

El coste de esta medida se sitúa entre los 200 y 300 millones para las arcas públicas. Es decir, para todos los contribuyentes. Un coste muy inferior al que hubiera supuesto volver a adaptar el umbral exento de tributar IRPF a la subida del SMI hasta los 1.184 euros al mes, en 14 pagas. Son 16.576 euros anuales, el salario medio neto en España, según el compromiso del Gobierno y el grupo de expertos que discute cada año esta cuestión.

Al contrario que en anteriores ejercicios, lo que Hacienda se ha negado a tocar es el umbral de ingresos exento de pagar el impuesto de la Renta, que este año se quedaría en 15.876 euros. Es el mismo umbral que en 2024, cuando se adaptó al salario mínimo bruto de ese ejercicio. Ahora, todos los ingresos por encima de esa cantidad pagarían IRPF (también los pensionistas), excepto los asalariados del SMI por la deducción específica acordada con el Ministerio de Trabajo.

El umbral exento beneficia a los pensionistas y otros sueldos cercanos a esa barrera sin obligación de hacer la declaración —es obligatorio a partir de los 22.000 euros, pero también depende de si se tiene más de un pagador u otras fuentes de ingresos—. De esta manera, elevar este umbral suponía un coste de cerca de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

“Compromiso por escrito” para 2026

En las últimas horas, la tensa negociación entre Hacienda y Trabajo se había encallado en los futuros aumentos del SMI. La solución ha sido un “compromiso por escrito” para se aborden las subidas a partir de 2026 con el objetivo de que alcancen el 60% del salario medio neto aunque empiecen a tributar, porque ni se tocará el umbral exento ni habrá una nueva deducción.

“La vocación del gobierno es que en el año 2026 siga subiendo el salario mínimo interprofesional, y que no haya ningún trabajador que esté por debajo del 60% del salario [medio] neto, como firmamos en el acuerdo de investidura y como el grupo de expertos también ha reflejado en los respectivos documentos”, ha explicado este viernes María Jesús Montero.

“Por tanto, ya llegaremos al año 2026 para ver en qué se sitúa, en qué volumen se sitúa la cuantía del salario mínimo interprofesional”, ha añadido. Este “compromiso” contempla una mayor subida del SMI bruto para que se quede en el 60% del sueldo medio neto para todos los trabajadores que lo perciben.

El debate de fondo

En este debate sobre nuestro sistema fiscal, y sobre si es justo o no que el salario mínimo pague impuestos mientras hay agujeros en Sociedades o en las rentas del capital, muchos expertos detectan dos problemas económicos de fondo. El primero, que somos un país precario en general, en el que muchas personas tienen ingresos cercanos al SMI después de las subidas de los últimos años, según se explica en esta información.

El segundo, que el IRPF necesita una simplificación, y no más ‘parches’, para cumplir con los mandatos constitucionales de universalidad (todos debemos contribuir) y progresividad (los que más ganan deben contribuir más).