El Partido Popular y Vox intentarán frenar en el Congreso la reforma del sistema de determinación de la edad de menores migrantes, impulsada por el Gobierno con el objetivo de adecuar la normativa a las recomendaciones emitidas por parte de organismos internacionales y nacionales, desde la ONU al Defensor del Pueblo, que han señalado a España en varias ocasiones por vulnerar los derechos de la infancia en este procedimiento. Ambos partidos debaten en el Parlamento este jueves sendas enmiendas a la totalidad presentadas al texto del Ejecutivo, apelando al supuesto “efecto llamada” que a su juicio puede conllevar el cambio normativo.

La iniciativa del Gobierno, pendiente desde la aprobación de la Ley de la protección integral a la infancia, busca atribuir la competencia del proceso de determinación de la edad, al que se enfrentan los menores migrantes cuya edad no sea acreditada a través de su documentación, a los juzgados de primera instancia especializados en familia. La reforma pretende, aunque de forma insuficiente para las ONG especializadas, blindar por ley que el sistema garantice, entre otras cosas, la presunción de la minoría de edad, el derecho a ser oído y ser parte del procedimiento, la especialización de los profesionales que formen parte del protocolo y la prohibición de pruebas invasivas como los desnudos integrales.

Según el texto, un joven extranjero solo podrá pasar por las pruebas de determinación de la edad cuando no cuente con documentación que demuestre sus años, como marca la doctrina del Tribunal Supremo. No obstante, la propuesta añade que también deberán pasar por el proceso las personas con documentación considerada “inválida” por las autoridades pese a que no sea falsa, un supuesto que a juicio de las ONG puede ser aplicado de forma arbitraria y excluir, como ocurre en la actualidad, partidas de nacimiento emitidas oficialmente por determinados países, como Gambia. Por ello, una decena de ONG ha pedido la inclusión de mayores garantías.

No obstante, la propuesta corre el riesgo de caer en saco roto y no continuar su trámite parlamentario -en el que podrían debatirse los detalles señalados por las organizaciones sociales- este jueves, debido a las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, que rechazan que la iniciativa pueda ser debatida en la cámara. “Nos encontramos en un momento especialmente complicado con respecto al control de los flujos migratorios irregulares, y particularmente con los menores extranjeros no acompañados, que ha provocado un choque entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas”, apuntan los de Alberto Núñez Feijóo.

“Aparte del efecto llamada, esta reforma podría incentivar que cada vez más inmigrantes llegados de manera irregular a España se declaren menores de edad para evitar el inicio de su expediente de devolución, complicando aún más la gestión migratoria”, añade el texto presentado por los ‘populares’. Por su parte, Vox considera que la reforma “incentiva” la inmigración irregular porque el nuevo procedimiento aporta mayores “garantías y derechos” a los menores, como el acceso a intérprete o la justicia gratuita.

Las ONG quieren la reforma, pero con cambios

Ante el debate de las enmiendas a la totalidad de ambas formaciones, las ONG especializadas en infancia piden que siga adelante la tramitación de la medida, aunque consideran “imprescindible” la incorporación de una serie de cambios, como eliminar la posibilidad de que las autoridades consideren “inválida” la documentación de determinados países pese a contar con la autentificación de las embajadas correspondientes o las trabas a la reapertura de un expediente en caso de que la persona afectada pueda presentar más pruebas (por ejemplo, cuando las familias envían su documentación a los menores).

“Se valora positivamente que el Gobierno haya decidido regular el procedimiento de determinación de la edad y que se hayan incorporado algunas garantías esenciales, como la configuración del mismo como un procedimiento judicial, la previsión de la asistencia jurídica gratuita y preceptiva o la consideración de la primacía del interés superior del menor y la presunción de minoría de edad como principios rectores del procedimiento”, sostiene la Fundación Raíces.

“Sin embargo, consideramos que el procedimiento previsto en el proyecto de ley en tramitación parlamentaria no cumple plenamente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, las recomendaciones del Defensor del Pueblo”, añade la organización. “Preocupa enormemente las posibles consecuencias de tramitar procedimientos de determinación de la edad respecto de personas documentadas con pasaporte, sin darles credibilidad a estos documentos pero al tiempo sin invalidarlos formalmente”, apunta el documento presentado en el Congreso junto a una decena de entidades más.

Las Naciones Unidas ha dictado al menos 14 dictámenes a favor de 14 menores de edad, en los que el Comité de Derechos del Niño considera que el procedimiento de determinación de la edad en España no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Convención. Fundación Raíces recuerda que dichas resoluciones concluyen que España “no toma como cuestión primordial el interés superior del niño durante el procedimiento, ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano, al someterlos a pruebas médicas estando documentados o al declararlos mayores de edad tan solo por su negativa de someterse a pruebas radiológicas y no habiendo sido asistidos por ningún tutor ni representante, tal y como el niño había designado para defender sus intereses”.