Cuando 2024 expiraba en Sevilla murió un senegalés de 43 años que vendía camisetas de fútbol en la céntrica Avenida de la Constitución. Unos policías le persiguieron, como a otros compañeros, para denunciarles formalmente por su ilícita actividad de venta ambulante. Mamouth corrió más de un kilómetro, llegó huyendo hasta el río Guadalquivir, cercado por varios agentes y, presa del nerviosismo por su situación personal y un antecedente judicial, cayó al agua.

Hasta ahí unos hechos que nadie ha puesto en duda. Pero su muerte ha sido evaluada por varios tribunales con distintas concllusiones. Mamouth murió ahogado en el río pero, a ojos de jueces distintos, la causa de su muerte varía significativamente.

“La causa decisiva y eficiente de la caída al río y el posterior ahogamiento de Mamouth no está en la actuación de los agentes sino en la conducta de aquel”, ha sentenciado la Audiencia de Sevilla en un auto, archivando definitivamente la denuncia de sus familiares. Apenas tres meses antes, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó escrito otro relato de los hechos: “una actuación de la Policía Local sin la que no se habría producido el trágico suceso”.

La muerte de Mamouth llegó hasta el Alto Tribunal de forma colateral. Los jueces no revisaron la actuación policial, sino una denuncia de la Fiscalía Superior contra un parlamentario, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, denunciado por un delito de injurias a la Policía, tras criticar duramente la actuación de los agentes que persiguieron al mantero senegalés.

El TSJA avaló la libertad de expresión del diputado y desestimó los argumentos del fiscal, que acusaba a García de haberse “extralimitado” en su censura contra los agentes. Pero, de paso, el juez ponente, Miguel Pasquau, hizo un relato muy crítico de los hechos y recordó que Mamouth, como otros manteros inmigrantes antes que él, falleció como consecuencia de una intervención policial, en un contexto social donde el extranjero sin papeles se encuentra en una situación muy vulnerable.

Para la Audiencia, la actuación de los agentes aquella tarde fue “adecuada, prudente y diligente”, descartando “indicio alguno” de la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente por parte de los agentes como le achacaba la representación legal de la familia de Mamouth.

Para el TSJA, que no entró en el fondo del asunto y defendió igualmente la función policial, dando por válido el sobreseimiento que el juzgado había dado ya al caso, la persecución policial fue una condición sine qua non en la muerte del senegalés. Así lo expresó, de soslayo, al valorar las críticas a la Policía por la que fue denunciado el portavoz de Adelante Andalucía: se trata de “un legítimo, aunque a su vez criticable, ejercicio de la libertad de expresión por un diputado dando voz a una reivindicación de carácter político y protestando por una actuación de la policía local sin la que no se habría producido el trágico suceso”, decía textualmente aquel auto.

Los jueces del TSJA también defendieron que la expresión “violencia policial” “no puede considerarse injuria” porque “entra dentro del debate político” -“la función policial comporta violencia y represión (legítimas)”, subrayaron-; y recuerdaorn antecedentes similares a la muerte del mantero senegalés en Sevilla, como los casos de Mbolo Moye Doole (Bilbao) o Mame Mbayé (Lavapiés, en Madrid), que también fallecieron perseguidos por la Policía.

Una “ola reaccionaria”

El diputado que motivó aquella resolución del TSJA, José Ignacio García, comenta a este periódico, una vez publicada la noticia del archivo definitivo, que Mamouth “falleció haciendo su trabajo, que era vendedor ambulante, y falleció en el marco de una actuación policial”. “Lo importante es que un caso de racismo institucional, violencia policial y represión va a quedar impune y, con este archivo, se le va a lanzar un mensaje muy peligroso a la Policía, que es el mensaje de la impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa”.

“Decir que la propia víctima es culpable de lo que pasó va contra el sentido común, pero también va contra lo que decía el TSJA en el archivo de la querella contra mí, donde venía a decir que sin la persecución por parte de la Policía no habría fallecido Mamouth, lo cual es algo de sentido común, es evidente”, señala en declaraciones a este medio.

“Esto no es un caso puntual. Y esto ahonda más en esta ola reaccionaria en la que a la Policía se le da total impunidad y acaban personas migrantes muertas. Una ola reaccionaria que inunda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también a los jueces. Y también lo relaciono con la persecución de la protesta, con la persecución de la lucha social, y se enmarca también en la querella que me pusieron, que por suerte y por sentido común quedó archivada con un auto que yo creo que es bastante contradictorio con lo que parece ser que han dicho los jueces de la Audiencia de Sevilla ahora”, apunta García.

“Responsabilidad política evidente”

Por otra parte, fuentes del Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA) en Sevilla lamentan y no comparten la decisión judicial adelantada por este periódico, la cual les parece “una muestra más del racismo institucional que existe en nuestro país”. “Hay que cuestionarse la subjetividad nacional, racial y cultural de los jueces y juezas a la hora de valorar hechos como los acaecidos en Sevilla. En este sentido, hay que señalar que el juez que decide sobre la muerte de Mamouth es español, blanco, pertenece a una determinada clase social y, además, forma parte de una corporación profesional privilegiada en el Estado español, aspectos que le hacen más cercano a los agentes de policía que persiguieron a Mamouth que al propio Mamouth”.

Según trasladan a este medio desde la APDHA, “el juez, a pesar de no ver ninguna responsabilidad por parte de los agentes, no se ha pronunciado ni ha cuestionado tampoco la orientación de este tipo de actuaciones policiales, que son claramente discriminatorias”. “El hecho de que no haya responsabilidad penal declarada por los jueces no puede suponer que este caso quede en el olvido y que se sigan desarrollando prácticas similares contra los manteros”.

“Porque más allá de la responsabilidad penal de los agentes cuyo proceder cuestionamos, creemos que sigue existiendo una responsabilidad política evidente por parte de quienes han ordenado tanto esta actuación concreta como otras similares, que suponen la criminalización de un colectivo vulnerable que intenta ganarse la vida como buenamente puede en nuestra ciudad. Porque solo la amenaza de prisión y sanciones y el hostigamiento policial que sufren los manteros explican que Mamouth se lanzase al río”, apuntan.

La APDHA considera “significativo que Mamouth muriera, perseguido por agentes de la Policía Local en el mismo lugar que siglos atrás era el foco de negocio de los esclavos en Andalucía. Deberíamos, cuanto menos, pararnos a pensar si a pesar del paso del tiempo aún seguimos consintiendo formas de discriminación que condenan a miles de personas a nuevas formas de exclusión e incluso de esclavitud”.