La Asociación SOS Desaparecidos ha anunciado este viernes acciones legales coordinadas, en representación de varias familias afectadas, contra diferentes administraciones públicas que intervinieron en los trágicos acontecimientos ocurridos durante la DANA de octubre de 2024, que dejó más de 200 víctimas mortales en las provincias de Valencia y Albacete. Aunque estas acciones legales no van dirigidas contra ninguna persona en particular, han señalado como principales responsables de la tragedia al propio Carlos Mazón, al que esperan que la jueza de Catarroja, en la que han depositado toda su confianza, llame a declarar; y también a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, entre otros.

“Vamos a ir a por todas. Todo lo ocurrido causa dolor y vergüenza”, ha afirmado en una rueda de prensa en Madrid Joaquín Amils, presidente de la Asociación, que ofrece asesoramiento y asistencia jurídica gratuita a más de 140 familiares de 70 víctimas mortales de la DANA.

Según han informado en rueda de prensa miembros de la directiva de la asociación, junto con su equipo técnico y jurídico –encabezado por el abogado Juan Manuel Medina–, el próximo lunes presentarán en los jugados de Letur y de Catarroja “querellas por homicidios imprudentes” que irán dirigidas a reclamar responsabilidades penales por la “nefasta gestión” que realizaron durante aquellos días las autoridades que tenían competencias. Al acto han asistidos familiares de desaparecidos y afectados por las riadas. Algunos no han podido evitar romper a llorar al tomar la palabra, como una mujer que perdió a su marido y a su hijo, que con la voz entrecortada ha asegurado que “ya no cree en los políticos”.

Rosa y Encarna, que han hablado como portavoces de estas familias “con el corazón y desde la rabia”, han sido más contundentes y le han pedido directamente a Mazón que “salga de su zona de confort y dimita”. “No todo no vale no debía de durar hasta el 13 de julio, que acaba la legislatura, dimite, pide perdón y sal por la puerta de la vergüenza”, le han lanzado. “Si los valencianos te pusieron ahí, también podemos quitarte. Mazón dimisión”, ha clamado Encarna, mientras enseñaba la camiseta en la que ha reproducido la cara de su hermano fallecido en Cheste (Valencia) en la DANA.

“La lucha ha comenzado después de meses de trabajo”, ha dicho el presidente de la Asociación, Joaquin Amils, que ha sido el primero en intervenir. “El 29 de octubre tiene que marcar un antes y un después para la sociedad española y la valenciana”, ha añadido.

Según ha relatado, fue el 17 de noviembre, casi un mes después de la tragedia, cuando decidieron emprender acciones legales “contra todos aquellos que cometieron errores”, que derivaron en lo que consideran “posibles homicidios imprudentes”. “Desde ese momento tuvimos claro que teníamos el deber de hacer justicia”. “Vamos a defender la verdad y la justicia”, ha sentenciado Amils. 

Tras él ha tomado la palabra el perito de la causa, Chema Gil, que no ha dudado en afirmar que todos los afectados en las riadas “fueron abandonados por las administraciones públicas”. Gil ha explicado las dificultades con las que se han encontrado para realizar su trabajo. “Nos hemos encontrado con la opacidad absoluta y la omertá de las admiraciones locales y de la Generalitat Valenciana”. También ha denunciado que han comprobado que pese a que los ayuntamientos tienen la obligación de tener un servicio profesional técnico “no lo tenían y estuvieron inoperantes” durante esos días claves.

“La Generalitat ha protagonizado un desastre y una chapuza. Ha demostrado tal nivel de desidia que muchas de esas muertes se deberían haber evitado”, ha lamentado el perito. Según ha opinado, “a las 8 de la mañana había motivos suficientes para haber lanzado la alerta” pero esta, sin embargo, “se mandó a los ocho de la noche”. “La ley obliga al presidente de la Generalitat a asumir todas las competencias ante la emergencia”. “Ni Ventorro ni ninguna excusa, el presidente de la Generalitat tenía la obligación de estar en el CECOPI”, ha afirmado Gil, que ha remarcado que el examen pericial que han realizado “demuestra un relato de hecho y la cantidad de información que ya existía desde muy temprano ese día 29. ”Pero la Generalitat dice que hubo un silencio. No lo hubo“, ha dicho.

A juicio de los representantes de la Asociación “la comunidad valenciana dejó abandonadas a muchas familias y con su desidia dejó que muchas personas murieran”. Pese todo, lamentan que “nadie esté asumiendo responsabilidades”. “De esto debemos aprender lecciones que debemos aplicar en el futuro”, han pedido

Las medidas anunciadas incluyen la personación como acusación particular ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Catarroja, en el que exigirán la responsabilidad penal y civil por los fallecimientos ocurridos. También presentarán un informe pericial detallando todas las negligencias y fallos en la gestión por parte de las administraciones públicas en Valencia. Y se solicitarán también la práctica de diligencias de instrucción para esclarecer los hechos.