El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado este miércoles con el vasco iniciar ya la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, un hito en la España autonómica y que estaba pendiente desde que se contempló en el Estatuto, que data de 1979. El proceso, como estaba previsto, será escalonado y arrancará con la cesión de un grupo de prestaciones no contributivas valorado en unos 100 millones de euros y con el relevo de la Tesorería General de la Seguridad Social “por primera vez” en una materia pequeña pero simbólica, las pensiones asociadas a los seguros escolares. El anuncio lo ha realizado desde La Moncloa el propio lehendakari, Imanol Pradales, cerca de las 21.00 horas de la noche. “El traspaso respeta el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social”, ha solemnizado el Ejecutivo vasco en respuesta preventiva a algunas críticas que llegarán tras el acuerdo.

“La puerta de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social ha permanecido cerrada a cal y canto con 46 candados. Uno por cada año de incumplimiento del Estatuto en esta materia. Por fin se ha abierto. Por fin se empieza a cumplir la ley también en este ámbito”, se ha felicitado Pradales, acompañado por una bandera de España, una ikurriña y una europea. Eso sí, las negociaciones con la parte de Sumar del Ejecutivo central no han cristalizado y no se sumará al acuerdo inicial el traspaso de las políticas pasivas de empleo, es decir, de las prestaciones y subsidios de paro y de los medios humanos y materiales del SEPE, el antiguo Inem.

“Este avance no se corresponde completamente con los objetivos que habíamos acordado en noviembre de 2024 […]. Seguimos observando concepciones centralistas”, ha dicho Pradales, que le ha pedido “orden” con los socios y “coordinación” en el Ejecutivo en lo tocante a Euskadi. Sí ha habido ‘fumata blanca’ en otras materias no relacionadas con la Seguridad Social y Euskadi gestionará también la competencia de Salvamento Marítimo y recibirá un centro de Barakaldo que llevaba en la agenda desde hace años. Se creará, asimismo, una subcomisión para analizar la gestión de los aeropuertos.

El lehendakari, Imanol Pradales, como esperaba, regresa de Madrid con gestos de Sánchez, con acuerdos tangibles. Acompañado del vicelehendakari socialista de su Gobierno bipartito, Mikel Torres, que gestionará la nueva Seguridad Social vasca, y de la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, del PNV, Pradales se ha desplazado a la capital para celebrar primero un encuentro a solas con el presidente del Gobierno y después una larga comisión bilateral con él y con todo su equipo, encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres. Ha durado más de tres horas.

Es la segunda bilateral desde que se articuló este foro a finales de 2024 y que Iñigo Urkullu también había reclamado sin éxito en la pasada legislatura. Y la quinta reunión entre Pradales y Sánchez desde que el primero accedió al cargo hace un año y un mes. La cita llega apenas 24 horas después de que el Estado celebrara otra reunión bilateral con Catalunya que se saldó con la propuesta de un nuevo sistema de financiación singular para esa comunidad autónoma.

El PNV pactó con Sánchez, a cambio de la investidura de 2023, que 2025 sería el año para cerrar todos los temas pendientes del Estatuto de 1979, incluida la Seguridad Social que había quedado al margen de otros calendarios por temor a que se interprete como una ruptura de la ‘caja única’ y de la solidaridad interterritorial. Lo que se cederá a Euskadi es la “gestión” del “régimen económico”, mientras que el Estado retiene la capacidad legislativa y, sobre todo, la de fijar las cuantías de las pensiones. El propio Estatuto previene de que no se puede ni romper esa unidad de caja ni cambiar un modelo solidario que, además, beneficia claramente a Euskadi con un déficit multimillonario entre lo que aporta en cotizaciones y lo que gasta en prestaciones y pensiones.

Al margen del simbolismo político del inicio de esta transferencia, por el momento el primer paquete es limitado. Son unos 100 millones de euros para la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo con discapacidad, prestaciones por parto a familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad, la prestación económica por parto o adopción múltiples y el subsidio por nacimiento. Euskadi tendrá la “tramitación, reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora”, según se ha acordado. Dista mucho de los 12.000 millones de euros en pensiones que aspira a gestionar Euskadi en siguientes fases de la transferencia. Ahora mismo, el presupuesto autonómico total es de 15.000 millones y supondría dotar de una nueva dimensión al autogobierno vasco.

Se completan, asimismo, las funciones ya traspasadas en 2020 en materia del seguro escolar, al que Euskadi da una relevancia “cualitativa” muy “importante” ya que permitirá que “por vez primera” quede relevada la Tesorería General de la Seguridad Social en una materia que implica indemnizaciones a estudiantes por accidentes, enfermerdades o incluso situaciones familiares adversas. Euskadi solamente proporcionaba ahora la asistencia sanitaria pero desde ahora relevará al Estado en una de las materias relacionadas con prestaciones directas de la Seguridad Social.

Las negociaciones, como ya había publicado este periódico, han sido más sencillas con la parte del PSOE del Ejecutivo central, con la ministra Elma Saiz, que con la de Sumar, con el equipo de Yolanda Díaz. De hecho, el PSE-EE cogobierna con el PNV en Euskadi y lidera la cartera de Economía, Trabajo y Empleo que se encargará de la Seguridad Social. Por ello, no ha habido avances concretos en otro punto que se deseaba cerrar ya, la parte asociada a las políticas pasivas de empleo de esta transferencia. Euskadi gestiona ya desde 2011 las políticas activas (ofertas de empleo, formación u orientación) y desde 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero el SEPE sigue abonando las prestaciones de paro, tanto la contributiva como el subsidio. Son unos 50.000 beneficiarios. Se espera un acuerdo para asumir ya todas las funciones del antiguo Inem pero no ha sido posible. Completaría la transferencia una ampliación de las funciones de la Inspección de Trabajo autonómica.

