La mayoría de PP y Vox en el Ayuntamiento del municipio murciano de Jumilla (27.000 habitantes) aprobó el pasado 28 de julio una moción que permitirá evitar que la comunidad musulmana continúe celebrando eventos como el fin de Ramadán o la ‘fiesta del cordero’ en las instalaciones deportivas de la localidad. El texto finalmente aprobado es fruto de una enmienda presentada por el partido de Alberto Núñez Feijóo a un texto inicial de la formación de extrema derecha que contenía una supuesta defensa de las “tradiciones” del pueblo español.

Ese texto calificaba de “retroceso cultural” y “agravio comparativo hacia quienes conservan las tradiciones españolas” el “desarrollo en suelo español” de esas festividades islámicas y pedía “prohibir” su “celebración pública”. Vox, que es uno de los grandes defensores de la tauromaquia, criticaba que la ‘fiesta del cordero’ es “un rito ajeno a la identidad, historia y festividades españolas, que implica el sacrificio masivo de animales”. La moción iba firmada por el único concejal de la formación de extrema derecha en el municipio, Juan Agustín Carrillo.

El PP, que podía rechazar de plano la iniciativa, optó por presentar una enmienda que aunque no es explícita en su rechazo a esos actos islámicos, sí mantiene su espíritu y mantiene la restricción específica del uso de instalaciones deportivas municipales a fines ajenos al ayuntamiento.

La propuesta finalmente aprobada elimina hasta seis puntos de la moción de Vox, pero mantiene el artículo que permite impedir que la comunidad musulmana siga celebrando el fin del Ramadán y la ‘fiesta del cordero’ en esas instalaciones. Según el PP, los pasajes eliminados aunque perseguían “la legítima finalidad de proteger” las “tradiciones y costumbres” españolas, podían “dar lugar a interpretaciones que no se ajustan plenamente al marco jurídico vigente”.

La maniobra consistió en suprimir las referencias expresas a comunidad religiosa alguna, pero permitir la modificación del reglamento de instalaciones deportivas para que su uso “sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. Eso permite vetar los actos islámicos en esos espacios sin explicitarlo, pero manteniendo el espíritu de la propuesta de Vox.

Según explica el PP en su enmienda, la reformulación busca recoger la voluntad de promover y preservar los valores y manifestaciones tradicionales “de forma más precisa y adecuada” y garantizando al mismo tiempo el “respeto al marco normativo”. De hecho, el texto del PP que finalmente salió aprobado mantiene una referencia explícita a instar al “equipo de gobierno [municipal] a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

La iniciativa ha convertido a Jumilla en la primera localidad en convertir esta amenaza de la extrema derecha en un veto real en un municipio con una población de unas 1.500 personas de religión musulmana, según el INE.

Aunque desde el PP en Jumilla han defendido que no se hace referencia expresa a ninguna comunidad religiosa, la decisión ha sido duramente criticada por la oposición en el Ayuntamiento, donde el PSOE cuenta con nueve ediles e IU con uno. Podemos, por su parte, ha presentado un escrito en la Fiscalía para denunciar “este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox”, informa Erena Calvo.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, evitó este miércoles pronunciarse sobre la decisión adoptada por su propio partido y por Vox y expresó su “respeto” a “todas” las confesiones religiosas. Ya este jueves, el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, ha evitado cuestionar el veto a los actos islámicos en Jumilla avalado por el PP. De los Santos ha acusado al Gobierno de “hacer un caso donde no lo hay” y ha tachado de “absolutamente inaceptable que se pretenda hacer pasar al Partido Popular por un partido xenófobo”.

El Gobierno vigilará los discursos de odio

El Gobierno considera que la iniciativa aprobada por el PP y Vox es otro “ejemplo” de “la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha”. “En España, la libertad religiosa está reconocida y protegida como un derecho fundamental por la Constitución. El artículo 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades”, afirman fuentes del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha anunciado que vigilará “muy de cerca” los discursos de odio que puedan “derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que atentan contra la libertad y dignidad de las personas” a través de su Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).