Aunque el Gobierno aprobó en el último consejo de ministros del pasado martes la ampliación de los permisos parentales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una multa de seis millones de euros y una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que el incumplimientopersista en la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia.

El TJUE argumenta que el Gobierno de España ha incumplido porque no ha adoptado las disposiciones legislativas sobre equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de los progenitores y cuidadores de una directiva europea que se aprobó en 2019.

La Comisión inició el procedimiento precontencioso el 21 de septiembre de 2022 mediante el envío de una carta de emplazamiento a España. En su respuesta del 18 de noviembre de 2022, España comunicó su intención de transponer la Directiva mediante una ley y un decreto real, comprometiéndose a remitir con la mayor brevedad posible las disposiciones pertinentes y precisas, una actuación que nunca ocurrió.

Ante la falta de respuesta, en 2023 la Comisión le dio a España un plazo de dos meses para adoptar la directiva, pero la respuesta del Gobierno español fue un cuadro de correspondencia entre la normativa europea y la españoal además de un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se informaba de que el proyecto de ley sobre las familias —que debía servir de instrumento de transposición— había quedado sin efecto tras la disolución del Parlamento.

La Comisión, al constatar que aún no se habían adoptado todas las disposiciones necesarias de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, decidió en noviembre de 2023, presentar el recurso ante el TJUE.

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