Cesado el hasta ahora director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, José Luis Prieto, tras dos años y medio en el cargo. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, firmaba este jueves una Orden por la cual designa a su viceconsejero y mano derecha, José Repiso, “para ejercer la suplencia de la persona titular de la Dirección-Gerencia” en una agencia pública que arrastra más días de espera que en ningún otra parte del país y casi más bajas que altas con el nuevo modelo que la Junta implantó en marzo de 2024.

Prieto, de 71 años, fue nombrado en enero de 2023 tras más de 32 años de carrera vinculada al sistema público y a la atención de personas mayores y ha cesado “por temas personales”, según fuentes oficiales de la Consejería. Su salida ha trascendido formalmente en un BOJA complementario este mismo jueves, donde se nombra a Repiso como suplente al frente de la agencia “por vacante de la persona titular”. Las mismas fuentes desconocen si se nombrará a otra persona como director-gerente en próximas fechas.

Repiso, que fue nombrado viceconsejero hace justo tres años (el 2 de agosto de 2022) tras haber desarrollado la mayor parte de su trayectoria laboral en proyectos de atención social como educador social, anteriormente había sido director general de Cuidados Sociosanitarios, siendo responsable de las residencias de mayores y otros centros durante la pandemia de Covid-19, además de dirigir las áreas de adicciones y salud mental.

Tensiones internas

La noticia no ha cogido por sorpresa en el seno de la agencia y varias fuentes consultadas por este periódico aluden a otras razones para la sustitución de Prieto. “Hace meses que se sabe que había muy mala relación y desde la Consejería se le ha hecho bastante el vacío”, comenta una trabajadora a este periódico. “La semana pasada hubo una reunión con todos los jefes de servicio por el Plan de Choque. No apareció ni nadie dio explicaciones”, apunta otra empleada en la agencia acerca de su ausencia en aquel encuentro.

“No sabemos si ha sido cese o dimisión”, reconoce un trabajador. “La verdad es que últimamente había tomado las riendas el viceconsejero y las malas lenguas comentan que había conflicto entre viceconsejero y gerente”, apunta la misma fuente, incluso con órdenes contradictorias entre ambos dirigentes en los meses precedentes. “Tenían muchos conflictos entre ellos”, añade una empleada, que alude a una reunión convocada en la tarde del miércoles a todos los jefes de servicio de la agencia para comunicar el cese.

Ya desde hacía tiempo, aproximadamente hace un año, antes del verano, Prieto “empezó a dejar de tener mando” y no dirigía las negociaciones con los empleados de la agencia, que se han mostrado bastante beligerantes por su situación laboral en este sector, señala una de las trabajadoras consultadas, que alude incluso a una “luchas de egos” entre Prieto y Repiso, si bien “desde la Consejería han negado en todo los conflictos internos”. “Pero lo cierto es que, desde entonces, él ya no acudió más a reuniones a nivel laboral, sindical y con colegios profesionales, y las decisiones las fueron tomando desde la Consejería aunque dijeran que trabajaban mano a mano”.

De hecho, en una nota de prensa esta misma semana, la que presumía de datos en dependencia era la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, quien hablaba de “récord” de beneficiarios y prestaciones, y de que se había rebajado el número de días de espera, en concreto 574. Efectivamente, el tiempo se ha reducido, pero es el peor dato entre las comunidades autónoma de España, donde el tiempo de espera media es de 342. Andalucía es la comunidad autónoma con la mayor lista de espera en dependencia, sobrepasando el triple de 180 días que estable la Ley.

El nuevo modelo y el “agravio”

El 16 de marzo de 2024 entró en vigor en Andalucía el decreto que cambió 176 leyes de una tacada sin que la mayoría absoluta del PP dejara opción a participar a los sindicatos ni a la izquierda. Entre las normativas que se modificaron estaba el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones al objeto de “mejorar”, “facilitar”, “agilizar”, etc. el acceso a la ciudadanía. Un año después, la Junta presume de “récord de prestaciones y de beneficiarios”, y de que el nuevo modelo de gestión “está funcionando”, pero en el día a día del sistema, tanto para usuarios como para trabajadores, así como en la estadística, es otra la realidad.

Esta salida se produce una semanas después de una huelga del servicio de la dependencia en Sevilla y de que el responsable de dicho servicio presentara su dimisión en un contexto de tensión dentro del sector tras un año de implantación del nuevo modelo de gestión de la Junta, que ha sido criticado tanto por los usuarios como por los propios trabajadores de la administración andaluza. Dicha gestión ya provocó tras el verano pasado los ceses de las jefas de Servicio de Valoración de la Dependencia en Córdoba y en Granada ante “las barbaridades que se están implementado desde la dirección gerencia con el procedimiento de simplificación, y sin contar con la opinión de nadie”, según criticó por entonces CCOO.

El pasado mes de junio, la mayoría absoluta del PP sacó adelante una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento autonómico para rechazar al “agravio” del Gobierno de España en la financiación del sistema de la dependencia que viene capitaneando dese hace semanas la consejera de Inclusión Social, Loles López, a cuenta del acuerdo Gobierno-País Vasco rubricado el pasado 10 de abril en la Comisión Mixta del Concierto Económico por parte de la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Los mismos argumentos expuso Loles López hace apenas un par de días en comisión parlamentaria.

Pero la foto fija de la dependencia, a día de hoy, muestra que Andalucía es la comunidad más financiada de España y País Vasco la que menos, como ya informó este periódico. En los datos cerrados de 2023, Euskadi recibió un 16,05% mientras que Andalucía fue la que más porcentaje percibió, con un 37,74%, con una financiación casi 10 puntos por encima de la media nacional. Durante los dos años (2012-2014) en que el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue secretario de Estado de los Servicios Sociales en España, la asignación a Andalucía decreció del 25% al 22%.