La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha registrado un total de 48 alegaciones al borrador del Plan de Recuperación y Reconstrucción para la zona afectada por la dana, liderado por el vicepresidente segundo de la Generalitat, el teniente general José Francisco Gan Pampols, y que ha contado con la asistencia técnica de la consultora PricewaterhouseCoopers, contratada por 2,2 millones de euros. La entidad que preside Miguel Polo reitera hasta en cuatro ocasiones que “se estima oportuno hacer constar” que la CHJ “no ha participado directamente en la redacción del Plan, ni en la formulación de las propuestas, y no ha conocido su borrador hasta el momento de su puesta a disposición para consulta”, ya en la fase de participación ciudadana que finalizaba el pasado 28 de julio. “En consecuencia, se considera que la redacción actual no refleja la realidad de lo acaecido”, afirma en referencia al borrador.

El plan de Gan Pampols también arremete contra el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ, del que asegura que no ha sido ni “actualizado” ni “ampliado” en los “últimos años”. Sin embargo, la CHJ alega que el SAIH “está en continua mejora y modernización a través de contratos de mantenimiento y conservación, en especial desde 2019”. “Decir que el SAIH no se ha actualizado ni ampliado en los últimos años es falso, y debería suprimirse”, indica la confederación, que también recuerda que “no es un sistema de predicción sino de observación, encargado de captar, transmitir, procesar y presentar los datos que describen el estado pluviohidrológico e hidráulico de la cuenca; en especial la información hidrológica y gestión de avenidas en grandes ríos con embalses”.

Por otro lado, la CHJ detecta errores de bulto en referencias del borrador del plan a las presas de Vilamarxant y Marquesado, que no están incluidas en el programa de medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

El borrador del plan también afirma que en la presa de Forata, de titularidad estatal, las inundaciones de la dana provocaron “grietas” y “erosiones en estribos”. Las alegaciones de la CHJ recuerdan que la infraestructura está “sometida a la legislación vigente en materia de seguridad de presas” y que se está ejecutando una obra de emergencia “con alcance mayor al de la propuesta de iniciativa” incluida en el plan de Gan Pampols. “En contra de lo manifestado en la iniciativa, en la presa de Forata no hay ni grietas ni erosiones ni refuerzo de estribos que realizar”, matiza la CHJ.

El plan de la Generalitat también incluye la iniciativa de creación de una Agencia Estatal del Agua, propuesta que la CHJJ tilda de “injerencia competencial”. “No corresponde a la Generalitat Valenciana acordar la creación de una Agencia Estatal, entidad de Derecho público, dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultada para ejercer potestades administrativas, y que es creada por el Gobierno para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias”, alega la confederación.

Aviso a navegantes sobre urbanismo

En varias de las propuestas del borrador del plan “se proponen actuaciones que afectan a cauces de dominio público hidráulico (DPH), a sus cabeceras o a sus zonas de protección”, aunque “sin concretar cómo cada Administración contribuye a la implantación de la iniciativa”. “En todo caso, las actuaciones que otras entidades realicen en terrenos de DPH o sus zonas de protección requerirán autorización administrativa previa de esta Confederación, debiendo ajustarse a los requisitos establecidos en la Ley de Aguas y sus reglamentos de desarrollo, así como a los criterios técnicos publicados por este Organismo”, advierte la CHJ.

También cuestiona varios objetivos específicos del plan en materia urbanística. Una misma alegación de la CHJ que se repite en ocho ocasiones, destaca que en el borrador “se recogen una serie de limitaciones a los usos del suelo y actividades en zonas inundables que, en algunos casos, se concretan mediante modificaciones del Patricova [Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Generalitat Valenciana]”.

Y alerta de que las limitaciones “deberán ajustarse a la legislación estatal en materia de aguas, la cual se materializa principalmente a través del texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que la desarrolla en estos aspectos, en su versión actual o futuras modificaciones”. “Dichas limitaciones no podrán incluir restricciones de menor entidad a las incluidas en dicha normativa”, afirma ante la tentación de rebajar las exigencias en materia urbanística.

Una “herramienta propagandística” al servicio de Mazón

Por su parte, la Plataforma Mai Més València también ha registrado una treintena de alegaciones al borrador del plan. La entidad, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa de la dana, considera que la iniciativa estrella del vicepresidente Gan Pampols “no incluye ningún mecanismo que garantice la participación efectiva de las poblaciones más golpeadas por la tragedia”.

Mai Més critica los “anuncios vacíos” del Consell sobre registros y pruebas piloto de “órganos innecesarios”, que “duplican” las estructuras ya vigentes.

La entidad de la sociedad civil concluye que el plan “resulta una herramienta propagandística al servicio del Gobierno actual” de Carlos Mazón, “elaborada sin la voz e la ciudadanía, sin visión de futuro y que no resuelve ninguno de los problemas esenciales de resiliencia climática y vulnerabilidad económica y social que afectan a las comarcas golpeadas por la dana”.