Nueve años después de la sentencia que le obliga a hacerlo, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha dado el paso, quizá esta vez definitivo (pero nadie puede asegurarlo a estas alturas), para cumplirla. Casi una década ha tardado el Consistorio en declarar en Pleno que los terrenos donde se asienta El Algarrobico, el edificio destinado a hotel levantado entre 2003 y 2006 en la playa del mismo nombre, son no urbanizables.

Y, sin embargo, los terrenos, que se asientan en zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre (a menos de cien metros de la orilla del mar) y en el Parque Natural de Cabo de Gata, siguen siendo urbanizables. Un aparente contrasentido provocado porque falta aún un trámite: publicarlo. Generalmente es simplemente eso, un trámite, pero aquí cobra relevancia porque cualquier paso cuesta un mundo y todo se enreda en la maraña que envuelve al mamotreto.

El Pleno ha aprobado este jueves modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para anular la clasificación como urbanizable de los sectores ST-1 y ST-2, que afectan al entorno del hotel de El Algarrobico. El acuerdo ha sumado el voto favorable del equipo de gobierno (el alcalde, Salvador Hernández -Ciudadanos- y cinco ediles del PP), el no adscrito y dos concejales del PSOE, según confirman fuentes municipales.

Se han abstenido tres ediles socialistas, entre ellos el exalcalde José Luis Amérigo, sobrino de Cristóbal Fernández, quien siendo alcalde en 2003 concedió la licencia de obras. Durante el Pleno, el actual alcalde ha acusado a estos concejales socialistas de ser los muñecos del “ventrílocuo” Fernández.

Sin embargo, el acuerdo por sí solo no basta para que el Ayuntamiento cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, desde julio de 2016 (ratificada por el Tribunal Supremo en 2018), le obliga a modificar su PGOU para adaptarlo a la protección de la Ley de Costas (de 1989) y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) del Parque Natural Cabo de Gata (de 1994): es decir, a adaptar el PGOU para que Carboneras también contemple que los terrenos son no urbanizables, en línea con la ley y el P.O.R.N.

El motivo para que el acuerdo no baste es que el Consistorio debe aún publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Sistema de Información Territorial y Urbanística de Andalucía, un registro autonómico donde se inscriben todos los instrumentos urbanísticos. Un trámite que, según fuentes municipales, arranca hoy.

Incumplimiento del plazo dado por los jueces

Esto es, también, lo que le pidió el TSJA al alcalde en una providencia, fechada el 10 de marzo de 2025, dándole un mes para el depósito y publicación de la normativa urbanística que integra tal documento técnico. La resolución se notificó a finales de mayo, por lo que el plazo habría transcurrido de sobra.

Los magistrados están supuestamente hartos de las dilaciones y excusas que el Ayuntamiento pone desde hace años para cumplir sus dos sentencias clave del asunto, que obligan al Ayuntamiento a reclasificar los suelos, por un lado, y a revisar la licencia de obras (sentencia de 2021), por otro. Sin embargo, lo cierto es que las advertencias de multa dirigidas por los jueces a los alcaldes (antes Amérigo, ahora Hernández) nunca se han materializado, y las sentencias siguen sin cumplirse.

Las vueltas que puede dar este asunto son infinitas. Los terrenos ya fueron declarados no urbanizables por un Pleno municipal en abril de 2023, pero el Pleno fue posteriormente anulado por el TSJA (previa impugnación de la Junta) porque el acuerdo estaba redactado de tal manera que no cumplía con lo que pedían los jueces: el alcalde Amérigo quería hacer pasar por sobrevenida la imposibilidad de construir ahí, cuando lo cierto es que no se puede desde 1994. Antes, en 2019, el Ayuntamiento había aparentado cumplir simplemente publicando la sentencia, algo insuficiente, pues hay que modificar el PGOU. Y en 2024, el Ayuntamiento aprobó la modificación, pero cometiendo varios supuestos errores que alteraban el contenido sustancialmente, por lo que fue obligado a corregirlos.

El pasado abril, el alcalde remitió al TSJA dos documentos técnicos con la corrección de “errores tipográficos” y uno firmado por él en el que anunciaba, nuevamente, su “intención de cumplir” y de “prestar toda la colaboración” con los jueces, que también le habían advertido con trasladar el asunto a Fiscalía por un posible delito de desobediencia. Con esto, supuestamente, sólo quedaba pendiente la publicación en el boletín y el registro.

Sin embargo, el equipo de Gobierno ha decidido llevar a Pleno nuevamente el asunto. “El Ayuntamiento se ha sacado de la manga que hay que pasarlo por Pleno, pero eso no se lo pidió el TSJA”, observa José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, quien se muestra escéptico, pues no ha visto el acuerdo de Pleno. Un redactado mendaz ya provocó en 2023 la anulación y que todo volviera a empezar.

Discrepancias entre Gobierno central y autonómico

El propio regidor ha mostrado reiteradamente su reticencia a avanzar en el cumplimiento de las resoluciones. Los sucesivos alcaldes han esgrimido siempre el temor a que todo esto pueda desembocar en una obligación de pagar a la promotora, Azata del Sol, arruinando al municipio. Hernández es partidario de un acuerdo extrajudicial que facilite su uso “como hotel o residencia”, según declaró el pasado febrero. Hace un mes, en el Pleno que dio inicio al trámite de revisión de licencia, dijo que no lo hacía “por gusto” sino por “mandato” judicial. Lo hizo, además, invocando dos planos ya rechazados por la Justicia.

Frente a la vía de la ejecución de las sentencias, que cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía pero exige la dudosa colaboración municipal, el Gobierno central activó en febrero la expropiación de la mitad de los terrenos. 16.000 metros cuadrados que ocupan dominio público. Por ahora, el Gobierno ya ha rechazado las alegaciones de Azata a la expropiación y le ha pedido que ponga precio. La declaración de necesidad de ocupación de los suelos devendrá firme el 2 de agosto, pero la promotora podría recurrir.

Gobierno central y autonómico discrepan de cuál es la vía ideal para poner fin al inmueble, pero este miércoles la Consejera de Medio Ambiente, Catalina García, tendió la mano al Ejecutivo para explorar un pacto “como en Doñana” y evitar “otra guerra judicial con años de recorrido”. La propuesta ya ha sido remitida al Ministerio, pero la primera respuesta del Gobierno central fue cerrarse en banda. Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron a Europa Press que “la única vía” para derribarlo “es la expropiación que ha iniciado el Gobierno de España”.