La investigación judicial de un posible delito ambiental por los nueve pozos sin licencia descubiertos en una finca de la Casa de Alba junto a Doñana da un nuevo giro, después de que el juez haya dado el paso de imputar a la empresa familiar que gestiona estas tierras. Así se ha comunicado en una providencia, en la que se cita al representante legal de Eurotécnica Agraria a comparecer el próximo 18 de septiembre en el juzgado para tomarle declaración como investigado, lo que a su vez puede implicar que por ahora se libran Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo, cuya imputación solicitó la Fiscalía.

El magistrado insta a la sociedad a que designe a la persona que la represente ante el Juzgado de Sanlúcar la Mayor que lleva el caso. La defensa de esta compañía ha mantenido hasta la fecha que el máximo responsable es el hasta la fecha único imputado, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, sobrino del duque de Alba y administrador de la firma. De hecho, esto fue lo que libró a su tía, Eugenia Martínez de Irujo, de ser imputada como ocurrió inicialmente al figurar como presidenta de Eurotécnica.

De esta manera, el magistrado atiende parcialmente la petición de la Fiscalía, que solicitó precisamente que se imputase a la persona jurídica Eurotécnica Agraria. El Ministerio Fiscal también solicitó la imputación de todos los miembros del consejo de administración de la compañía, en el que además de Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg figuran sus tíos Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo.

Responsable penal o responsable civil subsidiario

Precisamente, en una providencia anterior el magistrado solicitó al Ministerio Fiscal que definiese su postura, y que eso iba a determinar si citaba como investigado a los tres hermanos. Concretamente, le pidió que “aclare” si está solicitando la investigación de Eurotécnica Agraria como posible responsable penal o como responsable civil subsidiaria. El Ministerio Público apuntaba a la persona jurídica tras un CIF y pedía su investigación en base al artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El magistrado argumentó que, según el artículo 118 de la ley “que se invoca” por la fiscal, si lo que se persigue es la responsabilidad penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, cuyo administrador es precisamente Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, primer nieto de Cayetana de Alba. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se opta por esta vía, entiende el instructor.

El hecho de que se cite como investigado sólo al representante de la empresa parece indicar que, por ahora, los tres hermanos Martínez de Irujo evitarían el trago de comparecer ante el juez, al menos en función de cómo evolucione la investigación. La defensa, por su parte, ya alegó en su momento que el administrador de Eurotécnica Agraria (y por tanto su máximo responsable en la práctica) es Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, por lo que entiende que “no hay ninguna razón que justifique” la petición de la Fiscalía de proceder contra Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo.

“Grave perjuicio para el medio natural”

La base para esta afirmación es que en 2016 se firmó un acuerdo (refrendado en 2022) por el que se repartían entre los hijos de Cayetana de Alba varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria. En esta distribución la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar y en la que se ubican estos nueve pozos ilegales, fue a parar a Alfonso Martínez de Irujo, que puso al frente de la misma a su hijo Luis.

Por ello, la defensa sostiene que los hermanos Martínez de Irujo no participaban en la gestión de Aljóbar ni en “ninguna decisión que afectase a ésta”. No sólo eso, sino que tampoco “estaban facultados ni tenían atribuciones para hacerlo, sin que además hayan obtenido ni pudiesen obtener beneficio alguno”.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que “concurren indicios suficientes” de un delito contra el medio ambiente: se ha producido una “extracción sistemática y de carácter industrial de agua en una superficie muy extensa y mantenida durante muchos años”, al menos durante una década, lo que ha supuesto un “grave perjuicio para el medio natural”. Por su parte, la Guardia Civil apunta en su informe a un daño ambiental que cifra en hasta seis millones de euros y que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante esos diez años.