La Audiencia de Barcelona ha evitado avalar los desalojos en 24 horas sin autorización judicial de viviendas ocupadas, como sí han hecho jueces de otras provincias. Así lo han decidido los magistrados y magistradas de las once secciones penales de la Audiencia de Barcelona tras una reunión el pasado viernes para unificar sus criterios de actuación en el caso de las usurpaciones o allanamientos de viviendas.

Pese a los problemas crecientes de cada vez más capas de la sociedad para hacer frente al alquiler, algunos partidos políticos o colegios profesionales de abogacía y administradores de fincas han apostado por situar las ocupaciones ilegales como el principal problema de la vivienda en España. Todo ello pese a que los datos desmienten la alarma generada: solo un 0,06% de viviendas son ‘okupadas’ y en el caso de la vivienda habitual, la ley ya permite a la policía desalojar al momento.

Catalunya –con 7.381 desahucios, el 26,8% del total nacional– fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en 2024. La comunidad también fue líder de desahucios derivados de impago del alquiler, que fueron 5.539 el año pasado, según los datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este contexto, se han sucedido las propuestas legislativas para favorecer los desalojos exprés o incluso endurecer el Código Penal. El acuerdo de los jueces barceloneses se desmarca del criterio adoptado por otras audiencias provinciales, que sí han avalado que se puedan llevar a cabo desalojos exprés de viviendas ocupadas sin autorización judicial en las primeras 24 horas del allanamiento.

El Código Penal ya permite el desalojo policial de una vivienda ocupada en casos flagrantes, si bien no dispone un plazo para hacerlo, hecho que abre la puerta a la disparidad de criterios, en especial en las viviendas vacías propiedad de bancos y fondos, que son las más ocupadas.

En el caso de Girona, los magistrados decidieron el 22 de noviembre dar luz verde a la policía para agilizar los desalojos de las viviendas ocupadas, autorizando desalojos policiales exprés y sin autorización judicial antes de 24 horas.

En realidad, según las fuentes judiciales consultadas, el debate entre los magistrados y magistradas de la Audiencia de Barcelona se centró más bien en el galimatías procesal que ha generado la nueva ley de eficiencia judicial, que abre la puerta a hasta tres vías distintas de investigar una usurpación de vivienda (un procedimiento urgente en el juzgado de guardia, unas diligencias previas o una causa ante el tribunal del jurado).

Sobre este punto, los jueces barceloneses han decidido que, cuando la usurpación de vivienda no termine en un acuerdo en el juzgado de guardia, el tribunal encargado de su enjuiciamiento será el juzgado de lo Penal y no el tribunal del jurado.

Otro de los puntos del acuerdo de los jueces barceloneses establece que no podrá ser considerado delito de cocciones que el propietario de una finca ocupada o que haya sido objeto de allanamiento “no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos”. Las mismas fuentes señalan que había muy pocas causas abiertas tan solo por cortar los suministros.

Además, los juzgados de Barcelona no podrán archivar una denuncia por un delito leve de usurpación de vivienda sin encargar previamente a los cuerpos policiales que identifiquen a los ocupantes de la finca. El acuerdo se difundirá entre todos los jueces de Barcelona, la Fiscalía y los colegios de la abogacía.