El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su respaldo a la acción del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Preguntado sobre si, llegado a este punto, García Ortiz debe dimitir, Sánchez se ha reafirmado en que cree en la inocencia del fiscal y ha remarcado que éste cuenta con “el aval y el apoyo del Gobierno de España”.

Así lo ha puesto de manifiesto ante los medios tras el despacho estival que ha mantenido esta tarde con el rey Felipe en el Palacio de Marivent. En concreto, la decisión del Supremo deja a García Ortiz a las puertas del banquillo para ser juzgado por revelación de secretos, pero también revoca una parte relevante de la investigación del juez Hurtado: archiva la causa contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, al entender que no hay pruebas de que participara en ningún plan para filtrar a la prensa el correo con el que Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal. Uno de los magistrados del tribunal apostaba por archivar el caso para ambos fiscales.

También a preguntas de los medios sobre si el Gobierno se va “tranquilo de vacaciones”, Sánchez ha iniciado su respuesta con ironía -“si le digo que sí, no me va a creer, y si le digo que no, tampoco me va a creer”-, para acto seguido subrayar que el Ejecutivo y el conjunto de ministros y ministras “está haciendo un trabajo extraordinario en un momento muy complejo como el que está atravesando el mundo, Europa y que, por tanto, afecta a España”. “Ahí están los datos”, ha aseverado. “No estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando del buen funcionamiento de la economía, del fuerte incremento en la creación de empleo en nuestro país, de las políticas que estamos haciendo de reforma en ámbitos tan diversos como la transformación energética o las políticas sociales”, ha abundado.

“Hoy, sin ir más lejos, también en política de autonomía estratégica, el Gobierno de España ha dado respaldo a través de la SEPI a una importante empresa como es Talgo”, ha añadido después de que el Consejo de Ministros haya autorizado este martes la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el capital de Talgo mediante una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía (45 millones de euros). En definitiva, ha apuntado Sánchez, queda “mucho trabajo y mucha legislatura por delante”, incidiendo en que “todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de coalición progresista” cuentan con su “reconocimiento, respeto y respaldo”. Por tanto, ha subrayado, la respuesta es que “no va a haber crisis de gobierno”.

“No va a haber crisis de gobierno”

El jefe del Ejecutivo central ha destacado que uno de los asuntos sobre los que ha despachado con el rey es el relativo a la situación económica de España, que ha calificado de “francamente positiva”, sobre todo si la compara con otras economías europeas “y más allá” a raíz del “complejo escenario internacional que está atravesando el mundo”. En esta línea, ha apuntado que los datos de la contabilidad nacional del pasado trimestre “invitan al optimismo”, recordando cómo el Fondo Monetario Internacional “vuelve a proyectar a España como la principal economía o la gran economía europea que más crece por segundo año consecutivo en Europa”.

Las previsiones del FMI, ha indicado, son del 2,5% de crecimiento interanual, mientras que las previsiones del Gobierno de España son de un 2,6%, cifras que van acompañadas, ha recalcado, de un fuerte crecimiento en la creación de empleo, al subrayar cómo el país ha superado la barrera de 21 millones de ocupados hasta situarse en los 22,2 millones, de acuerdo a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), con unas tasas de paro del 10,2% que “no veíamos desde el año 2008, es decir, desde antes de la crisis financiera”.

Sánchez, sobre el reparto de migrantes: “La ley se cumple”

En el despacho que ha tenido antes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, el líder del Ejecutivo nacional ha defendido la Ley de Vivienda estatal, que permite declarar como “zonas tensionadas” las regiones más afectadas por los precios elevados de la compra y el alquiler de inmuebles. Preguntado sobre si las Islas deberían ser consideradas zonas tensionadas, un extremo al cual se opone el Govern balear del PP, Sánchez ha animado a todos los ayuntamientos y gobiernos autonómicos a sumarse a la limitación de los precios. “Creo que es bueno y de sentido común empezar a utilizar esas herramientas porque allí donde se están utilizando empiezan a funcionar. Y creo que esa es la línea y no precisamente otras que desgraciadamente se están siguiendo por parte del Govern”, ha sostenido.

Sobre el asunto migratorio, que ha sido uno de los principales temas que ha abordado con la mandataria balear, Sánchez se ha comprometido con ella a realizar un “esfuerzo diplomático” con los países de origen y de tránsito para frenar el flujo migratorio a Balears. Sánchez ha afirmado que la llegada irregular de migrantes se ha reducido un 27% en el conjunto de España respecto al año pasado, aunque ha reconocido que “eso no está ocurriendo en la ruta que afecta a Balears”, que parte fundamentalmente desde Argelia y que el Gobierno central no reconoce todavía. “Una de las cuestiones que he tratado con la presidenta de Balears es que haremos un esfuerzo diplomático con aquellos países de origen y de tránsito y frenar en origen esa migración irregular. Ese es el compromiso que he asumido con la presidenta”, ha anunciado.

Sánchez también se ha pronunciado sobre el reparto de menores migrantes entre las diferentes Comunidades Autónomas, que rechaza el Govern balear del PP, el cual sería el encargado de acoger a 49 personas procedentes de Canarias y Ceuta: “Le he dicho a la presidenta que la ley se cumple y los gobiernos autonómicos tienen que cumplir con la ley. Le he sido claro a la presidenta en este asunto y lo soy con todos los presidentes autonómicos que hacen de la migración y de estos menores una cuestión política y de confrontación con el Gobierno. La ley se cumple y aquellos gobiernos autonómicos que se nieguen tendrán que saber cuáles son las consecuencias”. Preguntado específicamente por cuáles podrían ser esas consecuencias, Sánchez no ha querido entrar en detalles. “Lo que digo es que se tiene que cumplir la ley y quien no la cumpla sabe a lo que se tiene que atener”, ha concluido.