La administración de Donald Trump va al choque con la Justicia. La Casa Blanca ha insistido en que el vuelo de deportación para enviar a más de 200 venezolanos sin papeles a las prisiones de El Salvador este fin de semana despegó antes de que el juez emitiera la orden para bloquearlo. Sin embargo, posteriormente, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha dado a entender este lunes que realmente se ninguneó el freno judicial al cuestionar la autoridad de una orden verbal.

“Todos los vuelos sujetos a la orden escrita emitida por este juez ya habían despegado de suelo estadounidense antes de que el juez escribiera dicha orden”, ha dicho Leavitt. Pero cuando un periodista le ha hecho notar que el juez ya había emitido una orden verbal antes de que el vuelo saliera de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca ha respondido: “Bueno, hay preguntas reales sobre si una orden verbal tiene el mismo peso que una orden judicial escrita. Y nuestros abogados están determinados a resolver estas cuestiones en el tribunal”. Como ya viene ocurriendo desde hace semanas, la administración Trump sigue avanzando en su campaña para erosionar la legitimidad del poder judicial, el único freno efectivo actual contra las aspiraciones del presidente de extralimitarse.

El juez que emitió la orden para bloquear los vuelos de deportación, James Boasberg, ha convocado una audiencia este lunes para pedir explicaciones a la Casa Blanca sobre por qué, aparentemente, ignoró la medida cautelar. En los argumentos orales, la administración ha defendido que “una orden verbal no se ejecuta como una orden judicial [escrita]”, volviendo a poner en cuestión el alcance de los jueces. Con toda probabilidad, tarde o temprano este caso acabará llegando al Tribunal Supremo para que este decida.

El sábado por la tarde, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para acelerar las deportaciones de migrantes vinculados a bandas criminales como la venezolana El Tren de Aragua y la salvadoreña MS-13. Entre otros efectos, la norma prácticamente deja sin proceso judicial a las personas a las que se les aplica. Por este motivo, horas después, Boasberg resolvió bloquearla temporalmente y frenó todos los vuelos de deportación bajo su aplicación, ya que podía provocar “daños irreparables” en los migrantes afectados.

A pesar de la orden cautelar, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el domingo por la mañana que más de 250 venezolanos habían sido deportados a El Salvador bajo la categoría de “enemigos extranjeros” por estar, supuestamente, vinculados al grupo criminal El Tren de Aragua. Incluso el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló con una publicación en X donde escribió: “Ups… demasiado tarde”.

Los familiares de tres venezolanos que en febrero fueron deportados a Guantánamo por ser miembros de El Tren de Aragua denunciaron que se les había acusado falsamente solo por tener tatuajes. Está en el aire la cuestión de si las más de 250 personas deportadas de manera exprés al país centroamericano han pasado por un proceso judicial justo. El Salvador es conocido por tener un sistema penitenciario que vulnera los derechos humanos, con cárceles superpobladas donde las personas se hacinan en las celdas, tal como recoge un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tatuajes e “información” para acusar

En la rueda de prensa, los periodistas preguntaron a Leavitt qué criterios se utilizan para demostrar que las personas deportadas forman parte de El Tren de Aragua, más allá de basarse en los tatuajes, y si no se trata de personas inocentes que, por error, han sido enviadas a una de las prisiones más duras del mundo. La portavoz de la Casa Blanca respondió que utilizan “información” y “el trabajo de los hombres y mujeres sobre el terreno que, bajo la anterior administración, tenían las manos atadas”.

Según publica este lunes el diario venezolano El Estímulo, uno de los venezolanos deportados a El Salvador es un joven de 24 años llamado Francisco, quien ingresó de forma irregular a EEUU. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) comprobó, cuando lo detuvo en 2024, que el joven no tenía antecedentes penales, pero, según cuenta su familia al medio, por tener un tatuaje y haber dicho que creció en Maracay —donde opera la banda— lo vincularon con El Tren de Aragua. La familia había perdido el contacto con él el fin de semana hasta que vio las fotos del vuelo de deportación y lo reconoció.

Venezuela denunció este lunes que el traslado de los más de 200 venezolanos a El Salvador el domingo es un “vulgar secuestro” y afirmó que esta operación se llevó a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso. Además, anunció que pedirá a sus ciudadanos que no viajen a Estados Unidos, ya que no es “un país seguro”.

La Casa Blanca ha confirmado que ha pagado al régimen de Bukele aproximadamente seis millones de dólares para poder deportar a estas personas. Cuando el mes pasado El Salvador puso su sistema penitenciario al servicio de Trump, no solo lo ofreció para retener migrantes condenados por crímenes en Estados Unidos, sino también ciudadanos estadounidenses en la misma situación.

No es el primer desacato judicial

La deportación de estas personas no es la primera vez que Trump desoye a un juez. El juez federal John McConnell denunció que la administración ignoró su fallo del 29 de enero en el que ordenaba reactivar el flujo de ayudas federales destinadas a los programas sociales, que previamente Trump quiso suspender.

En el texto, McConnell asegura que tiene pruebas de que aún hay subvenciones y préstamos federales que continúan suspendidos. Por ello, el juez ha ordenado a los funcionarios que cumplan con el “texto simple” de la sentencia. En la orden emitida inicialmente, McConnell escribió que era “clara e inequívoca y que no hay impedimentos para su cumplimiento por parte de los acusados”. Los abogados de Trump llevaron la orden al Tribunal de Apelaciones bajo la premisa de que “cualquier impugnación legal en su contra [de Trump] no es más que un intento de socavar la voluntad del pueblo estadounidense”.

Hace tiempo que este relato está en marcha por parte de la Casa Blanca. El viernes, en un discurso desde el Departamento de Justicia, Trump se refirió a sí mismo como “el principal jefe de aplicación de la ley en nuestro país”, insinuando que es la máxima autoridad judicial, cuando en realidad ese papel corresponde al Tribunal Supremo y no al presidente, que lidera el Ejecutivo.

El jueves de la semana pasada, el gobierno de Trump presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que elimine una herramienta clave que los tribunales inferiores han utilizado para bloquear varias acciones de su agenda. El equipo legal de Trump pidió al Supremo que frenara o archivara tres órdenes judiciales a nivel federal contra su intento de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. En el recurso de emergencia, se argumenta que los jueces de distrito no tienen autoridad para emitir órdenes generales que bloqueen políticas en todo el país. Si el Supremo acepta el recurso y valida el argumento de que los jueces de distrito no tienen autoridad más allá de su jurisdicción, Trump lograría deshacerse de un obstáculo importante para sus planes.