El sistema para proteger a la infancia migrante que llega Canarias ha »fracasado». Un informe publicado por Amnistía Internacional denuncia las vulneraciones de derechos humanos que sufren los niños y adolescentes en las islas tras sobrevivir a la ruta más mortal del mundo. Casos de violencia en centros de acogida, errores en la identificación de los menores, fallos en la tramitación en la documentación o inspecciones insuficientes en los recursos son algunas de las deficiencias recogidas en este documento.

Amnistía Internacional aboga por el traslado de jóvenes a otras comunidades para aliviar la saturación de la red de protección de Canarias. Sin embargo, mientras se cierra este acuerdo político que lleva meses bloqueado, »deben revisarse y mejorarse los procedimientos propios», así como la coordinación entre las distintas administraciones que tienen responsabilidades en esta materia en la comunidad autónoma. El objetivo es »garantizar de manera plena los derechos de los niños y inñas que se encuentran en su territorio y que no se comprometan sus perspectivas de futuro».

Desde la emergencia humanitaria que vivió Canarias en 2020, el Gobierno autonómico ha apostado por la vía de la emergencia para abrir centros de acogida. Esta herramienta, que permite adjudicar contratos con rapidez, ha derivado en la creación de grandes dispositivos donde conviven hasta 300 menores en condiciones denunciadas por los propios usarios, entidades y trabajadores, tal y como ha publicado este periódico.

»Ratios tan altas impiden crear hogares para los niños y niñas que acogen, elaborar programas educativos individualizados para cada niño o niña, detectar a menores con necesidades específicas o con situaciones de vulnerabilidad», reconocieron desde la Dirección General de Infancia a Amnistía Internacional. Sin embargo, la organización advierte en su informe que se han producido siutaciones de violencia por parte de trabajadores hacia los menores dentro de los centros.

»Estas denuncias implican la falta de un adecuado control o de inspección del funcionamiento de los mismos por parte de las administraciones competentes». En esta línea, Amnistía Internacional se hace eco de una investigación publicada por Canarias Ahora. Entre 2020 y 2024, la Consejería de Bienestar Social había realizado solo 28 inspecciones, según los datos obtenidos después de una solicitud de acceso a la información pública en diciembre de 2024.

Gran Canaria fue la isla con más inspecciones, con 22. En Lanzarote solo hubo tres, todas ellas el mismo día, además. Y en Tenerife también tres. De todos los centros visitados, solo uno repitió: el denominado Los Brezos, ubicado en Santa Brígida, con sendas comprobaciones el 4 de agosto de 2020 y el 29 de septiembre de 2024. Algunos trabajadores con los que pudo hablar esta redacción añadieron que muchas de las inspecciones »se avisan». »Son un paripé», reconoció una trabajadora social de Gran Canaria.

La falta de formación de los trabajadores es otro de los puntos débiles señalados por los propios profesionales del sector. Así lo recoge también Amnistía Internacional, que apunta que en algunos casos se acude a contratar a »porteros de dicsotecas», tal y como reconoció la Fiscal de Extranjería de Las Palmas a la organización.

En el momento de la redacción de este informe, la Fiscalía de Canarias tenía abiertas cuatro investigaciones por supuestos malos tratos y abusos, dos en la provincia de Las Palmas y otros dos en la de Santa Cruz de Tenerife. Por ello, la organización concluye que el Gobierno de Canarias debe garantizar un sistema de inspección y control de los centros, así como habilitar mecanismos para canalizar las denuncias de violencia contra los menores. En esta línea, plantea que el Ministerio Fiscal también debe realizar visitas periódicas y no anunciadas a los recursos.

Fallos en la tramitación de documentación

La organización también pone el foco en los fallos del sistema para garantizar la documentación identificativa que facilite al menor su integración en la sociedad. En el informe se recuerda que la Ley de Extranjería establece que, a instancia del organismo de tutela, se otorgará un permiso de residencia en España. Sin embargo, tal y como alerta la entidad, hay menores que cumplen la mayoría de edad y salen de los centros de acogida sin papeles.

