Miguel Tellado criticó la pasada semana la emisión en La 2 y en el Canal 24 Horas del documental autofinanciado ‘7921’, sobre las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia. Textualmente dijo Tellado que “RTVE es de todos los españoles, no la televisión privada de Sánchez ni el altavoz de su propaganda. Basta ya de secuestrar un servicio público”. Me gusta pensar que muchos de los eslóganes de Tellado son, en realidad, parte de un finísimo ejercicio de autocrítica porque tan solo hace unos días el PP gallego -que tan bien conoce Tellado-, aplicó el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar, sin consenso y con el rechazo del Colexio de Xornalistas y de la Mesa do Audiovisual Galego, la nueva ley de medios de la comunidad: la ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para la sociedad digital.

¿Qué supone esta ley? Si pensáis que mayor control sobre la radiotelevisión pública gallega, enhorabuena, habéis acertado. Lo más grave es que la nueva norma rebaja el apoyo parlamentario necesario para elegir al director general.  Bastará mayoría absoluta si no alcanza una mayoría cualificada en los dos primeros intentos. Pero no solo eso, también desaparecen órganos de control externo con auténtica autonomía. En su lugar, se creará un ‘Consello Asesor externo’ formado por quince personas que, casi en su totalidad, podrán ser elegidas o influenciadas por el propio PP. E incluso se permite por primera vez en la historia de la autonomía la difusión de contenidos en idiomas distintos al gallego.

El Colexio de Xornalistas de Galicia ha sido muy contundente en su rechazo a esta nueva norma que, dice, “contraviene en texto y espíritu el Reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación aprobado por el Parlamento Europeo y de obligado cumplimiento para los estados miembros de la UE”. La ya larguísima lucha por democratizar la corporación ha encontrado siempre un apagón informativo de los medios que dependen de subvenciones de la Xunta. Y tampoco aparece recogida normalmente en tertulias nacionales abstraídas en debates de más rango, con parada informativa habitual en Madrid. Así que apenas se habla, por ejemplo, de que una parte de la plantilla de la CRTVG lleva manifestándose cada viernes desde el año 2018 (es decir, llevan ya 356 venres negros) contra las injerencias de la Xunta en su trabajo. Imaginad si algo así estuviese sucediendo en RTVE, imaginad. 

Y todo esto mientras se produce un ejercicio continuo de desgaste sobre la viabilidad de los entes periodísticos públicos. Los ataques a la radiotelevisión pública no tienen como objetivo fulminarla. El objetivo es más vaporoso: forzar un desgaste que, como un arrecife de coral, con células multiplicándose afanosamente, vaya expandiendo las dudas y socavando la confianza del espectador en su servicio. El objetivo es inquietar sobre la árida economía de un sector que no produce nada tangible. El objetivo a largo plazo es que los medios públicos se vean obligados a justificar su propia existencia.