El plan de acción de salud mental que este viernes encaraba la última votación antes de aprobarse no ha salido adelante. Los doce consejeros del Partido Popular se han opuesto al texto final aunque sí han respaldado, por unanimidad, el primer plan nacional para la prevención del suicidio. Ambas iniciativas, que normalmente forman parte de una sola estrategia, se han abordado esta vez por separado.

La consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha vinculado la retirada del apoyo de las comunidades conservadoras a la queja de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), que ha anunciado en un comunicado hecho público esta mañana que se desliga del plan. La iniciativa había sido trabajada tanto con los técnicos de las comunidades autónomas como con sociedades científicas, según se recoge en el documento. “Por mayoría absoluta lo hemos retrasado hasta que los profesionales aporten las mejoras para el tratamiento de los pacientes”, ha dicho Matute.

Los psiquiatras de la SEPSM aseguran que el Ministerio no volvió a remitirles el documento definitivo del plan tras presentar alegaciones y consideran que el resultado final “no refleja puntos considerados como prioritarios”, como el “aumento de profesionales para atender la creciente demanda”.

“El documento final no solo no incrementa el número de profesionales, sino que el indicador que promueve (90 %) supone un decremento del 10 %, toda vez que este último año se ha ofertado el 100 % de las plazas de psiquiatría infanto-juvenil, el 98 % de las de psiquiatría y el 99 % de psicología clínica”, explican en el comunicado.

Tampoco ha gustado a los psiquiatras que se mantenga el término “deprescripción” de psicofármacos, que ha generado polémica con una parte de los profesionales que no comparten la iniciativa del Ministerio de reducir el uso de estos medicamentos cuando sea posible en favor de otras opciones.

Por otro lado, el PP critica que ninguno de los planes, pese a que uno de ellos ha sido respaldado, cuenta con una financiación específica. El Ministerio de Sanidad asegura que “tendrá que determinarse” una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Si no hay y se prorrogan, la situación más probable, el departamento contará con 38 millones para el plan de acción de salud mental, un presupuesto del que ya disponía para el anterior.

Pese a la oposición, los conservadores dejan la puerta abierta a terminarlo aprobando si se toman en cuenta las demandas de los psiquiatras. El plan incluía medidas como una propuesta para ampliar la cartera mínima de servicios, es decir, los que todas las comunidades están obligados a prestar para dar cabida “a formas de atención comunitarias”. Aunque todavía no se han concretado porque debe ser acordado con las comunidades, se traduciría por ejemplo en garantizar que hay hospitales de día en todas las regiones o centros de salud mental comunitaria que puedan ofrecer psicoterapia.

El documento que finalmente ha sido tumbado por la mayoría del PP en el Consejo Interterritorial también impulsaba un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional de la salud mental para conocer la situación, que queda comprometido aunque también forma parte del articulado del plan nacional contra el suicidio que sí ha recabado los apoyos necesarios.

De hecho, esta iniciativa para prevenir un problema de salud pública que en 2024 costó la vida a 3.952 personas en España, según el INE, se ha aprobado por unanimidad. El plan viene a buscar soluciones a varios agujeros detectados en la atención a la conducta suicida: a las instituciones les faltan datos, no existe la continuidad de atención que necesitan las personas en esta situación –tampoc los familiares y amigos– y flaquea la coordinación entre recursos. No solo sanitarios, sino también sociales y comunitarios, a los que este documento sitúa en un lugar más preminente.