Según revela el informe, una persona de una organización no gubernamental manifestó a Amnistía Internacional “su preocupación” por la existencia de centros de acogida en los que no iniciaban los trámites para la obtención de la documentación en el plazo reglamentario y que, en parte, se debía “al personal de los centros y su cualificación”. El testimonio de un joven incluido del informe señala que su documentación fue denegada debido a que se solicitó fuera de plazo: “Cuando salí del centro de menores nadie me informó de nada, ni siquiera de que darían de baja mi empadronamiento y me retirarían la tarjeta sanitaria”.

Otras trabas en la tramitación de los papeles son las esperas y la burocracia. Según el testimonio de una trabajadora social recogido en el informe, “casi el 50% de los menores se quedan sin documentación por culpa de las demoras en los trámite”. Además, las personas que trabajan en la acogida de menores denuncian que se encuentran “inmersas en una maraña burocrática” que dificulta la obtención del permiso de residencia y trabajo para los menores. “Cuando los menores consiguen la documentación necesaria, esta se queda esperando metida en un cajón”, detalla uno de los testimonios.

Amnistía Internacional hace hincapié en la situación de las niñas, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la escasez de recursos destinados a ellas una vez que dejen de estar bajo la tutela de la administración. “En algunos casos tramitamos la petición de protección internacional, pero en ocasiones tampoco hay plazas en los dispositivos para solicitantes de asilo, con el riesgo que supone que terminen acabando en situación de calle, siendo más vulnerables ante posibles casos de explotación sexual”, señalar en el informe la directora de un centro que aloja niñas en Tenerife.

Vulneración del derecho al asilo

Por otra parte, Amnistía Internacional también alerta de una posible vulneración del derecho al asilo de los menores que han migrado solos. La entidad subraya que ya ACNUR ha manifestado que “más del 50% de la infancia migrante que llega a Canarias podría estar necesitada de protección internacional”. Sin embargo, señala que durante su monitoreo en las Islas ha podido constatar “descoordinación y falta de criterios homogéneos” en su tramitación.

En el informe se recoge el testimonio de un joven maliense que llegó con 15 años y pasó tres años en un centro de menores sin que nadie le tramitara el asilo o su documentación. “A día de hoy no tengo nada, ni pasaporte, ni nada…. Sin documentación no puedo hacer ningún curso, me están diciendo que van a intentar conseguirme documentación por arraigo… Pero a nivel psicológico esto no me ayuda”, sostiene el joven.

Errores en la identificación

Amnistía Internacional teme que la cifra de menores extranjeros es mayor de la que reconocen las autoridades canarias. Según el testimonio de una trabajadora del ámbito de la gestión migratoria y que está recogido en el documento, “no hay datos fehacientes de cuánta infancia migrante no acompañada está llegando a Canarias”. El informe revela que incluso el Ministerio de Migraciones ha reconocido la existencia de menores en los campamentos y que hay muchos chicos que están siendo identificados con posteridad en la Península. En este sentido, el documento detalla que la Junta de Andalucía llegó a dar protección a más de 500 menores que habían sido trasladados desde Canarias como adultos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.20:02

La entidad también se muestra preocupada por los jóvenes que se identifican como menores y que viven en campamentos con adultos. Según se detalla en el informe, el Fiscal de Extranjería de Santa Cruz de Tenerife conocía que “en el campamento de Las Raíces había al menos 300 menores; si bien restó importancia a este hecho porque, según explicó, la situación era luego subsanada”.

Cheikh es un joven senegalés que está en Las Raíces y que contó a Amnistía Internacional que cuando llegó a El Hierro el año pasado le dijo a la Policía que era menor de edad. “No me hicieron caso, me metieron con el resto de los adultos, también lo he dicho aquí, me han apuntado en una lista, pero de momento sigo durmiendo en las carpas con los mayores”.

Por ello, la entidad recalca la importancia de una correcta primera identificación ya que hasta un simple fallo, como poner la fecha de nacimiento mal, puede tener un gran impacto en la vida del menor. En el informe se detalla el caso de tres menores con apariencia de 12 o 13 años a los que la Policía puso en sus fichas que tenían 17 años. En unos meses, los jóvenes tendrán que abandonar el sistema de acogida.