El alcalde de la localidad rural de El Boalo ha fijado para el próximo 20 de agosto el cierre de Senbazuru, una iniciativa educativa privada y laica con más de un centenar de estudiantes, lo que ha generado protestas y reclamaciones judiciales: «Estamos ante un caso claro de violencia institucional»
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La comunidad educativa y vecinos de la localidad madrileña de El Boalo se han movilizado ante la amenaza de cierre del colegio privado laico Senbazuru. El ayuntamiento, que gobiernan PP y Vox más un partido independiente, le ha suspendido la licencia porque considera que no cuenta con informes técnicos favorables, por lo que ha fijado la fecha de cierre para el día 20 de agosto.
El consistorio que lidera Sergio Sánchez Yunquera (PP) argumenta que el colegio carece de las instalaciones necesarias para el correcto desarrollo de la actividad educativa y alega que los niños “están en barracones”. Desde Senbazuru, sin embargo, aseguran que las motivaciones detrás del cierre no responden a razones urbanísticas sino por razones ideológicas. “Estamos ante un caso claro de violencia institucional y abuso de poder por encima del interés superior del menor. Se han abierto todas las vías posibles, cumplido con la totalidad de los requerimientos por parte del Ayuntamiento, pero la cronología de hechos muestra una clara incongruencia, además de arbitrariedad, dilaciones y errores por parte de la administración”, denuncian desde la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio.
José Sánchez, director del centro, exige que se garantice la continuidad del colegio, que cumple “con toda la normativa necesaria” tras haber presentado un proyecto de adecuación de las construcciones conforme a la normativa urbanística y el Código Técnico: “Seguimos sin entender esta obstinación con querer cerrar un proyecto educativo pionero, único y reconocido a nivel internacional”. “Este Ayuntamiento, en los dos años que lleva gobernando, ha dejado caer muchos proyectos sociales del pueblo, pero no pensábamos que fuera a atentar contra una escuela y a más de 100 niños y niñas”, denuncia el director del centro.
“Sectarismo ideológico”
La comunidad educativa ha iniciado un procedimiento judicial contencioso-administrativo contra el alcalde, por entender que sus actuaciones “vulneran el interés superior del menor, el principio de proporcionalidad y razonabilidad y la seguridad jurídica”. Desde la oposición, Esteban Álvarez, diputado y portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, tacha de “sectarismo ideológico” la intención de cierre por parte del ayuntamiento de El Boalo (8.500 habitantes).
“El centro ya ha demostrado cumplir con los requisitos que se le han exigido, además de presentar informes técnicos favorables. A mi juicio, el cierre solo se entiende por el hecho de que sea un centro que no concuerda con su ideología”, afirma Álvarez. El diputado socialista añade que se trata de un “ataque” por parte de PP y Vox que se traduce en que más de 100 familias se queden sin colegio.
Senbazuru ALC es el primer y único Agile Learning Center de España. El centro forma parte de la red internacional de Agile Learning Centers y basa su propuesta “en la autodirección, las herramientas ágiles y el aprendizaje profundo de competencias como la creatividad, la ciudadanía o el pensamiento crítico”. Las clases no se dividen por edades y los alumnos son responsables de su propio recorrido educativo a través de proyectos.
En el último pleno del Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, celebrado el 10 de julio, representantes del AFA intervinieron reclamando explicaciones sobre los motivos y el expediente que justificaría el cese de actividad, y denunciaron falta de transparencia y constantes dilaciones administrativas que, aseguran, ponen en riesgo la estabilidad y el bienestar de más de un centenar de alumnos, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.
La incertidumbre sobre el posible cierre también llega a los trabajadores del propio centro, ya que según afirman este constituye “una fuente de empleo directo para un número significativo de personas en nuestra zona rural”.
Con ello, las familias exigen al alcalde que garantice la continuidad del colegio más allá del 20 de agosto y solicitan abrir una mesa de diálogo para buscar una solución estable y legal. Mientras tanto, un juzgado deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas.