La instructora inadmite la petición del sindicato CGT de incorporación «indiscriminada” al procedimiento de casi 20.000 llamadas al teléfono de emergencias del día de la DANA
La jueza de la DANA destroza la versión de Mazón sobre la respuesta a la catástrofe y apuntala la “negligencia”
La jueza de la DANA acepta que se requieran los audios de las llamadas al 112 del pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica barrancada, únicamente de los familiares que aporten su consentimiento. “Será preciso analizar, caso por caso, si se efectuaron por las familias de los fallecidos, en su caso por los lesionados, o simplemente por testigos, llamadas al 112, y una vez acreditado dicho extremo, solicitar el consentimiento a cada uno de ellos, para la incorporación de los audios”, afirma un auto de la magistrada al que ha tenido acceso elDiario.es. La instructora rechaza la petición del sindicato CGT, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa y solicitaba que se incorporaran al procedimiento las casi 20.000 llamadas registradas por el teléfono de emergencias de la Generalitat el día de la DANA. El auto excluye la “obtención indiscriminada” de los audios de las llamadas que afectarían al secreto de las comunicaciones.
“Cuestión distinta”, agrega la jueza, “sería el consentimiento respecto de su aportación por quienes llamaron al 112”, según la doctrina del Tribunal Constitucional. De momento, la instructora ha obtenido el consentimiento por parte de uno de los familiares de las víctimas, tal como informó este diario.
El auto explica que la injerencia en el secreto de las comunicaciones “solo puede llevarse a cabo con fundamento en la presunta comisión de delitos dolosos” y no por el presunto delito contra los derechos de los trabajadores por el que se querelló el sindicato CGT.
En total, según el informe de la Generalitat aportado a la causa, el 112 registró casi 20.000 llamadas durante toda aquella jornada.
A partir de las 16.40, se recibieron los primeros avisos sobre el desbordamiento del barranco del Poyo. Horas antes del envío de la alerta a los móviles, el teléfono de emergencias registró numerosos avisos sobre niños, mujeres embarazadas y bebés atrapados por la inundación.
La exconsellera Salomé Pradas, por su parte, se desentendió de las llamadas alegando que no formaban parte de sus “funciones institucionales”.
