El concejal de Estepona Blas Ruzafa admitió ante el juez que la contratación y el cese de C.P.B. como cargo de confianza del consistorio fueron ordenados por el alcalde José María García Urbano (PP), que la mujer no entregó ni un solo documento de trabajo en el mes y medio que estuvo contratada y que, a pesar de estar adscrita a su área, solo la vio “circunstancialmente” una vez en el despacho del regidor. Cuando el magistrado le cuestionó, sorprendido, por la falta de control en el ayuntamiento, Ruzafa se encogió de hombros: “No nos va mal”.

C.P.B. y su pareja denunciaron un año y medio después a García Urbano por un presunto acoso sexual cometido por este contra los dos. Esa investigación fue archivada por el mismo juzgado, al entender que no hubo amenazas o coacciones en las relaciones. Los denunciantes han recurrido el archivo.

A su vez, el juzgado de instrucción 5 mantiene abierta la investigación por la malversación cometida, presuntamente, cuando el alcalde contrató a C.P.B. como cargo de confianza. El regidor está investigado en esta causa. La mujer ha declarado que fue “pareja” de García Urbano durante unos dos años. En este tiempo, y durante mes y medio (desde mediados de febrero a final de marzo de 2023), fue cargo de confianza municipal, con la teórica función de comprobar que las farolas, las calles o las macetas del municipio estaban en perfecto estado de revista y estar atenta a lo que se decía en las redes sociales.

C.P.B. es auxiliar de enfermería y no tenía formación o experiencia para esta tarea. Ni siquiera vivía en Estepona, sino en Córdoba. Ella misma declaró que nunca fue a trabajar, ni le explicaron sus funciones ni hizo nada. En mes y medio cobró 5.276,92 euros.

El juez, al concejal: “¿No hay ningún tipo de control?”

Blas Ruzafa compareció como testigo por la presunta malversación el pasado 20 de febrero. Es el concejal que coordina el área de Control Externo, encargada de vigilar el cumplimiento de los servicios públicos municipales, casi todos externalizados en Estepona: limpieza viaria, tratamiento de residuos, limpieza y socorrismo de playas, jardinería, mantenimiento de parques, mobiliario urbano, iluminación, ayuda a domicilio… La ciudad paga más de 44 millones de euros al año por estos servicios. Para vigilar estas contratas el consistorio tiene un equipo de cuatro técnicos, tres administrativos y un inspector de playas. Ruzafa dice que se reforzó con C.P.B., una mujer sin experiencia a la que él nunca conoció.

En su declaración judicial, Ruzafa trazó dos líneas de defensa. Le dijo al juez que el hecho de que un cargo de confianza sea contratado y cesado así, que no exista ninguna constancia documental de su trabajo, que no reportara al concejal responsable (él mismo), que no tuviera acceso a ninguna clave o programa municipal o que no pisara nunca el ayuntamiento (excepto para firmar su contrato) es lo normal entre los cargos de confianza del consistorio, que son fichados y cesados por el regidor.  

“Jamás he visto un informe escrito de un cargo de confianza, no hacen expedientes porque no es su tarea, ni están en el programa Gestiona”, aseguró. El juez se mostró muy sorprendido. “Entonces, ¿cómo se controla eso? Esto es un poco cajón de sastre. Allí se contratan personas con sueldos… bastante aceptables, ¿y no hay ningún tipo de control, no tienen obligación de presentar documentación alguna, rendición de cuentas, informes? ¿Simplemente es verbal, de tú a tú, con el alcalde?”, preguntó el magistrado.

“Nos funciona bien”, justificó el edil. “Pero no existe control alguno”, observó el juez. “No existe control, como no existe con los concejales”, confirmó el edil. “Procuramos que sea gente responsable”, aclaró más tarde. “No nos va mal”, insistió durante el interrogatorio.

El Ayuntamiento de Estepona contó en aquel mandato (2019-2023) con 14 cargos de confianza, el máximo que le permite la ley, a los que abonó unos dos millones de euros en total. En julio, nombró 12 cargos para este mandato, con sueldos que oscilan entre los 41.150 y los 63.900 euros anuales.

La ley, que da un margen muy amplio a los cargos políticos para nombrar y cesar al personal de confianza, sí acota que “solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. En julio de 2019 García Urbano proclamó ante el pleno que los cargos de confianza “son profesionales y no son puestos políticos”, y que van al ayuntamiento “a trabajar, a ayudar con los expedientes y a prestar servicios”. 

“El personal de confianza lo designa el alcalde”

La segunda línea de defensa de Ruzafa fue personal. Aunque no está investigado, es el concejal responsable del área a la que se adscribió a C.P.B., pero se descargó de toda responsabilidad en su contratación y cese. Tanto, que ni siquiera la conocía y el alcalde solo se la habría presentado un día de casualidad. “El personal de confianza lo designa el alcalde”, aclaró. “No me pide opinión, ni me dice cuándo nombra o cesa un cargo de confianza”.

Según Ruzafa, en ese momento (febrero de 2023, a tres meses de las elecciones municipales) el regidor estaba preocupado por la imagen de la ciudad y las críticas que se vertían en redes sociales. Y ello, a pesar de que había logrado una aplastante mayoría absoluta en 2019, con 21 de 25 concejales. “Hablamos de la conveniencia de incorporar una persona que se iba a encargar de analizar las redes sociales”, explicó: “Me dijo que la conocía, con sentido común, suelta, avispada, que se manejaba bien en redes sociales…”. Al concejal le pareció bien.

El concejal supone que C.P.B. trabajaría en la calle y desde su casa con un ordenador propio, porque “despacho no tenía”. Tampoco móvil, ni correo electrónico. Ni siquiera claves para acceder a las redes sociales que debía vigilar con el perfil público municipal. El edil asume que el regidor le indicaría sus tareas y que él no le hizo “ningún tipo de seguimiento”.

Al declarar como investigado, el alcalde ya dijo que las tareas encomendadas a C.P.B. eran “sencillas” pero muy importantes para él, y que no hay constancia documental de su trabajo porque recibía sus informes verbalmente. El concejal Ruzafa enumeró así esas tareas: “¿Se limpia semanalmente? ¿Los contenedores están llenos de basura? ¿Se deja el cartón o el plástico fuera? ¿Los jardines están llenos de bolsas? ¿Las flores están marchitas? ¿Las luminarias están fundidas?”. Luego, aclaró al juez la relevancia de esas cuestiones. “Él [el alcalde José María García Urbano] no se corta el pelo en llamarnos la atención por cuestiones profesionales”, y añadió: “Lo que más nos sobrecoge es un mensaje del alcalde donde no te dice ni buenos días y te dice: «Esta calle está mal, no cuidamos los detalles, así no se puede seguir»”.