Salvamento Marítimo

El otro acuerdo estatutario de relevancia tiene que ver con Salvamento Marítimo. Se trataría de que el Ejecutivo autonómico asuma las funciones y medios de la entidad Sasemar, entre ellas una base en Bilbao, embarcaciones, remolcadores o incluso un helicóptero que opera en la costa vasca aunque tiene su helipuerto en Santander. Se asumirá el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria con sede en Barakaldo, una vieja reclamación. Son 9.335 metros cuadrados junto a la sede de Osalan y otra partela de 3.150 metros cuadrados.

Desde la llegada de Pradales ha habido acuerdos regulares sobre autogobierno. El 1 de enero Euskadi asumió la gestión de las Cercanías de Renfe, el 1 de abril la competencia de Costas y el 1 de julio la de permisos laborales para extranjeros. También ha habido otras transferencias como Meteorología, ayudas cinematográficas o la fallida de homologación de títulos universitarios obtenidos fuera de la UE, paralizada por los tribunales. El PNV sostiene que quedan aún una veintena de transferencias pendientes pero algunas de su lista, particularmente aeropuertos, y ha comportado hasta ahora un diferente criterio de interpretación con los socialistas.

El Gobierno vasco ha arrancado al central la creación de una subcomisión para analizar esta materia. Aquí hay un precedente: en Catalunya se creó un gestor autonómico pero solamente para las instalaciones pequeñas y de menor rango. Los de “interés general”, como el Josep Tarradellas-El Prat, son de Aena. En el caso vasco, solamente degradando alguna de las instalaciones actuales, Loiu, Foronda y Hondarribia, se podría acometer un traspaso como tal, con las consecuencias que ello implicaría, pero se pueden explorar fórmulas mixtas de gestión, como ocurre con los puertos de Bilbao y Pasaia, del Estado pero en cuya dirección participa el Ejecutivo vasco proponiendo nombres. Se “estudiará la viabilidad y las distintas fórmulas negociales de cara a que Euskadi coparticipe en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en Euskadi”, ha dicho el lehendakari, que ha dado un plazo “improrrogable” de cuatro meses para tener un dictamen.

Al margen de lo estatutaria, Pradales vuelve de la capital con un compromiso de dejar “encauzada” la participación de la SEPI en la operación de entrada en Talgo y “un calendario de inversiones en redes eléctricas que permita dar respuesta a las necesidades planteadas por la industria vasca”. El lehendakari ha dicho tener la palabra de Sánchez de que seguirá defendiendo en el ámbito europeo tanto la oficialidad del euskera en el ámbito europeo como la creación de una macrorregión atlántica.

La situación de “gravedad” por la corrupción

Pradales, que ha comenzado su intervención en castellano para poder entrar en directo en el Teleberri de ETB2, también ha tratado con Sánchez con la situación política en el Estado. “Es innegable la gravedad de los hechos. También su afección directa a la confianza de la ciudadanía en la acción política e institucional. Recuperar la confianza de la ciudadanía es una prioridad absoluta”, ha dicho sobre la corrupción.

Y ha añadido: “No se trata solo de regulación. Esto va de principios y cultura política. De perseguir al que la hace. De hacernos preguntas incómodas. De tener mil ojos abiertos. Y de ser valientes. Es necesario avanzar en el compromiso con la ejemplaridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Éste es un objetivo clave para mí y para nuestro Gobierno. De hecho, el primer compromiso del primer Consejo del Gobierno Vasco de este primer curso político fue asumir un decálogo para un ejercicio ejemplar de la acción política en Euskadi. Recomiendo su lectura y su ejercicio diario”.

Pradales ha señalado que “en el escenario de disputa y desencuentro político que se vive en el Estado las reuniones de este miércoles demuestran el valor de la vía del diálogo, la negociación y la colaboración”. “Los acuerdos representan la mejor expresión de la acción política e institucional en beneficio de la ciudadanía. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué no ha sido posible avanzar en mayor medida? Es evidente que la voluntad política debe ser acompañada por una mayor resolución política. Reitero la necesidad de que el Gobierno español en su conjunto se aplique e implique para frenar inercias e intereses que tratan de poner todo tipo de obstáculos”, ha dicho con otra mención velada a Sumar.

“El tiempo corre, el calendario nos interpela y el pacto obliga. El Gobierno español tendrá la reválida antes de finalizar este año. Hemos establecido unos objetivos ambiciosos para la próxima Comisión Bilateral y, desde hoy mismo, empezamos a trabajar para cumplir todos los compromisos. En el contexto de incertidumbre y cambios internacionales que vivimos, el impulso que necesita Euskadi no puede estar supeditado a los líos del Estado. Necesitamos más seriedad y altura de miras. La confianza política e institucional se trabaja y se construye cada día, mediante el diálogo, la negociación y el cumplimiento de lo acordado. Espero que las dos reuniones de hoy representen un punto de inflexión en la recuperación del valor de la acción política e institucional”, ha agregado.