La Unión Progresista de Fiscales, en la que el actual fiscal general ejerció la portavocía, carga con dureza contra la decisión del Tribunal Supremo de enviar a juicio a Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En declaraciones a elDiario.es, su actual portavoz Félix Martín González entiende que la Sala de Apelaciones “avala una argumentación del magistrado instructor que es meramente especulativa y subjetiva”. También celebran que Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y vinculada a la asociación, se haya quedado fuera del futuro juicio.

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que ha supervisado toda la investigación y ha avalado casi todas las decisiones del juez Ángel Hurtado, dictó un auto que marcó el futuro del juicio. Los magistrados archivaron la causa de forma definitiva contra Pilar Rodríguez y avalaron que el proceso siga solo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Un auto que, por primera vez en casi un año, revocó parcialmente una decisión relevante de Hurtado –el auto de procesamiento, la más relevante del caso– y contó con un voto particular de un magistrado que apostó por exonerar también al fiscal general.

Martín, portavoz actual de la asociación a la que estuvo afiliado el fiscal general hasta ser nombrado y que tiene dos representantes en el Consejo Fiscal, cree que la Sala ha dado su aval a “una argumentación del magistrado instructor que es meramente especulativa y subjetiva”. Entienden, al igual que el voto particular, que Hurtado ha centrado sus esfuerzos en investigar a los dos fiscales cuando ese correo con la confesión de Alberto González Amador estuvo en manos de mucha más gente.

“Parece que está avalando que, como para el magistrado instructor una alternativa, según sus subjetivas valoraciones, es la autoría del fiscal general de esa revelación, con eso basta, y entendemos que es manifiestamente insuficiente”, lamenta tras conocer un auto que deja a García Ortiz al borde de juicio con algunas acusaciones pidiendo hasta seis años de cárcel para él.

Esta asociación asegura que son “optimistas” y confían en el voto particular del magistrado Andrés Palomo que se opone con claridad al procesamiento del fiscal general. “Está escrito de manera muy contundente, está diciendo que no hay un solo indicio y que la investigación se ha centrado en investigar a dos personas, cuando había un círculo potencial de posibles reveladores mucho más grande y al enfocar solamente en ellos dos desenfoca la visión de la instrucción”, explica el portavoz de la UPF.

Incide la asociación en oponer los razonamientos del auto y del voto sobre el borrado de mensajes en el teléfono del fiscal general. Un borrado que desde la Fiscalía atribuyen a una medida habitual de seguridad y que se hizo una vez se hizo público que la causa se había abierto contra él en el Supremo. “No puede convertirse en un indicio en su contra porque, además, el fiscal general tiene un deber de custodia de la información muy relevante”. Que García Ortiz “proteja sus comunicaciones”, dice el portavoz de la UPF, “es algo propio de la autoridad y de la información que tiene. El borrado no es un indicio”.

Varias asociaciones judiciales y fiscales han solicitado que García Ortiz valore la opción de dimitir antes de la apertura de juicio oral. “Que pondere cuidadosamente el impacto constitucional que puede suponer seguir en el cargo”, afirma la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación en el caso, ha pedido al juez Hurtado que suspenda a García Ortiz en el cargo cuando se abra juicio oral contra él. Otras asociaciones, como la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, llevan meses pidiendo la dimisión del fiscal general.

El “corazón dividido”

El auto de la Sala de Apelaciones confirma que García Ortiz será juzgado tan pronto como Hurtado dicte la apertura de juicio oral contra él, pero corrige al instructor y deja fuera del caso a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, considerada por el magistrado desde el principio como parte indispensable de la filtración. “Tenemos el corazón dividido, sería la expresión correcta”, dicen desde la UPF antes de pasar a celebrar el archivo definitivo de la causa contra Rodríguez, para quien algunas acusaciones también piden cárcel.

“Estábamos muy preocupados porque se abriera juicio contra Pilar, que es una profesional como la copa de un pino, y muy contentos de que se le haya dejado al margen”, celebra Félix Martín González. Destaca que se haya acordado el sobreseimiento libre y no solo provisional contra ella: “Es importante porque despeja cualquier atisbo de duda en el mecanismo interno de dación de cuenta”.

El auto, por unanimidad de los tres magistrados de la Sala, entiende que Rodríguez hizo llegar al fiscal general toda la información del caso de la pareja de Ayuso cumpliendo una dación de cuentas, método reglado dentro de la Fiscalía para trasladar información, y no ejecutando una filtración ilegal. “Que un jefe te pida que le expliques algo o te dé una orden que entiendes legítima y resuelves lo que te pide, eso no te puede llevar aparejada ninguna responsabilidad penal”, celebra la UPF.

También invita a hacer una “reflexión” porque varias acusaciones, entre ellas la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido cárcel para Rodríguez. “Lo único que hizo fue atender una orden de sus superiores que, sin embargo, ha merecido que una asociación de fiscales pida pena de prisión contra ella, eso nos merece una reflexión muy grande en la carrera fiscal, que hayan tenido que venir los jueces a avalar esta acción”.