El pasado 26 de junio más de un centenar de personas represaliadas del franquismo y la Transición presentamos, en el espacio de memoria de la antigua cárcel Modelo de Barcelona, la campaña Nunca es tarde para hacer justicia, pero debe ser ahora, con la que demandamos a las instituciones internacionales, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que insten al Estado español a investigar las torturas “sistemáticas” que sufrieron los opositores al régimen durante el franquismo y la Transición, y evitar que la amnistía y la prescripción impidan hacer justicia.

Esta iniciativa coordinada por Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, junto con el Ateneu Memòria Popular, la Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, La Comuna, Òmnium Cultural y la Comissió per la Dignitat, cuenta con el apoyo de personalidades como Isabel Coixet, Juan Diego Botto, Ana Tijoux, Moha Gerehou, Mònica Terribas, Marc Giró, las hermanas Puig Antich y Xavier Antich.

Pese a que la Fiscalía y las víctimas interpretamos que la Ley de Memoria Democrática de 2022 abría la puerta a investigar judicialmente a los torturadores de la Brigada Político Social, los tribunales han alegado prescripción, amnistía y principio de irretroactividad.

Por ello, a partir de dos litigios estratégicos que han agotado sin éxito los recursos hasta el Tribunal Constitucional, se considera que acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas puede ser un paso clave para romper la impunidad legal de los crímenes del franquismo.

El caso de los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz, que siendo menores de edad, al ser detenidos en 1971 por su militancia en la Joven Guardia Roja, fueron salvajemente torturados durante 32 días en la Prefectura de Vía Laietana de Barcelona, se presentará ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Mi caso será presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que fui torturado en 1970 durante 20 días, también en la Prefectura de Vía Laietana, por mi militancia sindical en las Comisiones Obreras de SEAT de Barcelona, acusado y condenado por el TOP (Tribunal de Orden Público) por delitos que hoy son derechos constitucionales: asociación, huelga, reunión, manifestación y propaganda.

Mi querella por torturas continuadas, consideradas crimen de lesa humanidad en la jurisprudencia internacional y, por lo tanto, imprescriptibles, fue presentada en 2022, apoyada inicialmente por la Fiscalía, pero desestimada por la Audiencia en febrero de 2025, argumentando que los hechos “no pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad” por no estar definidos así en aquella época

¡Qué hipocresía! Claro que no existía ese tipo penal en el código franquista, ya que la tortura era y es sistémica en las dictaduras que fundamentan su persistencia en la persecución de los demócratas mediante la represión.

Los activistas que luchamos por las libertades y pagamos un alto precio por enfrentarnos a la dictadura, sufriendo torturas, privación de libertad, despidos y exilio, nos implicamos en esta campaña no por una reparación personal, ya que el dolor sufrido y el trauma nunca podrán resarcirse, sino por un compromiso ético con las nuevas generaciones para hacer justicia y cultura democrática, en tiempos de revisionismo histórico y populismo.

Somos la última generación del antifranquismo y nuestro legado es ser testimonio vivo de lo sucedido y del sacrificio que supuso avanzar en la conquista de libertades que nadie nos regaló, que no nos vinieron dadas y que se pueden perder.

Por eso resulta paradójico que ciertas instancias cuestionen que no acudiéramos antes ante los tribunales y las instancias internacionales. ¿Acaso desconocen que primero hemos tenido que acabar con la dictadura y después consolidar la democracia, reconstruir el tejido social, las organizaciones políticas y sindicales, y avanzar en derechos en un contexto de inestabilidad en una transición sangrienta amenazada por sucesivas tentativas de golpe de estado con verdaderos peligros de involución?

Es a partir de los primeros tímidos avances en políticas de memoria histórica y democrática, logrados mediante la presión de las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, que abordamos la tarea de exhumar de las fosas y las cunetas los restos de los miles de personas ejecutadas por el franquismo, para posteriormente poder permitirnos las primeras querellas.

Querellas que chocaron con un poder judicial, en su mayoría insensible ante los crímenes del franquismo. Por ello, algunos intentamos buscar en Argentina la justicia que no encontramos en nuestro país.

Aunque seguimos perseverando en Argentina, aquí en Europa y en las Naciones Unidas, con el impulso de esta campaña, pretendemos que instituciones como el TEDH y el Comité contra la Tortura obliguen a España a abrir una investigación, en lo que es un paso clave para romper la histórica impunidad legal.