Victoria histórica en los tribunales para el movimiento por la vivienda. El juzgado de Primera Instancia nº4 de Madrid ha declarado abusivas seis de las siete clausulas incluídas en los contratos de arrendamientos de más de 30 vecinos de un edificio situado en el número 7 de la calle Martín Muñoz de las Posadas.

La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, no es solo histórica por esa declaración de nulidad. Ya ocurrió en otros casos, como la que consiguió el Colectivo Ronda en Barcelona o el Centro de Asesoría y Estudios Sociales en Madrid. Pero se trata del primer triunfo a título propio de un Sindicato de Inquilinas en los tribunales en España, que se ha configurado como asociación de consumidores para poder coordinar las acciones judiciales de todos los arrendatarios y actuar como demandante, en lo que supone la inauguración de una “nueva estrategia legal para enfrentar de manera colectiva los abusos del sector”.

El contrato que asumieron estos inquilinos incluía un seguro de impago, que ellos misma tenían que abonar; una penalización del triple de la renta diaria por cada día de retraso en caso de que se demore en el desalojo de la vivienda; una cláusula que permitía al fondo Nestar examinar la vivienda; la resolución del contrato por incumplimientos no esenciales y la no devolución de cantidades; el reconocimiento de que los puntos habían sido negociados individualmente; o la renuncia a sus derechos en caso de la interrupción de suministros por causas ajenas al arrendador. En total, los inquilinos denunciaban el cobro de más de 8 millones de euros por estas cláusulas que consideran abusivas.

Seis de las siete cláusulas merecen la misma consideración para la jueza. Por ello, ha obligado al fondo buitre a retirar de sus contratos. No solo eso, la empresa deberá devolver a estos vecinos unos 20.000 euros, por los seguros de impago que vinieron asumiendo las inquilinas hasta que se pusieron en huelga, dejando de abonar este y otros conceptos. A partir de ahora, los inquilinos no deberán pagar dicho seguro de impago, aunque se mantiene la obligación contractual de abonar el IBI y los gastos de comunidad.

El fondo buitre Nestar, que gestiona hasta 42 edificios en la Comunidad de Madrid, también deberá garantizar la habitabilidad de las viviendas y asegurar los suministros de agua y luz. El arrendador ya no podrá entrar en la vivienda para comprobar su estado, ni lucrarse con las cantidades entregadas por los inquilinos en caso de incumplimiento del contrato.

Contra la sentencia cabe recurso en un plazo de 20 días. De hecho, ha sido el propio Sindicato el que ha anunciado que volverá a los tribunales pese a esta “importante victoria”. “La jueza no ha considerado abusivas las clausulas relacionadas con el cobro del IBI y los gastos de comunidad, a pesar de que otros tibunales lo han hecho en casos similares”, explican.