El proceso penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha concluido su primer capítulo tras más de 10 años de investigaciones y todo tipo de tropiezos. La jueza de un tribunal de Bogotá declaró culpable al político de derechas por dos de los tres delitos que se le achacaban: soborno a testigos y fraude procesal. Este viernes está prevista la lectura de la sentencia.

Es la primera vez en la historia moderna del país sudamericano que un jefe de Estado es condenado en un juicio penal, por lo que, a pesar de tratarse de una sentencia en primera instancia, el impacto tuvo connotaciones telúricas. Desde los rincones más conservadores empuñaron el grito de ‘lawfare’. Mientras tanto, el espacio progresista encajó la noticia como una reivindicación de las víctimas de la violencia de los escuadrones paramilitares.

Del giro en el caso al reloj espía

El germen de esta historia arranca en 2012. En aquel entonces, el exmandatario demandó penalmente al parlamentario de izquierdas Iván Cepeda por abuso de función pública, calumnia agravada y fraude procesal a raíz de una investigación que este último preparaba en su contra por vínculos con los sanguinarios escuadrones paramilitares. Sin embargo, en un giro insospechado, la Corte Suprema de Justicia, a cargo de indagar a los congresistas en Colombia, exculpó en 2018 a Cepeda e informó de que, por el contrario, había hallado indicios de que quien había manipulado testigos había sido el todopoderoso político de derechas.

El tribunal determinó que, en realidad, había sido Uribe quien había enviado a un abogado suyo como apoderado a diferentes cárceles del país con el fin de recoger testimonios de exparamilitares que lo desligaran de la historia que se cocinaba en su contra.

En febrero de aquel año emergió la figura del recluso Juan Guillermo Monsalve, un delincuente con prontuario paramilitar condenado a 44 años por secuestro extorsivo, hoy conocido como el testigo estrella del caso. Fue él quien denunció la presión del emisario del expresidente. Para ello se sirvió de un reloj espía con el que grabó las exigencias del círculo del exmandatario para que declarara a su favor. Monsalve, además, es hijo de un mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez y centro desde donde presuntamente se gestó y financió el denominado Bloque Metro de las paramilitares autodefensas.

Aquel reloj, adquirido por su esposa, ha sido objeto de todo tipo de controversias. En principio por la falta de nitidez del audio. Luego, por las dudas de la defensa en torno a la integridad del material. Lo único cierto es que la Corte Suprema de Justicia ordenó, el 3 de agosto de 2020, la detención del entonces Senador Álvaro Uribe Vélez. Una noticia que cayó como un obús político en un país que atravesaba por entonces la peor crisis sanitaria en un siglo. El tribunal argumentó que se trataba de una medida preventiva “debido a posibles riesgos de obstrucción a la justicia”. Aquel período de arresto domiciliario fue breve. A los dos meses otra jueza ordenó su libertad inmediata. Pero movió las fibras más sensibles de una sociedad que atestiguaba cómo se cuarteaba la figura de un mito político viviente.

Debido a las reservas de Uribe Vélez, de 73 años, respecto al equilibrio del tribunal, renunció a su curul en el Congreso para que fuera la Fiscalía quien asumiera el manejo del proceso. En aquella época, Colombia era gobernada por un delfín político del uribismo: Iván Duque. Además, el Ministerio público estaba bajo las riendas de un funcionario de indisimulada cercanía al derechista Centro Democrático.

Desde entonces, la historia se ha desarrollado bajo una retahíla de solicitudes de preclusión o de recusación de los jueces por parte de la defensa. Un proceso judicial seguido en vivo y en directo por medio país a través de los diarios y televisores que transmitieron varias audiencias. Colombia, a la postre, ha aprendido de todas las tuercas del proceso penal y de todas las etapas procesales posibles.

Las audiencias eran maratónicas, y la posibilidad de que los plazos caducaran era latente. Colombia se iba haciendo a la idea de que no habría sentencia. Que el trabajo de más de una década de magistrados, fiscales y jueces sería en vano. Pero en abril de 2024, asumió la conducción la jueza Sandra Liliana Heredia. Y de golpe los tiempos del juicio empezaron a acelerarse. El pasado 25 de febrero, comenzó la intervención de los testigos. El reloj de arena corría en contra: la fecha límite para emitir el fallo en primera instancia estaba fijada para el 7 de agosto.

Mal momento para el conservadurismo

Para los analistas era pronto para adelantar la decisión. Entre otras razones, porque el embrollo penal siempre estuvo marcado por la crispación política. La desconfianza ideológica cubría los argumentos técnicos. Y la llegada del primer presidente de izquierdas en Colombia, a mediados de 2022, supuso un elemento añadido en el curso de esta historia.

El presidente Gustavo Petro se mantuvo al margen del juicio. Hasta hace solo unos días no se pronunció en varias publicaciones de X. No obstante, el tono cauteloso de sus mensajes ya era material inflamable. Los aires de confrontación entre el viejo líder de la derecha, asociado no pocas veces a grupos paramilitares, y el ahora jefe de Estado, con pasado guerrillero, reflotaron en las redes sociales. Las fracturas del país quedaron al descubierto y al rojo vivo.

Además, a un año de las elecciones presidenciales en Colombia, el momento para el conservadurismo no es bueno. En la misma coyuntura se ha amalgamado la dificultad para encontrar un relevo con posibilidades presidenciales reales y el reciente atentado contra uno de sus alfiles, Miguel Uribe Turbay, aún hospitalizado y en estado crítico en una clínica de la capital Bogotá. Ahora se suma la condena contra su jefe natural.

En todo caso, que se trata de un fallo de primera instancia. La defensa ya anunció que apelará a mediados del próximo 11 de agosto. La arquitectura judicial colombiana cuenta con garantías para que otras instancias ejerzan contrapeso. Ahora una sala del tribunal revisará el caso. Una nueva prórroga para que Uribe recargue baterías y la vieja derecha tome un trago de aire fresco.