El Ministerio de Trabajo cambia los planes y no llevará finalmente este julio al Congreso el primer trámite para la ley de reducción de jornada a 37,5 horas para dar más tiempo a la negociación. El departamento que lidera Yolanda Díaz y Junts per Catalunya, el principal escollo hasta ahora, han pactado un comunicado en el que constatan que el acuerdo para esta iniciativa no está cerrado. El partido de Carles Puigdemont asegura que se mantiene en el ‘no’ y que así se lo había trasladado a sus interlocutores del Gobierno.

La vicepresidenta segunda había mantenido hasta ahora la idea de llevar la votación de las enmiendas a la totalidad, el primer trámite parlamentario de la ley, al pleno extraordinario del próximo 22 de julio. Pero creen en Trabajo que el estallido del caso de Santos Cerdán ha empañado la situación política y no se dan las condiciones para mantener un debate como este sin que quede enfangado. El temor en ese departamento es que la derecha lo instrumentalice para convertirlo en un plebiscito más contra el Gobierno.

Con esa idea en la cabeza, este martes los equipos negociadores del Ministerio y de Junts se runieron para abordar el estado de las negociaciones, en la que ambas fuerzas han constatado que las posiciones están todavía alejadas, como se desprende en el comunicado conjunto que han facilitado a los medios.

“En la reunión de hoy, Junts per Catalunya ha recordado su interés en proteger a las PYMES, autónomos y trabajadores de Catalunya que se enfrentan a diario con impedimentos que dificultan su actividad y crecimiento. En todo caso, para Junts, la ley no es posible sin consenso; debe ser una oportunidad para las pymes y que recoja todas las peticiones algo que requiere, en todo caso, de tiempo y seguir trabajando”, sostiene el comunicado que han remitido.

“Por ello, y dado que se trata de una medida importante para el Gobierno español, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido dar más tiempo a estos trabajos para que se pueda superar la fase de totalidad en el próximo periodo de sesiones”, explican.

Los motivos por tanto para posponer este debate son dobles. Por un lado, defienden en Trabajo, “el clima político actual tras el encarcelamiento de Santos Cerdán y los problemas de corrupción del PSOE harían que el debate no fuera genuino sobre si esta medida es acorde o no a los derechos de los trabajadores sino que tratarían de convertirlo en una especie de plebiscito sobre el Gobierno”.

Por otro, argumentan, el acuerdo firmado este martes del que en Trabajo extraen una voluntad negociadora de Junts. “El comunicado de Junts demuestra que están negociando”, sostiene fuentes del Ministerio, que creen que el debate de totalidad se podrá abordar con mayores garantías en el comienzo del próximo periodo de sesiones, en septiembre, tras el parón veraniego del Congreso. Las voces que llegan desde la formación independentista son mucho más pesimistas y aseguran que el Ministerio pospone el debate porque sabía que lo perdía si lo llevaba la semana que viene.

En público, Junts ha mostrado hasta ahora su total rechazo a la reducción de jornada. Aunque está especialmente preocupado por el impacto que puede tener la reducción de jornada en las pequeñas y medianas empresas, tal y como les ha trasladado la patronal catalana. En una entrevista en Radio Nacional hace unos días, la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, aseguró que no pueden dar apoyo a una ley “que se ha hecho solo con los sindicatos españoles”, y en la que, según su opinión, “se ha dejado absolutamente de lado a la pequeña y mediana empresa, a la clase mediana catalana, a los trabajadores de Catalunya”.

Por ahí caminará a partir de septiembre la estrategia negociadora de Trabajo, que desde hace meses negocia con Junts para tratar de que retiren la enmienda a la totalidad que, si prospera, daría al traste con el proyecto y obligaría a volver a llevarlo al Consejo de Ministros.