Las ayudas a las que puedan acogerse los agricultores del entorno de Doñana para dejar de cultivar y reducir así el consumo de agua del acuífero que nutre al emblemático parque natural están ya perfiladas. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la Orden por la que se aprueban las bases para solicitar esas subvenciones, que podrán llegar a los 200.000 euros y abonará la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, en régimen de concurrencia competitiva.

El objetivo es “fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal”, según el título de la propia Orden, firmada por Sara Aagesen, Ministra para la Transición Ecológica. En realidad, se trata de una subvención abierta a todo el Estado, pero articulada con un ojo (o los dos) puestos en Doñana. La finalidad es rebajar la presión que el riego ejerce sobre el acuífero subterráneo bajo el humedal.

La ministra anunció que ya había firmado la Orden este miércoles, durante una visita a San Fernando (Cádiz), pero faltaba aún plasmarla en el Boletín Oficial.

La Orden sienta las bases de las ayudas, pero habrá que esperar a las sucesivas convocatorias para hacer efectivas las subvenciones. En total, serán 28,5 millones de euros en ayudas, que permitirán obtener hasta un total de 200.000 euros por hectárea durante un periodo mínimo de un año y máximo de doce años a quienes abandonen el cultivo y reviertan el uso del suelo a forestal durante al menos cinco años tras el fin de la subvención. El acuerdo político suscrito hace dos años contempla también que la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva aporten cantidades adicionales, si bien estas aportaciones estaría limitada a los cultivos de la Corona Norte.

Las ayudas son el principal sostén económico del Pacto de Doñana que sirvió para desactivar la polémica proposición ley autonómica impulsada por el grupo popular y Vox en el Parlamento andaluz a comienzos de 2022. La proposición de ley fue suspendida, pero no retirada, tras el pacto entre la entonces ministra Teresa Ribera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Sin embargo, la demora en ponerlas en marcha amenazaba ya la estabilidad de ese pacto, con Vox espoleando a los agricultores, entre los que ve un importante caladero de votos. Con esta Orden que regula las ayudas, anunciada por la ministra el miércoles y publicada hoy, el Gobierno confía en cortocircuitar esa vía.

La Orden, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, articula las ayudas por dejar de regar con el objetivo, se dice, de contribuir a regular el régimen hidrológico y la calidad, cantidad y estado ecológico de unas masas de agua tan esquilmadas que la propia supervivencia de Doñana está amenazada.

Potencialmente, podrán beneficiarse personas físicas y jurídicas titulares de derechos reales sobre las parcelas, entidades sin ánimo de lucro dedicadas a actividades relacionadas con el I+D+I, organismos públicos de investigación, universidades públicas o agrupaciones. Se excluyen aquellas sobre las que haya recaído sentencia firme por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente o sanción administrativa firme, salvo que hayan cumplido con la sanción o sus responsabilidades derivadas de la sentencia antes de la “resolución definitiva de la convocatoria”.

Este punto es capital, porque el Ejecutivo central sostiene que no premiará a los agricultores que han regado sin permiso con unas ayudas con las que pagar sus multas. Un regante con un expediente abierto podrá solicitar estos incentivos, pero deberá tenerlo cerrado antes de recibir el dinero.

“Ecosistemas sostenibles” por cultivos

Las actuaciones subvencionables abarcan la forestación, creación de superficies forestales y su mantenimiento, excluyendo especies no autóctonas o de cultivo rápido. Las ayudas pueden cubrir hasta el 100% de los costes subvencionables, como materiales de plantación, maquinaria, estudios de viabilidad y planes de gestión forestal.

El Ministerio exigirá que “fomenten ecosistemas sostenibles, resilientes y ricos en biodiversidad”. “En particular, las actuaciones deben contribuir a prevenir o reducir riesgos asociados al cambio climático y deben promover la mejora de la resiliencia de los ecosistemas y su capacidad de adaptación a las proyecciones del cambio climático”, señala la Orden, que pide que la selección de especies, variedades, ecotipos y procedencias de los árboles tenga en cuenta la “necesaria capacidad de adaptación al cambio climático y a los desastres naturales”, las condiciones edafológicas e hidrológicas de la zona de que se trate y el posible carácter invasivo de las especies en condiciones locales.

Los beneficiarios se comprometen a ejecutar estas actuaciones subvencionadas, y a “mantener la forestación y uso forestal”, así como a “garantizar y mantener el uso forestal de la superficie” una vez terminado el periodo de ejecución de la subvención “durante un periodo no inferior a cinco (5) años, ni superior a cincuenta (50) años”. En caso de enajenación de la finca, los beneficiarios deberán solicitar una autorización previa, y el adquirente de la propiedad o demás derechos reales podrá asumir la obligación de destino de los bienes por el período restante, asumiendo el reintegro de la subvención en caso de incumplimiento.

Como serán subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, las solicitudes de ayuda que cumplan los requisitos podrán ser baremadas para establecer un orden de prelación: los criterios técnicos (diagnóstico inicial, propuesta de renaturalización, descripción de resultados) pesarán la mitad, y los estratégicos (alineación con los objetivos ambientales, alcance previsto, sinergias y cumplimiento de normativas y planes), la otra mitad.

La presentación de solicitudes se realizará de forma telemática a través de la página web de la Fundación Biodiversidad (www.fundacionbiodiversidad.es) por parte de persona representante de la agrupación, entidad o persona solicitante, en el plazo y forma que se determine en la convocatoria. Al formulario de solicitud se acompañará la documentación de carácter técnico del proyecto y relativa a las solicitantes que se especifique en cada convocatoria.