“Comisiones de naturaleza ilícita” de 63.720 euros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, entre 2010 y 2012, una empresa participada por la Universidad Católica de València (UCV) pagó esa cifra al cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, a través de una suerte de firma pantalla. Un informe de la UCO incorporado a la causa del ‘caso Azud’, al que ha tenido acceso elDiario.es, acredita que la empresa Inversiones Sociosanitarias SL (Inverso), participada por la UCV y por varios capitostes de la institución académica perteneciente al Arzobispado de València, abonó la presunta mordida a Corbín, uno de los principales investigados en la causa, para un proyecto de hospital universitario vinculado a la trama. Los investigadores del Instituto Armado consideran que la UCV se erige en uno de los “actores fundamentales” del abono de la presunta mordida y el informe incluye hasta el nombre y DNI del exarzobispo de València, Carlos Osoro, entonces gran canciller de la universidad privada, posteriormente vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y, actualmente, cardenal presbítero de Santa María de Trastevere (título concedido en 2016 por el papa Francisco).

La mercantil que acabó pagando la presunta mordida a Corbín estaba participada, entre otros, por la Fundación Universidad Católica San Vicente Mártir, la empresa de Jaime Febrer (considerado el presunto conseguidor de la trama), la sociedad Hermanos Alcaide SL, catedráticos como Javier Romero y Vicente Saez o el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UCV, Carlos Barrios. El entonces gerente de la universidad católica, Juan Morote, era miembro del consejo de administración de la empresa en representación de la fundación de la UCV.

A la institución académica también estaba vinculado otro de los principales investigados del ‘caso Azud’, el entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau. Juan Morote explicó en su declaración ante la jueza instructora que “más o menos” en 2009 o 2010, el entonces arzobispo Osoro le encargó ponerse a las órdenes de Alfonso Grau en el proyecto del hospital universitario que la UCV pretendía levantar en València. “El Arzobispo me dice: usted haga lo que diga Don Alfonso y todo arreglado”, según reza su declaración.

El cardenal Carlos Osoro, en una imagen de archivo.

Grau, cirujano de profesión, no era un desconocido para la institución universitaria de la Iglesia valenciana. El ‘número dos’ de Rita Barberá era patrono y miembro del consejo de administración de la UCV. “Y por tanto mi jefe en ese momento”, aseguró Morote. De hecho, según detalla la UCO, Grau había sido previamente patrón de la Fundación del Santo Celo, que acabaría fusionándose en la UCV con otras entidades de la diócesis y, de cuya Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados (situada “de toda la vida” en la calle de Jesús de València, según recordaba Juan Morote), el vicealcalde había cobrado una retribución neta de 43.615 euros entre 2003 y 2005.

Fue precisamente Alfonso Grau quien le presentó al gerente de la UCV a Jaime Febrer, a quien describió como un “empresario con muchísima experiencia en el sector de la gestión inmobiliaria” que “podría ayudar” en el proyecto del codiciado hospital universitario (la universidad católica ofrece el grado de Medicina en València). 

La empresa de la UCV “asumió el coste íntegro”

La empresa de Febrer firmó un contrato con el despacho de Corbín para el asesoramiento jurídico al proyecto de hospital universitario. El bufete del cuñado de Rita Barberá ingresó de la mercantil de Jaime Febrer un total de 63.720 euros. Sin embargo, el informe de la UCO acredita que esos pagos habrían sido “finalmente asumidos” por Inverso SL, la mercantil participada por la UCV, que fue la que, en realidad, “asumió el coste íntegro de los emolumentos del despacho” mediante dos transferencias que suman la cifra de la supuesta mordida: 41.720 euros en 2011 y 22.000 al año siguiente.

La cifra que abonó Febrer al despacho de José María Corbín coincide exactamente con los ingresos del empresario provenientes de la empresa participada por la UCV. Es decir, la firma de Febrer se habría erigido en una mera pantalla para el pago de la presunta comisión a Corbín. 

Miguel Fernández, director financiero de la promotora inmobiliaria de Febrer declaró como testigo ante la UCO y aseguró que “el proyecto en sí no necesitaba la participación de José María Corbín”, de cuyo despacho ni siquiera conocía la “especialidad” de la que era “experto”. Alberto Sánchez, otro trabajador de la empresa de Febrer, declaró en condición de investigado: “En relación a José María Corbín existía el rumor de que si trabajabas con él, en el Ayuntamiento de Valencia te trataban mejor”.

Un edificio de la UCV en València.

Por su parte, Juan Morote manifestó ante la jueza que, cuando la UCV entró en la empresa Inverso SL, ya figuraban “varios catedráticos de Medicina que estaban vinculados a la universidad de una u otra forma”. “Todos están en esa sociedad previamente, entonces cuando la Universidad entra a formar parte, toda la parte legal la llevó siempre Jaime Febrer”, afirmó Morote, quien aseguró que ni siquiera conocía a Corbín: “No lo he visto en mi vida”, dijo.

Al gerente de la UCV el abono de los más de 63.720 euros no le pareció “ningún pago extraordinario”, ya que la “parte jurídica” de la empresa, según la declaración de Morote, trabajaba con los despachos de Broseta y de Sánchez-Tarazaga y mantenía un contrato con un decano del Colegio de Economistas, Leopoldo Pons.

La UCO detecta “connivencia” de una funcionaria

La UCO localizó en las agendas del empresario inmobiliario varias reuniones en aquellas fechas entre Grau y Febrer relativas al proyecto. Una UTE, formada por la UCV e Idom Ingeniería, se hizo con la concesión de una parcela municipal para la construcción del centro universitario.

Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que la firma de Jaime Febrer habría participado en la confección de las bases de la concesión, con la supuesta “connivencia” de la funcionaria Carmen Saurí, jefa de servicio de Patrimonio, para la introducción de aspectos concretos que habrían favorecido la propuesta de la empresa licitadora. Una sospecha reforzada por la declaración de Jose Luis Camarero, jefe de sección de la Oficina Técnica de Patrimonio y uno de los firmantes de las bases del concurso.

Otra de las pretensiones de la mercantil que se introdujo era que los pliegos exigieran que el concesionario tuviera en su objeto social la actividad sanitaria y universitaria, con autorización “concretamente” de impartir la licenciatura de Medicina y Cirugía.

Solo se presentó la UTE formada por la UCV e Idom Ingeniería y un arquitecto, que fue descartado al no cumplir los requisitos. Sin embargo, el procedimiento fue recurrido por el Grupo Nisa ante el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de València.

“Alfonso me ha insistido en la confidencialidad”

La UCO halló documentación que “evidenciaba” que el vicealcalde Grau habría “facilitado” el recurso a la mercantil adjudicataria y, concretamente, a Juan Morote, gerente de la UCV. También queda rastro de la operación en los ‘mails’ que intervinieron los investigadores de la Guardia Civil en los registros del ‘caso Azud’ practicados a la presunta trama corrupta.

Correo electrónico del gerente de la UCV intervenido por la UCO.

En un correo electrónico de Morote que consta en el sumario, el gerente de la universidad le envía el recurso al empresario Jaime Febrer con esta advertencia: “Alfonso me ha insistido en la confidencialidad del documento porque lleva los sellos internos del Ayto”.

En un segundo ‘e-mail’, Morote remitió a Febrer y a Grau unas notas para la “contestación” del recurso del Grupo Nisa. Aunque no literalmente, en esencia la mayor parte de las motivaciones sugeridas coinciden con la inadmisión del recurso por parte del consistorio.