La flamante jefa de personal de la Diputación de Valencia y exsecretaria-interventora del Ayuntamiento de Gavarda durante más de 12 años, María Escamilla Faus, no acató e implementó las recomendaciones que la Agencia Antifraude había hecho al consistorio que dirige Vicente Mompó desde 2011, según la memoria de la institución de 2022. En concreto, incumplió el requerimiento de la Agencia de reclamar a Mompó que devolviera el dinero de las nóminas de alcalde que había cobrado indebidamente entre 2011 y 2019 por haber incurrido en una incompatibilidad, ya que percibió un salario público y otro privado sin comunicarlo al pleno. Además, tampoco introdujo en el consistorio un protocolo para dar a conocer a todos los cargos electos municipales “sobre la obligatoria observancia y cumplimiento en materia de incompatibilidades”.

María Escamilla ha explicado a elDiario.es que sí que inició desde el Ayuntamiento de Gavarda el protocolo que le solicitaba Antinfraude, pero que se quedó abierto porque abandonó el consistorio en diciembre de 2023. “Ya le expliqué a la Agencia Antifraude que un ayuntamiento de poco más de 1.000 habitantes no tiene recursos humanos y materiales para hacer este tipo de documentos, pero aun así inicié la recomendación. No sé si finalmente se habrá terminado porque me fui”, ha argumentado. Respecto a la segunda recomendación, la habilitada nacional ha defendido que motivó ante Antifraude que no se podía reclamar el sueldo cobrado irregularmente, según la Agencia, porque era menor a 40.000 euros anuales. “Una dedicación parcial puede llegar a 40.000 euros y la exclusiva de Mompó era de 32.000, ¿cómo le iba a reclamar algo si no había llegado al mínimo?”, ha añadido.

Como contó este lunes elDiario.es, entre 2011 y 2019 Vicente Mompó “ni solicitó ni obtuvo compatibilidad” del pleno del Ayuntamiento de Gavarda para cobrar el sueldo íntegro en el consistorio y además percibir emolumentos de su empresa de actividades deportivas. En un extenso informe, la Agencia Antifraude concluyó que la actuación del presidente de la Diputación de Valencia había sido irregular y tenía que devolver parte de lo percibido como alcalde. En el procedimiento, la secretaria-interventora realizó varios informes en los que defendía a Vicente Mompó. En uno, incluso responsabilizándose ella misma de la actuación al no haber avisado al alcalde, y a los demás concejales, de que deben conocer la ley de incompatibilidades. En otro informe concluyó que como la investigación había arrancado en 2021 y Mompó ya no cobraba del ayuntamiento desde 2019, por lo que no había caso. No había incompatibilidad.

En 2022, un año después de que Antifraude hubiera concluido que Vicente Mompó había actuado de manera irregular, la Agencia publicó en su memoria anual que el Ayuntamiento de Gavarda, en este caso la secretaria-interventora, había incumplido sus recomendaciones.

¿Cuáles eran esas recomendaciones? Según la memoria de 2022, la habilitada nacional del ayuntamiento, debía haber iniciado “la revisión de oficio de aquellas actuaciones que incurrieran en causa de nulidad de pleno derecho, correspondientes a los actos administrativos aprobatorios de las distintas nóminas abonadas al cargo electo”. Es decir, debía haber calculado los salarios abonados de manera irregular y obligado a Vicente Mompó a reintegrarlos a las arcas municipales. No hizo nada, por lo que el actual presidente de la Diputación de Valencia se salvó de tener que devolver una cantidad que podría haber supuesto una cantidad importante, al menos la correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, porque los anteriores estarían prescritos.

María Escamilla ha defendido al respecto de este incumplimiento que discrepaba del informe de Antifraude y que ella había entregado otros informes igualmente fundamentados. “Yo no puedo ir en contra de mis actos, si yo motivo y argumento que Vicente Mompo tenía en realidad una dedicación parcial de facto, qué procedimiento voy a iniciar, si no se ha pasado del máximo”, ha defendido. “El fondo de la cuestión es que Mompó tenía normativamente una exclusiva, pero no cobraba como una exclusiva”, ha añadido. Por ello, la secretaria-interventora no realizó la revisión de oficio calculando el posible cobro indebido.

Página de la memoria de 2022 de la Agencia Valenciana Antifraude donde se explican los incumplimientos del Ayuntamiento de Gabarda perpetrados por la secretaria-interventora.

María Escamilla es desde mayo la jefa de personal de la Diputación de Valencia. La habilitada nacional ha tenido que solicitar una comisión de servicio para poder trabajar como jefa de servicio en la institución provincial. Por su nuevo trabajo percibirá un salario de 91.000 euros brutos anuales, por ser un puesto de funcionaria A1 con complementos 28 C3. A estos emolumentos habrá que sumar los trienios que tenga acumulados por lo que la nueva jefa de personal podría alcanzar o superar los 100.000 euros de salario. Un sueldo mucho mayor al que pudiera percibir en un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes donde los ingresos pueden ser de unos 55.000 euros brutos al año. Según la propia Escamilla Faus, aunque el puesto es de libre designación, se ha tenido que presentar a un procedimiento al que se presentaron otra media docena de aspirantes.

Tras revelar elDiario.es las actuaciones de María Escamilla como secretaria-interventora de Gavarda que beneficiaron a Vicente Mompó, el PSPV-PSOE ha anunciado que llevará el nombramiento de la flamante jefa de personal de la Diputación de Valencia a la Fiscalía Anticorrupción. El portavoz socialista en el ente provincial lamentó que la funcionaria, hasta hace poco año y medio secretaria-interventora del Ayuntamiento de Gavarda que preside Mompó, “llegue a la Diputación tras ser una de las figuras esenciales en la elaboración de la estrategia y los informes que tenían como objetivo justificar que Mompó, siendo alcalde y con dedicación exclusiva, pudiera cobrar de forma simultánea el sueldo de alcalde y, además, una serie de remuneraciones privadas”. “Unos hechos por los que la Agencia Antifraude sancionó al actual presidente de la Diputación de València y le obligó a devolver parte de su sueldo”, añadió.

Este nombramiento, con un salario de más de 90.000 euros, “constituye una burla al principio de ejemplaridad que debe regir en cualquier administración pública”, asegura el portavoz socialista.

“En lugar de garantizar la independencia en los puestos clave de la Diputación Provincial de Valencia, Mompó premia con un cargo de máxima relevancia a quien contribuyó en su defensa frente a una investigación oficial de Antifraude e intentó justificar su cobro indebido”, aseguró Bielsa. “Resulta intolerable que una institución que representa a todos los municipios de la provincia se utilice como plataforma para recompensar lealtades personales por encima del interés general por lo que Mompó debe comparecer públicamente y explicarse ante la ciudadanía”, señaló el portavoz del PSPV en la institución provincial.