El Gobierno francés creía haber pasado página, pero la movilización popular va a mantener vivo el debate. Una petición ciudadana que reclama la derogación de la nueva ley sobre cuestiones agrícolas y medioambientales ha recogido más de 2 millones de firmas, muy por encima de las 500.000 necesarias para que una propuesta popular sea inscrita en el orden del día de la Asamblea.

La ley fue concebida como respuesta a las protestas de los agricultores en 2024, e impulsada por los senadores Laurent Duplomb (Los Republicanos) y Franck Menonville (Unión de Demócratas e Independientes), con el objetivo declarado de “eliminar las restricciones al ejercicio de la profesión de agricultor”. Fue aprobada a principios de julio con los votos de la derecha, la extrema derecha y una parte importante de los diputados de centro.

La oleada de protestas del sector primario recorrieron la Unión Europea, desde España hasta Alemania y Polonia, pasando por Bruselas y consiguieron aflojar la agenda ambiental de la Comisión en vísperas de unas elecciones al Europarlamento que preveían el ascenso de fuerzas de ultraderecha. De allí salió la eliminación de algunos requisitos para recibir parte de los fondos de la PAC a cambio de impulsar una agricultura menos agresiva con el medio ambiente. También se rebajó la protección del lobo para satisfacer a la ganadería.

Una vez abierta esa vía, los países europeos han imitado ese movimiento: en España se paralizó el plan de fertilizantes o se ha impedido la reintroducción de linces en algunas comunidades autónomas. En Francia se elaboró además esta nueva ley.

El texto galo introduce cambios legislativos y reglamentarios muy criticados por los defensores del medio ambiente, que temen un retroceso en la protección de la biodiversidad. Entre esos cambios, medidas para permitir la aceleración de proyectos de almacenamiento de agua (megabalsas), restricciones en la participación de las agencias públicas en investigaciones medioambientales y un endurecimiento de los criterios para definir legalmente lo que es ganadería intensiva; aumentando el número de animales necesario para recibir esta calificación, que conlleva solicitar autorizaciones adicionales.

Pero el punto más controvertido es la reintroducción del acetamiprid, un pesticida neonicotinoide prohibido completamente en el país desde 2020 (su prohibición parcial se decretó dos años antes). En 2018 la Comisión Europea aprobó la prohibición de tres de las siete sustancias que componen esta familia de pesticidas (clotianidina, tiametoxam e imidacloprid), señalada por científicos y apicultores como responsable de diezmar de las poblaciones de abejas desde los años 90.

En el caso del acetamiprid algunos sindicatos agrícolas aseguran que es una solución necesaria contra varias plagas, en particular en cultivos de remolacha y avellanas. Además, los parlamentarios favorables al texto, han defendido que el hecho de que este pesticida esté autorizado a nivel europeo –de momento hasta 2033– basta como garantía de su seguridad.

Sin embargo, los efectos de los neonicotinoides, incluido el acetamiprid, han sido establecidos por múltiples estudios, que además señalan su permanencia en el organismo, en los suelos y en las aguas subterráneas. Y recientes investigaciones están alertando sobre posibles efectos nocivos en el desarrollo neuronal. De hecho, Francia ha reclamado en dos ocasiones a las autoridades europeas (en 2020 y 2022) nuevas evaluaciones al respecto.

En su último informe, publicado en mayo de 2024, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconocía “grandes incertidumbres en el abanico de pruebas sobre la toxicidad para el neurodesarrollo [toxicidad para la formación del cerebro] del acetamiprid”. La agencia europea reconoció que los actuales límites máximos de residuos en frutas y hortalizas representan un riesgo para los consumidores y recomendó que estos límites se dividieran por cinco, recomendación aceptada por la Comisión desde septiembre.

Por otro lado, la toxicidad de los pesticidas y su relación con la prevalencia de ciertos tipos de cáncer en las personas que trabajan en el medio agrícola, también ha sido motivo de denuncia. El 27 de junio, la Liga contra el Cáncer condenó la nueva legislación, alertando de que “agravará la exposición a los pesticidas” de “agricultores, floristas, jardineros y veterinarios”, así como para “las personas que viven cerca de zonas donde se aplican pesticidas”.

Democracia directa

La petición en línea considera la ley una “aberración científica, ética, medioambiental y sanitaria”. Lanzada por una estudiante de 23 años, necesitó solo unos días para superar el umbral de las 500.000 firmas requeridas para que pueda ser inscrita en el orden del día de una sesión de la Asamblea Nacional. Un éxito de la democracia directa que ha sorprendido a las instituciones y fuerzas políticas, que se plantean ahora cómo responder.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard (Los Republicanos), defensora de la ley, ha afirmado que el gobierno está “plenamente disponible” para un nuevo debate. También la presidenta de la Asamblea Nacional, la macronista Yaël Braun-Pivet, aunque ha precisado que el proceso “no puede en ningún caso retroceder sobre la ley ya aprobada”.

Los partidos de izquierda y diferentes actores de la sociedad civil presionan a Emmanuel Macron, que tiene la potestad de reclamar una revisión de la ley en virtud del artículo 10 de la Constitución francesa. El presidente podría reclamar una nueva deliberación, lo que significaría iniciar desde cero el proceso legislativo, aunque sin garantías de que una nueva tramitación arroje un resultado distinto.

Por el momento, el presidente ha decidido dejar correr el reloj y ha hecho saber que esperará a que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre el texto antes de anunciar su decisión. La decisión de reclamar una nueva tramitación le valdría a Emmanuel Macron nuevas críticas de los diputados de la derecha, impulsores del texto, además de los sindicatos agrícolas con los que mantiene una relación tensa desde su llegada al poder. Por otro lado, su propio partido votó dividido: 64 diputados macronistas se pronunciaron a favor del proyecto de ley, 14 en contra y 10 se abstuvieron.

Una de esas diputadas macronistas que votó en contra fue la ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, mientras que Gabriel Attal, líder de los diputados macronistas, lo hizo a favor. Ahora ambos proponen trasladar la cuestión de la reautorización del acetamiprid a la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria francesa (Anses). Sin embargo, la Anses recuerda que ya ha emitido varios dictámenes en este sentido, en los que afirma que existen alternativas, como el uso limitado de insecticidas en caso de plagas y la combinación de cultivos que sirvan como repelentes naturales en parcelas adyacentes

Resultado incierto

La posibilidad de que los diputados reabran el debate de la controvertida ley Duplomb este otoño es una victoria en sí misma para sus numerosos opositores, desde partidos de izquierda hasta ONG y varios investigadores de organismos públicos, que han salido de su silencio habitual respecto a temas de actualidad.

Por ejemplo, el Instituto de Ecología y Medio Ambiente, dependiente del Consejo Nacional de la Investigación Científica (equivalente francés del CSIC español) declaró “lamentar profundamente la adopción de esta ley cortoplacista y sus graves consecuencias para el medio ambiente, que desprecia la salud y el bienestar públicos, así como el papel de las especies silvestres en la producción agrícola”.

Por otro lado, los partidos progresistas –que se opusieron en bloque a la ley durante su tramitación– han prometido mantener la presión sobre el Gobierno en los próximos meses. Hace unos días la diputada ecologista Sandrine Rousseau advirtió en una entrevista a Franceinfo que “los partidos del Nuevo Frente Popular van a presentar textos de derogación de la ley en cada uno de sus nichos parlamentarios [las jornadas reservadas a cada grupo político] que le corresponda”.