Poco más de un 10% de los diputados detalla sus reuniones con grupos de interés, empresas u organizaciones en su agenda pública en la Cámara Baja
El Congreso y los lobbies: más de tres décadas de intentos fallidos para regular los grupos de presión
El 3 de julio, la diputada Emilia Almodóvar, del Partido Socialista, se reunió con los representantes de las Bodegas Viñatigo, que producen una denominación de origen protegida en Canarias. El encuentro fue organizado por la Asociación de Viticultores y Bodegueros de las islas. La información es pública, figura en la agenda de la parlamentaria en la web del Congreso, pero para llegar a ella cualquier ciudadano tiene que hacer un recorrido tortuoso por las pestañas de esa página.
Todos los diputados cuentan con un perfil en el Congreso en el que deben colgar una serie de informaciones. Su declaración de actividades, de bienes y rentas, y también de intereses económicos, pero además cuentan con una agenda en la que pueden incluir toda su actividad parlamentaria y también sus reuniones, los actos a los que asisten o incluso las entrevistas que brindan a los medios de comunicación. Pero hasta ahora es muy poco manejable a la hora de saber qué tipo de encuentros mantienen los parlamentarios.
La relación de los diputados con las empresas y otros agentes económicos ha estado muy en boga durante los últimos meses entre otros asuntos porque el Gobierno y el Congreso han dado pasos para regular por fin la figura de los grupos de interés o lobbies, una tarea pendiente desde hace muchos años en el sistema político español. Pero ha cobrado mucho más interés si cabe tras el estallido del caso del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, imputado en una causa por favorecer ilegalmente a empresas gasísticas durante su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy.
El juez de Tarragona que investiga la causa da detalles sobre cómo funcionaba el Ministerio con Montoro, que había fundado y dirigido hasta 2008 una empresa llamada Equipo Económico, con una cartera de clientes que se vieron beneficiados por algunas de las normas que firmó cuando entró al Ejecutivo. El juez asegura que las empresas gasísticas llegaron en dos ocasiones “a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos”. Una de esas modificaciones alcanzó a la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Los organismos internacionales sobre transparencia exigen desde hace tiempo a España que mejore la regulación sobre transparencia. Y los mecanismos que tanto el Gobierno como el Congreso han puesto en marcha este año apuntan precisamente a la mejora de la información sobre la relación entre las empresas y la administración, con la limitación de las llamadas puertas giratorias o la creación de un registro oficial de grupos de interés, para que las reuniones de los representantes sean públicas, de un modo similar a lo que ocurre por ejemplo en el Parlamento Europeo.
Más allá de la ley que impulsó el Gobierno, el Congreso aprobó recientemente un plan de Parlamento Abierto que entre otras cosas busca mejorar la accesibilidad de la información, para que sea mucho más sencillo localizar las reuniones que mantienen los diputados con empresas, organismos o representantes de la sociedad civil.
La Cámara aprobó hace unos años un código de conducta que obligaba a los diputados a publicar sus reuniones, pero sin un mecanismo sancionador la medida apenas ha dado resultados. El último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, publicado en febrero, revela que en diciembre de 2024 apenas 46 diputados publicaban detalles de su agenda más allá de su actividad parlamentaria diaria. Todos los parlamentarios incluyen de forma automática sus días de pleno o sus participaciones en comisiones o incluso las reuniones de ponencia.
“Pero son minoría en ambas Cámaras, a pesar de las recomendaciones que en este sentido se han hecho en todos los informes anteriores, quienes además de las reuniones de órganos parlamentarios, publican otro tipo de actividades y reuniones mantenidas”, reza el informe la oficina.
“Además, se observa que en muchos casos estas anotaciones se realizan de forma ocasional y no regular y se refieren frecuentemente a asistencia a actos, pero rara vez se refieren a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés conforme al artículo 6 del Código de Conducta”, dice sobre las reuniones con personas o entidades que intenten modificar o influir “sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas. ”Como ya se señaló en el Informe de esta Oficina de 2022, se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que estos datos reflejan cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras“, añade el informe.
La inmensa mayoría de los diputados que durante este año han publicado detalles de sus agendas fuera de la actividad parlamentaria son del PSOE. Hay algún caso aislado en el PP, pero ninguno en Vox o en Sumar ni en los partidos más pequeños, que quizás cuentan con menos asesores para rellenar este tipo de cuestiones en la agenda. El portavoz socialista, Patxi López, incluye en su perfil las entrevistas a medios y también otro tipo de reuniones. Por ejemplo, según figura en la web, el 26 de mayo tuvo una intensa actividad en Granada, donde lo recibió el decano de la universidad, tuvo un acto y después comió con estudiantes de la asociación DEMOS.
En una búsqueda realizada por elDiario.es, varios diputados socialistas incluyen reuniones con sindicatos como UGT, con fundaciones o asociaciones. Un parlamentario informó de una reunión hace poco con APSITAL y especificó que lo hacía como parte de su trabajo en el proyecto de Ley de Función Pública. El problema es que para llegar hasta cada una de estas reuniones es necesario entrar a la ficha del diputado y buscar día por día, en lugar de acceder a un listado con la información.
La publicidad de estas reuniones difícilmente puede evitar casos como el de Montoro, pero sí ayuda a rastrear los pasos de los diputados y también la influencia que las empresas y asociaciones tratan de ejercer en la redacción de las leyes. Las compañías dedican millones de euros al año en consultoras o personal especializado en relaciones institucionales para tratar de promover enmiendas específicas o cambios legislativos favorables.
Como parte del Plan Parlamento Abierto, el Congreso está trabajando en una fórmula para facilitar el acceso a estas agendas. Uno de los puntos de ese texto, aprobado en febrero, insta a desarrollar una guía informativa sobre la publicidad de las agendas. “La Secretaría General de la Cámara, como órgano responsable de la gestión administrativa, elaborará una guía informativa que detallará los procedimientos para la publicación de las agendas de los diputados y diputadas. Esta guía garantizará que la ciudadanía pueda acceder a información actualizada y detallada sobre las actividades y compromisos legislativos, incluyendo las reuniones mantenidas con representantes de entidades que tengan la condición de grupo de interés, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 del Código de Conducta de las Cortes Generales”, establece.
No solo eso, el plan busca que la publicidad de las reuniones sea realmente una obligación para los partidos, con una regulación específica de los grupos de interés con una definición concreta y una delimitación del tipo de actividades que se consideran parte de la influencia de esos grupos en los diputados. Y proponen la creación de un registro de grupos de interés similar al que funciona en el Europarlamento. En él deberán inscribirse aquellas organizaciones, entidades y personas que realicen esta actividad de influencia.
“La inscripción será obligatoria, pública y de acceso gratuito, y estará condicionada al cumplimiento del Código de Conducta. Además, se garantizará la accesibilidad en el proceso de registro y en la publicación de información sobre los grupos inscritos”, explica el plan, que detalla que se incorporará un sistema de publicidad de estas visitas para hacer públicas las agendas de las reuniones. “Se incluirá la identidad de las partes intervinientes, la fecha del encuentro y el contenido general de las cuestiones tratadas y se publicará una guía para la gestión de las agendas de acuerdo con la medida siguiente del presente Plan”, expone.